Ciudad Juárez.- La justicia selectiva prevalece y sigue beneficiando a los altos mandos del Instituto Nacional de Migración que permanecen señalados como posibles responsables del incendio del 27 de marzo de 2023 donde murieron 40 migrantes y 27 resultaron heridos, acusó Marcos Zavala, abogado de las víctimas y núcleos familiares de los fallecidos, por parte de la asociación civil Fundación para la Justicia.
“Cada vez se remarca más el tema de la justicia selectiva en este proceso. Hay prisión preventiva sólo para las personas más vulnerables. La justicia le falla a las víctimas para acercarles justicia y reparación, pero por el otro lado también le falla a los imputados, porque quienes permanecen presos son las dos personas migrantes imputadas y el guardia privado”, afirmó el representante legal.
El posicionamiento se dio tras la salida de prisión en Juárez de Salvador González Guerrero, contralmirante de la Marina en retiro y exdelegado en Chihuahua del Instituto de Migración, quien está vinculado a proceso por homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público, quien el pasado jueves vio modificadas las medidas cautelares que lo atan al proceso, pues la jueza Edges Haydee de Santiago Wong permitió su salida, condicionada a firmas periódicas y restricciones de movilidad en territorio nacional.
Sólo viajará a firmar
El jueves, El Diario dio a conocer que, tras comprobar su arraigo en el municipio de Dolores, Guanajuato, la jueza permitió la liberación, condicionada a una garantía económica de 1.5 millones de pesos, a una firma cada 15 días en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, así como la entrega de sus documentos como visa y pasaporte.
No obstante, el contralmirante argumentó que tenía extraviado su documento, por lo que se instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores la cancelación de su pasaporte y la prohibición de expedirle uno nuevo.
Además, Zavala aseguró que se le prohibió acercarse a zonas fronterizas y a la estación migratoria de esta frontera. Únicamente se permitirá su tránsito por el país para venir a Ciudad Juárez a firmar quincenalmente, detalló.
“Sabemos que la prisión preventiva es la medida cautelar más lesiva de derechos fundamentales, y está consagrada en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en el artículo 19 constitucional. No estamos a favor de la prisión preventiva, pero también hay que ponderar que este caso es atípico”, dijo Zavala.
El incendio fue considerado una violación grave de derechos humanos por la Comisión Nacional en la materia, que el mismo 2023 emitió una recomendación a las autoridades federales, quienes aceptaron las observaciones.
Por ello, Zavala cuestionó las nuevas medidas cautelares, que demostraron un posible desconocimiento del asunto por parte de la jueza.