Ciudad de México– La Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer que obtuvo una sentencia condenatoria de 29 años de prisión contra Crispín Humberto Borunda Cárdenas, identificado como miembro de la entonces organización criminal conocida como Cártel de Juárez, que durante los años 90 y principios de 2000 fue uno de los grupos de narcotráfico más poderosos de México.
Borunda fue procesado por los delitos de delincuencia organizada (contra la salud), portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, según precisó el comunicado oficial 615/25 de la FGR.
Captura y proceso judicial
La dependencia explicó que en abril de 2022 le cumplimentaron una orden de aprehensión por reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 18, “Cps-coahuila”, en Ramos Arizpe, donde ya estaba preso por otra causa penal.
El Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, con sede en Matamoros, dictó la condena tras acreditar las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la Federación.
El peso del Cártel de Juárez
Crispín Borunda fue vinculado al Cártel de Juárez, organización fundada por Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, célebre por haber controlado las rutas de cocaína hacia Estados Unidos en los 90 mediante flotas de aeronaves.
Tras la muerte de Carrillo en 1997, el cártel quedó bajo el mando de la familia Carrillo Fuentes y sus operadores en Chihuahua y la frontera con Texas, particularmente Ciudad Juárez. Sin embargo, a partir de 2008 perdió terreno frente al Cártel de Sinaloa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, lo que desató una de las guerras más sangrientas en la historia reciente de México.
Hoy, aunque debilitado, el Cártel de Juárez mantiene presencia en Chihuahua a través de remanentes conocidos como “La Línea”, brazo armado que aún opera en la zona serrana y fronteriza.
La huella en Chihuahua y Juárez
La condena contra Borunda ocurre mientras en Chihuahua y Ciudad Juárez persisten episodios de violencia ligados a “La Línea”, que disputa territorios con grupos asociados al Cártel de Sinaloa. En los últimos meses han registrado enfrentamientos en la Sierra Tarahumara, así como casos de extorsión y cobro de piso en la frontera, donde la presencia de estas células criminales sigue golpeando a la población civil y al sector productivo.
Para la FGR, el fallo judicial representa un nuevo golpe a esa estructura criminal que alguna vez fue considerada una de las más violentas del país, pero también recuerda que sus efectos siguen vivos en la frontera norte.