El recién nombrado fiscal federal interino para el Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, prometió una ofensiva legal frontal contra los narco-terroristas que operan en la región que se extiende desde El Paso hasta San Antonio. La declaración se produce días después de que se revelara una acusación histórica en El Paso contra una presunta operadora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización ahora designada como grupo terrorista.
“La lucha contra los narco-terroristas que se enriquecen a costa de la seguridad y bienestar de Estados Unidos es prioritaria”, aseguró Simmons en su primera declaración como fiscal. “Mano a mano con nuestros socios del orden, haremos del Distrito Oeste un lugar donde la gente no sólo sobreviva, sino prospere”.
Simmons, quien fue nombrado por la fiscal general Pamela Bondi el pasado 30 de mayo, cuenta con una sólida trayectoria en la lucha contra el crimen organizado. Se incorporó a la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas en diciembre de 2020 como fiscal federal adjunto (AUSA), donde ha procesado casos relacionados con organizaciones criminales transnacionales, tráfico de personas, delitos con armas, crimen financiero de ‘cuello blanco’ y violaciones a las leyes migratorias.
“El Distrito Oeste de Texas ha estado durante muchos años en la primera línea de la lucha contra los narco-terroristas que se han enriquecido en detrimento de Estados Unidos”, declaró Simmons el lunes.
Y agregó: “En consonancia con las prioridades del presidente Trump, seguiremos apoyando sus esfuerzos aplicando enérgicamente las leyes de Estados Unidos. También seguiremos erradicando y desenmascarando a quienes buscan enriquecerse cometiendo fraude contra el Gobierno o contra ciudadanos”.
Durante su gestión en la Fiscalía, el funcionario también fue coordinador del SAR (Reportes de Actividades Sospechosas), liderando un grupo interinstitucional de agentes federales, estatales y locales para revisar reportes financieros de instituciones bancarias.
Asimismo, se desempeñó como coordinador de Justicia para Adultos Mayores, ofreciendo charlas sobre fraudes y estafas dirigidas a la población de la tercera edad en la zona de San Antonio. Formó parte además del equipo directivo del Grupo de Trabajo sobre Trata de Personas del Sur de Texas, donde ofreció capacitaciones a fuerzas del orden sobre investigaciones financieras relacionadas con ese delito.
Simmons reemplaza en el cargo al paseño Jaime Esparza, quien renunció tras el cambio de administración federal en febrero. En más de dos años en el cargo, Esparza manejó 41 mil acusaciones criminales y 10 mil civiles en el distrito.
Antes de unirse al Departamento de Justicia, Simmons fue abogado litigante en el bufete Scheef & Stone, en Frisco, Texas, donde se especializó en litigios comerciales, incluyendo casos de incumplimiento de contrato, apropiación indebida de secretos comerciales y demandas por deberes fiduciarios. Previamente, trabajó como fiscal adjunto del Condado de Collin, Texas, donde adquirió experiencia en juicios penales, llevando casos tanto de delitos menores como mayores.
Simmons nació en Birmingham, Alabama, y es el primer miembro de su familia en obtener un título universitario. Se graduó con una licenciatura en Administración de Empresas en 2004 por la Universidad de Samford y obtuvo su título de abogado en 2016 en la Facultad de Derecho de la Universidad Texas A&M.
Durante sus estudios de Derecho, participó en el Law Review y fue reconocido por su excelencia académica en Derecho penal y Defensa en juicio. Habla español con fluidez, lo cual le ha permitido colaborar más eficazmente con víctimas y autoridades internacionales.
Además de su trabajo como fiscal, ha participado como voluntario en programas legales para veteranos y en actividades de prevención juvenil en comunidades vulnerables.
Su nombramiento llega en un momento clave: a mediados de mayo, en El Paso, se desveló una acusación federal sin precedentes contra María del Rosario Navarro-Sánchez, alias “Chayo”, de 39 años, ciudadana mexicana, señalada de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera –el CJNG–. Esta es la primera vez que una persona es acusada en Estados Unidos por cargos de narco-terrorismo vinculados a dicho cártel.
La acusación indica que Navarro-Sánchez conspiró para proveer granadas al CJNG, además de participar en el contrabando de migrantes, tráfico de armas, dinero en efectivo y drogas. Junto a ella fueron imputados dos coacusados mexicanos por delitos similares.
El Departamento de Estado de Estados Unidos designó formalmente al CJNG como organización terrorista en febrero de este año, junto con otros cárteles del narco, como el de Sinaloa, y las pandillas transnacionales ‘Tren de Aragua’ y ‘Mara Salvatrucha’.
Esta designación permite aplicar cargos más severos y recursos investigativos ampliados contra el grupo, considerado uno de los principales distribuidores de fentanilo, lavadores de dinero y responsables de actos violentos tanto en México como en territorio estadounidense.
“El mensaje es claro: quienes colaboren con organizaciones como el CJNG enfrentarán todo el peso de la ley federal”, dijo John Morales, agente especial del FBI en El Paso. La acusación, agregó, “sienta un precedente histórico”.
Agencias como el FBI, la ATF, la DEA, ICE-HSI, la Patrulla Fronteriza y autoridades mexicanas colaboraron estrechamente en la operación que llevó a la detención de “Chayo”, destacando lo que autoridades describen como “una coordinación internacional sin precedentes”.
Simmons reafirmó su compromiso con las prioridades marcadas por el presidente Trump: eliminar a las organizaciones criminales transnacionales y proteger la frontera. “Seguiremos actuando con firmeza contra quienes buscan lucrar a costa de nuestras comunidades”, concluyó.