Ciudad Juárez.- A siete meses del cierre y la externalización de la frontera de Estados Unidos con México, la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) pidió a los gobiernos detener las políticas basadas en la disuasión y las estrategias de externalización.
“MSF insta a todos los gobiernos de la región a poner fin a las políticas que obligan a las personas a exponerse al peligro. Las estrategias de externalización no son abstractas, sino que someten a las personas al secuestro, la extorsión, la violencia sexual y la trata. Cambiar el enfoque hacia la protección supondría crear vías seguras, legales y humanas que eviten mayores daños”, pidió.
A través del informe “Rechazados: El devastador impacto humano de los cambios de política migratoria en Estados Unidos, México y América Central”, la organización internacional que comenzó a apoyar a las personas en situación de movilidad en Ciudad Juárez en marzo de 2025 denunció que al quedarse atrapados en México, los migrantes han sido víctimas de violencia y afectaciones físicas y emocionales.
“La externalización del control fronterizo y el uso de la disuasión como herramienta política han conducido a un sistema en el que las personas quedan atrapadas en países que no pueden garantizar su seguridad. Los migrantes y solicitantes de asilo a menudo se ven obligados a transitar por zonas controladas por la delincuencia organizada, soportar la aplicación militarizada de la ley y sobrevivir sin protección institucional, lo cual los expone a una mayor violencia”, apuntó.
Señaló que la crisis migratoria en México y Centroamérica ha sido impulsada por decisiones políticas deliberadas que restringen sistemáticamente el acceso a la protección y aumentan los riesgos a los que se enfrentan las personas en busca de un lugar seguro.
En lugar de garantizar la seguridad, la dignidad y el cumplimiento de los derechos, los esquemas migratorios regionales, dominados por la disuasión, la contención y la externalización fronteriza, están atrapando a personas y familias en repetidos ciclos de violencia, desplazamiento forzado y limbo legal.
También pidió que se ponga fin a las medidas coercitivas arbitrarias que perpetúan la violencia, ya que toda detención o reubicación forzosa sin protección adecuada exacerba el malestar psicológico, retraumatiza a los sobrevivientes y aumenta su exposición al crimen organizado.
“Un enfoque basado en los derechos debe priorizar la seguridad, la unidad familiar y el acceso al apoyo”, externó.
Agregó que la situación legal, el miedo a la deportación y las barreras lingüísticas o de documentación a menudo hacen que los servicios de salud pública no satisfagan las necesidades de las personas desplazadas.
Hizo un llamado a los gobiernos y donantes internacionales para que vuelvan a invertir urgentemente en asistencia humanitaria, y a desmilitarizar la gestión de la migración y a dejar de tratar a los desplazados y migrantes como una amenaza a la seguridad. (Hérika Martínez Prado)