En los últimos 10 años y medio, 39 abogados han sido asesinados en el estado de Chihuahua y sólo en un crimen, cometido con arma blanca en 2015, hay sentencia condenatoria.
De acuerdo con un listado entregado por la Fiscalía General del Estado (FGE), las carpetas de otros cuatro casos han sido judicializadas, mientras que, en las restantes 34, o un 87 por ciento, el Ministerio Público no ha establecido al o a los probables responsables, por lo que siguen abiertas en etapa de “investigación”, o impunes.
“A mí me pegó muy feo, me hizo cambiar la forma de vida. Yo tengo muchos años, he visto caer muchos compañeros”, dijo José Miramontes Caro, penalista y hermano del también abogado Alfonso Miramontes Caro, asesinado el 28 junio de 2024.
“Cambian las formas de conducirte. Obviamente, tienes que hacer cambios también para los cobros, a la hora de ingreso a los despachos. Es mucho cambio, y lamentablemente pues ya nada más estás esperando a ver a qué hora te dan, ya porque hayas hecho la chamba, ya porque hayas prometido de más o de menos”, agregó en entrevista.
La estadística, proporcionada por la FGE a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), muestra también que, con cinco casos entre enero y julio, 2025 no sólo supera los cuatro de todo 2024 sino que ha sido el más letal contra los integrantes de esta profesión desde 2019, cuando hubo seis víctimas.
Las dos terceras partes del total, asimismo, han ocurrido en Ciudad Juárez, con 26, aunque ha habido períodos, como 2015, donde siete de los ocho homicidios contabilizados ocurrieron en la capital del estado.
Entre los impunes, de acuerdo con la información de la FGE, están los cinco cometidos en la entidad entre enero y julio de 2025, como el de Óscar Gael Cano, asesinado el pasado 8 de junio en el estacionamiento de las antiguas oficinas del Gobierno del Estado que albergan a la FGE, a donde acudió a ejercer su trabajo de representación legal de seis detenidos.
También sin resolver siguen los ataques contra Miguel Gutiérrez Navarro y Néstor Rascón Montañez, ultimados con disparos de arma de fuego la noche del 21 de febrero pasado en el interior de una casa habilitada como oficina en el fraccionamiento La Playa, en esta ciudad.
Una víctima más, de acuerdo con la FGE, se registró también en esta frontera en mayo y otra en el municipio de Cuauhtémoc, en junio.
También abiertos en FGE siguen los tres crímenes registrados aquí en 2024 –de un total de cuatro en el estado–, como el de Miramontes Caro, asesinado con disparos de arma de fuego frente a su casa, en la colonia Fuentes de los Nogales, y el de César Gaspar Castañeda, registrado el 23 de julio siguiente, cuando iba en su carro junto a su hijo, que resultó herido.
La estadística de FGE no incluye nombres, sólo mes y año de registro, así como municipio, agente vulnerante y estatus de la investigación.
Del total, los únicos avances que reporta –además de la sentencia– son la judicialización de uno cometido con arma de fuego en octubre de 2019 en esta frontera, que corresponde al del abogado Marco Gloria Ruvalcaba, el 3 de ese mes.
También se reporta como judicializada la carpeta abierta en octubre de 2022, mes del crimen de la litigante y exfiscal estatal Suly Ponce, además de otra de abril de ese mismo año y otra por un hecho cometido a golpes en esta frontera en octubre de 2024.
“Todos los casos se encuentran en investigación y éstas siguen activas. Cinco casos se han judicializado y en uno de ellos se obtuvo sentencia condenatoria; hay presuntos responsables en los otros casos y sigue el proceso en el que se espera que los elementos aportados en el proceso permitan hacer justicia”, respondió ayer la FGE a través de su oficina de comunicación social.
De acuerdo con Miramontes, los abogados se han reunido en los últimos meses con personal de la FGE, donde se les ha indicado que la impunidad ha bajado de un cien a un 95 por ciento.
“Hay que hacer trabajo de campo, y esta gente no sale, no les interesa. Entonces, no sé si sea por temor, por ineptitud, por lo que usted quiera y mande, no están haciendo el trabajo”, dijo Miramontes.
La estadística oficial también muestra que, a lo largo de los más de 10 años, ha habido dos asfixias por estrangulamiento, dos homicidios a golpes, uno con arma blanca y otro con otro elemento, mientras que el resto han sido con arma de fuego.
“Es importante referir que las víctimas a las que se hace referencia anteriormente no necesariamente fueron victimadas por el ejercicio de su actividad profesional de abogacía”, indica la FGE en su respuesta a través de la PNT.
En la misma, titula el listado de casos como “victimas del delito de homicidio doloso, en cuya identificación se manifestó que desempeñaban la profesión de abogado, en el Estado de Chihuahua en el período del 1 de enero de 2015 al 31 de julio de 2025”.

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