Ciudad Juárez.- La investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por el caso del Crematorio Plenitud alcanzó a instancias federales, pues entidades como la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor regulan también la prestación de servicios funerarios, según informó la titular en Juárez de la Comisión, Zulay Alaid Abbud Esparza.
Al día de ayer, siete dependencias entre municipales, estatales y federales rindieron sus informes respectivos ante la CEDH para conformar la investigación por el hallazgo de 386 cadáveres preparados para funeral en Plenitud, un lugar con permiso para operar pero sin las certificaciones anuales ni servicios públicos y privados necesarios para ello, que al momento de su hallazgo, el 26 de junio de 2025, no contaba con ninguna revisión reciente por parte de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Niega Economía verificaciones en Chihuahua
El Diario informó previamente que la Secretaría de Economía negó haber tenido actuaciones de verificación de negocios de servicios funerarios en el estado de Chihuahua, ni convenios con entes públicos o privados de esta entidad para este tipo de inspecciones.
De acuerdo con Abbud Esparza, “estamos todavía en proceso de integración de la investigación para determinar cuál es la el grado de responsabilidad de las autoridades que intervinieron o si dieron seguimiento puntual a la normativa aplicable en la materia. Ahorita yo pudiera compartirles que es una investigación que se da inicio particularmente con la autoridad señalada como probable responsable que es la Coespris”.
“Sin embargo, del informe recolectado se ha determinado también que son autoridades municipales las que intervienen también en este tipo de procesos como Desarrollo Urbano, Protección Civil y también del orden federal, pues hemos solicitado información a la Secretaría de Economía y a la propia Profeco”.
Explicó que si Economía y Profeco no hicieron su parte para el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 036, “el escenario cambiaría, porque ya estaríamos hablando de una instancia federal y tendríamos que derivar el caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
El 4 de agosto, El Diario informó que dentro de las instancias a las que le corresponde por ley la vigilancia de negocios de servicios funerarios (funerarias y crematorios, por ejemplo) está la Secretaría de Economía del Gobierno federal, que en Chihuahua no realizó ninguna revisión desde la implementación en 2016 de la NOM-036-SCFI-2016 ni tiene coordinación con autoridades locales para la supervisión de buenas prácticas comerciales en este giro.
Este medio solicitó a la Secretaría de Economía su participación dentro de las verificaciones y seguimiento a quejas y denuncias en contra de funerarias y crematorios, así como acceso al Registro Nacional de Prestadores de Servicios Funerarios (que es obligatorio por la misma norma y de acceso público) pero la dependencia, en su respuesta, informó que no cuenta con dicha información y argumentó que algunos de los puntos solicitados corresponden a la Procuraduría Federal del Consumidor, que depende de la misma Secretaría.
Sobre los convenios o acuerdos para la vigilancia del cumplimiento de la norma con autoridades de la administración pública del estado de Chihuahua o entes privados en el estado, Economía contestó que “no (se) tiene registro de convenios con algún organismo público o privado en esa entidad federativa”.