En un movimiento que promete alterar profundamente la vida cotidiana de millones de estudiantes, Texas está a punto de convertirse en uno de los pocos estados del país en prohibir de forma generalizada el uso de celulares en sus escuelas públicas.
La legislación, contenida en el proyecto de ley 1481 de la Cámara Estatal (HB 1481), fue aprobada de manera unánime en el Senado estatal el 25 de mayo y enviada el 29 al escritorio del gobernador Greg Abbott para su inminente firma final.
Con la firma de Abbott, la ley entraría en vigor de inmediato. A partir de ahí, los distritos escolares y las escuelas chárter tendrían 90 días para diseñar e implementar políticas que impidan el uso de dispositivos personales como celulares y relojes inteligentes durante el horario escolar. La medida afectaría a más de 5 millones de estudiantes de kínder al grado 12 que asisten a escuelas públicas en el estado.
La iniciativa fue impulsada por la representante estatal Caroline Fairly, una joven legisladora republicana de Amarillo, de solo 26 años, quien forma parte de la primera generación criada en la era de los smartphones. Durante la presentación del proyecto ante el Comité de Educación Pública de la Cámara el pasado marzo.
Fairly fue directa: “Mi generación es más ansiosa, más deprimida, menos enfocada y más distraída que nunca antes”, afirmó. “Recuerdo haber intentado esconder el teléfono en clase. Sé lo difícil que es mantener la atención cuando una pantalla llama constantemente”.
Fairly sostiene que la proliferación de dispositivos móviles ha contribuido a una caída en el rendimiento académico, ha exacerbado los problemas de salud mental entre adolescentes y ha complicado la gestión del aula para los maestros. Su proyecto de ley, ahora a punto de convertirse en ley estatal, busca precisamente atacar esos frentes.
¿Cómo funcionará?
La legislación requiere que cada distrito escolar adopte una política clara que prohíba el uso de celulares y otros dispositivos de comunicación personal durante toda la jornada escolar. Las escuelas tendrán margen para decidir cómo hacer cumplir esta política: podrían requerir que los estudiantes guarden los celulares en sus mochilas o en casilleros, o bien usar fundas de almacenamiento especiales como las implementadas en algunos planteles en años recientes.
También deberán establecer medidas disciplinarias específicas en caso de incumplimiento, que podrían ir desde advertencias hasta la confiscación del dispositivo. Sin embargo, se incluyen excepciones para estudiantes con necesidades médicas o adaptaciones educativas especiales, así como para aquellos que utilicen dispositivos proporcionados por la escuela con fines académicos.
Un problema nacional
Aunque Texas sería uno de los estados más grandes en implementar una prohibición de este tipo, no está solo. Florida, Virginia, Indiana y California ya han aprobado restricciones similares. Al menos otros 26 estados están considerando regulaciones parecidas.
A nivel local, distritos escolares en Texas como Conroe ISD, Katy ISD, Grapevine-Colleyville ISD y Lake Travis ISD ya habían comenzado a restringir el uso de celulares dentro de sus planteles antes incluso de que el proyecto se debatiera en la Legislatura.
El apoyo docente y la voz del comisionado
Durante las audiencias legislativas, la propuesta encontró eco entre educadores y padres de familia. Una de ellas, la maestra Rachel Preston, declaró ante el Comité de Educación del Senado que, si bien apoyaba la medida, pedía una redacción más flexible que permitiera usar los dispositivos cuando fueran necesarios para actividades académicas. “Un lenguaje más abierto puede permitir que las escuelas diseñen sus políticas con la participación de su personal docente, fomentando aulas más comprometidas”, señaló.
El apoyo más fuerte, sin embargo, vino del propio comisionado estatal de educación, Mike Morath, quien no dudó en expresar su postura: “Si dependiera de mí, ya los habría prohibido en todas las escuelas del estado”, dijo durante una audiencia el 18 de septiembre del año pasado. “Insto a que esta medida se convierta en política pública. Es necesaria para nuestros estudiantes y nuestros maestros”.
Riesgos y preocupaciones
No todos están de acuerdo con la legislación. Algunos padres han manifestado inquietud ante la posibilidad de no poder comunicarse con sus hijos durante el horario escolar. Otros expresan temor por la seguridad: en una era marcada por tiroteos escolares y emergencias repentinas, el acceso rápido a un celular puede ser vital.
La legislación no contempla prohibir los dispositivos por completo, sino su uso durante el horario escolar. Pero esto no ha sido suficiente para disipar todas las dudas.
¿Un cambio cultural?
Más allá de las políticas y los dispositivos, la medida representa un cambio cultural profundo en la manera en que la sociedad y el sistema educativo entienden el papel de la tecnología en la infancia y adolescencia.
Mientras algunos celebran la iniciativa como una forma de “liberar” a los estudiantes de una adicción moderna, otros temen que las prohibiciones no aborden las raíces más complejas del problema: la necesidad de alfabetización digital, regulación del contenido en redes y educación emocional.
Caroline Fairly no lo ve así. Para ella, la ley es un primer paso en la dirección correcta. “Este proyecto de ley tiene el poder de cambiar fundamentalmente la vida y la experiencia educativa de toda una generación”, dijo durante el debate legislativo.
Ahora, con la firma del gobernador Abbott casi asegurada, Texas se prepara para un regreso a las aulas con menos pantallas y –quizás– más atención. Si dará resultado o no, lo sabremos pronto. Pero algo es seguro: el aula texana nunca volverá a ser la misma.