En un fallo sin precedentes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves la imputación de cargos por narcoterrorismo contra una mujer mexicana arrestada por su presunta colaboración con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más violentos y sofisticados del continente.
María del Rosario Navarro-Sánchez, de 39 años y originaria de México, fue acusada en el Distrito Oeste de Texas de proveer apoyo material a una organización extranjera designada como terrorista, en este caso el CJNG, incluyendo el intento de suministrar granadas a sus miembros. Se trata de la primera vez en la historia que un ciudadano mexicano es procesado bajo este cargo en suelo estadounidense por su vínculo con un cártel designado como grupo terrorista.
Además de la acusación principal, Navarro-Sánchez enfrenta cargos por conspiración para el tráfico de armas, contrabando de personas, tráfico de narcóticos, y lavado de dinero a gran escala, según consta en documentos judiciales. Las autoridades la señalan como una figura clave en el engranaje de operaciones transfronterizas del CJNG.
“Cárteles como el CJNG son organizaciones terroristas que causan estragos en las comunidades estadounidenses y son responsables de innumerables muertes en Estados Unidos, México y más allá,” declaró la fiscal general Pamela Bondi. “Este caso muestra nuestro compromiso inquebrantable para proteger nuestras fronteras y a nuestros ciudadanos.”
La acusación forma parte de una estrategia más amplia del gobierno federal denominada Operation Take Back America, que busca la eliminación total de las organizaciones criminales transnacionales y frenar los flujos de drogas, armas e inmigración ilegal a través de la frontera sur.
Una nueva frontera legal: narcotráfico como terrorismo
En febrero, el Departamento de Estado incluyó al CJNG en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), una designación que permite aplicar penas más severas a sus colaboradores. La medida representa un giro legal que redefine cómo se persigue a los cárteles mexicanos en Estados Unidos.
“El CJNG no solo trafica fentanilo; también utiliza drones con explosivos contra fuerzas de seguridad mexicanas, embosca a militares y ha intentado asesinar a funcionarios públicos”, indicó un comunicado del Departamento de Justicia. “Estas tácticas van más allá del crimen organizado convencional.”
Una red criminal de alcance continental
Navarro-Sánchez, conocida por los alias “Fernanda” y “Chayo”, no actuaba sola. Sus coacusados, también mexicanos, enfrentan cargos por tráfico de armas y drogas, así como por conspiración para transportar migrantes de forma ilegal. Uno de ellos, Gustavo Castro-Medina, está acusado además de posesión de sustancias controladas con intención de distribución.
“La acusación de hoy envía un mensaje contundente a los cárteles y a quienes los apoyan: no hay escondite posible”, afirmó el fiscal interino del Distrito Oeste de Texas, Margaret Leachman. “Estas actividades criminales ponen en peligro vidas humanas a ambos lados de la frontera y llenan los bolsillos de criminales que se lucran del caos.”
Un esfuerzo multinacional
El arresto de Navarro-Sánchez se produjo el 4 de mayo gracias a una operación coordinada entre agencias estadounidenses —FBI, ATF, DEA, HSI— y la Fiscalía General de la República (FGR) en México. La acusada fue detenida como resultado de una investigación que implicó operaciones encubiertas, interceptación de comunicaciones y cooperación internacional.
“El FBI está decidido a utilizar todos los recursos a su disposición para desmantelar organizaciones como el CJNG y detener a quienes las financian o permiten su operación,” afirmó John Morales, jefe de la oficina del FBI en El Paso.
La ofensiva contra el cártel incluye la colaboración entre agencias locales, estatales y federales bajo la Iniciativa OCDETF (Organized Crime Drug Enforcement Task Forces), que coordina investigaciones conjuntas desde un solo centro de operaciones.
¿Un precedente para futuras acusaciones?
El caso contra Navarro-Sánchez podría marcar un cambio profundo en la manera en que Estados Unidos enfrenta a los cárteles mexicanos. Tratar sus acciones no solo como crimen organizado, sino como terrorismo, abre un abanico de posibilidades legales que hasta ahora no se habían explorado del todo.
“La captura de Navarro-Sánchez es una demostración de lo que la cooperación internacional puede lograr contra el flagelo del narcotráfico y el tráfico de armas,” afirmó Bennie Mims, de la ATF. “Este puede ser el primero de muchos cargos de narcoterrorismo en la frontera.”
Mientras se espera el inicio del juicio, la Fiscalía de Texas busca demostrar que las acciones de Navarro-Sánchez no fueron aisladas, sino parte de una estructura transnacional de violencia, corrupción y muerte que trasciende fronteras y desafía la seguridad nacional de Estados Unidos.