La Fiscalía General de la República(FGR) apeló la libertad provisional que un juez federal le concedió a Julio César Chávez Junior, en el proceso que le iniciaron por sus presuntos vínculos con «Los Chapitos», líderes de una de las facciones del Cártel de Sinaloa.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) interpuso el recurso de apelación ante el juez de control Enrique Hernández Miranda, del Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, Sonora, informaron autoridades federales.
El juzgador turnará este recurso al Tribunal Colegiado de Apelación en la entidad, para que resuelva en segunda instancia si prevalece, modifica o revierte la libertad otorgada al boxeador, una medida cautelar que la FGR considera ilegal.
El colegiado podría tardar cuando menos tres meses para dictar su veredicto.
El sábado pasado, el juez Hernández Miranda vinculó a proceso a Chávez Carrasco por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de tráfico de armas, en la modalidad de quien participe en la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, y fabrique armamento, municiones, cartuchos y explosivos.
Si bien la delincuencia organizada es un delito que el artículo 19 de la Constitución prevé con prisión preventiva de oficio y no permite ninguna interpretación de tratados internacionales para suprimirla en un proceso, el juzgador le concedió al pugilista la libertad provisional.
Como medidas cautelares, Hernández Miranda sólo le impuso la prohibición de salir del País sin autorización judicial, asi como no convivir, acercarse o comunicarse con los elementos la Policía Federal Ministerial y testigos, responsables de recabar los datos de prueba existentes dentro de la carpeta de investigación.
«Medidas cautelares que estarán vigentes hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente proceso penal, quedando a disposición de los jueces integrantes de este Centro de Justicia Penal Federal», dice el fallo del juez, quien también fijó un plazo de 3 meses para la investigación complementaria.
La imputación contra el hijo del pugilista se basa esencialmente en dos conversaciones telefónicas de presuntos narcotraficantes en las que es mencionado, así como en los antecedentes que entregó Estados Unidos sobre sus registros migratorios y su detención por conducir alcoholizado.
La FGR incluyó como probanzas unos partes informativos de la Policía Federal Ministerial con notas periodísticas que refieren que el boxeador se encuentra estable en un centro de rehabilitación.
Con base en las conversaciones telefónicas, la FGR presume que Chávez Junior era un «esbirro» del Cártel de Sinaloa porque presuntamente golpeaba, como costales de box, colgados, a los miembros de la organización que incurrían en descuidos que pudieran delatarlos.
Por encargo, supuestamente golpeaba a los subordinados de Néstor Ernesto Pérez Salas, «El Nini», jefe de seguridad de «Los Chapitos», detenido el 11 de noviembre de 2023 en Culiacán y extraditado a Estados Unidos seis meses después.