Casi 500 elementos de las instituciones de seguridad pública del estado resultaron como “no aprobados” en la más reciente revisión difundida por el Gobierno federal.
De acuerdo con el informe del 31 de junio de la “Evaluación de control de confianza al personal del Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública”, de 11 mil 731 agentes de diversas corporaciones sometidos a las pruebas en Chihuahua, 95 por ciento pasaron, uno por ciento está pendiente de realizarlas y cuatro por ciento –o 469– reprobaron.
En el desglose por tipo de fuerza, la proporción de quienes fallaron aumenta a cinco por ciento en el caso de las Policías municipales y a seis por ciento tanto en las de Prevención y Reinserción Social como en las de Seguridad Pública Estatal.
Las pruebas son aplicadas por el Centro de Control de Confianza de la Fiscalía General del Estado, cuyo vocero, Eloy Tarín, dijo ayer que incluyen cinco aspectos y se aplican tanto a quienes buscan ingresar como a los activos.
En el caso de los primeros, dijo, reprobar significa el rechazo a las filas, mientras que, entre los que ya se encuentran incorporados, la determinación tiene diversas consideraciones.
“Tiene que ver también con las áreas en donde se determine que no hayan pasado… el polígrafo, las condiciones. El polígrafo no es una prueba contundente, es un indicador, tan es así que, normalmente, en los sistemas judiciales no se acepta como una prueba plena. Puede ser que traigan problemas de alguna naturaleza, hayan tenido algún problema, algún suceso cercano”, dijo Tarín.
“Si ve que el problema es que, de pronto en la investigación que se hace sobre los bienes, no corresponden al ingreso, no tiene manera de decir, ‘oye, pues ahí estaba, no te lo puedo aprobar, ahí está esa circunstancia que está muy latente, es muy clara’… Tiene que determinarse y también puede ser motivo para que la institución, la que tiene a cargo ese elemento, de acuerdo al área o al segmento que no haya sido considerado como aprobado, pueda solicitar la reconsideración, sin que esto signifique que sea un peligro para la sociedad”, agregó el vocero.
El informe con los resultados de la evaluación es una publicación periódica del Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El documento –que explica que las cifras fueron “redondeadas”– agrega que el universo de examinados en junio en las Policías municipales del estado de Chihuahua fue de 5 mil 478, por lo que el cinco por ciento no aprobado corresponde a 274 agentes.
Entre los de Prevención y Reinserción Social, muestra el informe, fueron evaluados mil 347 –de los que reprobaron 81, de acuerdo con el porcentaje– y a otros mil 881 entre los de Seguridad Pública Estatal –con 113 descalificaciones–.
“Por el Servicio Profesional de Carrera Policial, no se puede despedir en automático un elemento”, dijo ayer Jorge Armendáriz, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).
“El examen de control de confianza se puede reprobar por diversos factores y lo que se hace es darles la oportunidad de que lo vuelvan a presentar o bien acrediten que tienen buena conducta o puedan volver a presentar la formación equivalente inicial”, agregó.
Adrián Sánchez, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), explicó que los resultados se entregan a las Direcciones de Investigación y Jurídica para abrir un expediente que se envía a la Comisión de Honor y Justicia, que es la que decide qué hacer con el agente.
“En tanto se determina su situación, pasa a realizar funciones administrativas en un área que no tenga nada que ver con información sensible y se desarma en tanto se resuelva su situación”, agregó Sánchez.
La información del Centro Nacional de Certificación y Acreditación indica que las pruebas incluyen revisiones psicológicas, toxicológicas, de poligrafía, medicina e investigación socioeconómica.
De acuerdo con el archivo periodístico, al menos dos ilícitos recientes en la ciudad han sido vinculados con policías, con dos municipales asesinados el 11 de agosto junto a un hombre presuntamente integrante del crimen organizado, y una más –también local– cuya casa fue revisada por la SSPE en relación, dijo esta corporación, con un homicidio el 16 de agosto.
En este segundo caso, la SSPM señaló que el cateo había sido ilegal y que la agente había acusado a los estatales de intento de abuso sexual.

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