Aprovechó lazos de amistad para recibir inversión

A sabiendas de que la empresa Corporación Internacional de Productos Generales S. de R. L. de C. V., de la que se desprende la licorería “Carlitos Güey”, y sus asociados no tenían la liquidez para dar cumplimiento a las promesas a inversionistas, estos se valieron de lazos de amistad para recibir más de cuatro millones de pesos en el segundo caso imputado a Felipe de Jesús V. G.
V. G. presuntamente firmó un contrato de asociación y participación con la víctima Jesús Roberto L. R., aunque sólo por 1.5 millones de pesos, pese a haber recibido en un año cuatro millones 186 mil 503 pesos del inversionista, pero pagarés de junio de 2024 permitieron mostrar al juez Apolinar Juárez Castro el monto real supuestamente defraudado.
La información fue vertida en la audiencia inicial por el segundo caso contra V. G., en el que la agente Alejandra Páez, del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Patrimoniales, informó que V. G. funge como administrador único de la licorería y la corporación, de acuerdo con sus propios estatutos.
Con esas facultades, invitó a distintas personas (por las cuales hay siete carpetas de investigación de las que cinco ya están judicializadas) a participar con inversión en las sucursales o franquicias de la licorería.
En particular, a Jesús Roberto L. R. le ofreció un interés mensual del 10 al 15 por ciento, y se valió de la amistad entre ambos para convencerlo, al darle su palabra de que, de incumplir, le respondería con sus bienes.
Con esa promesa, la víctima entregó cerca de 4.2 millones de pesos en 10 pagos entre el 1 de junio de 2023 y el 1 de junio de 2024, pero fue hasta enero que se firmó el contrato por valor único de 1.5 millones de pesos.
En los pagarés que posteriormente entregó V. G. a la víctima se dio cuenta de la deuda de 4.2 millones de pesos y se incluyó como deudor principal a la persona moral Grupo La Misión de México S. de R. L. de C. V.
De acuerdo con el Ministerio Público, algunos inversionistas, de los que fueron defraudados por más de 11 millones de pesos y 37 mil dólares (unos 695 mil pesos), investigaron que la empresa de V. G. no cuenta con solvencia patrimonial para responder por sus adeudos, lo que posteriormente comprobó con otros datos de prueba como información del Registro Público de la Propiedad.
La agente Páez solicitó la vinculación a proceso y expuso las evidencias con que cuenta hasta el momento, y el acusado pidió 144 horas para reunir pruebas que puedan demostrar su inocencia, por lo que el próximo 25 de agosto se retomará la sesión inicial y se resolverá su situación jurídica.
Mientras tanto, debido al riesgo alto de sustracción que expuso la agente y con el que coincidió el juez, se le impuso prisión preventiva por 12 meses.