En un fallo que representa una significativa victoria legal para una coalición de condados urbanos liderados por demócratas, una jueza del Condado de Travis, con sede en Austin, ordenó la suspensión inmediata de una normativa promovida por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, que pretendía imponer nuevas y amplias obligaciones de reporte a los fiscales locales, incluyendo la entrega de expedientes penales completos que contienen información altamente confidencial.
La decisión judicial, emitida desde el estrado por la jueza Catherine A. Mauzy, del 419 Tribunal de Distrito Civil, detiene la implementación de las reglas antes de su entrada en vigor, prevista para el 30 de junio.
La orden de la Corte surge tras una audiencia consolidada que escuchó los argumentos presentados por grupos de condados demandantes, entre ellos El Paso, Travis, Fort Bend, Williamson, Dallas, Bexar y Harris.
En el centro del litigio se encuentra una serie de disposiciones emitidas por la Oficina del Fiscal General que habrían requerido a fiscales de Condado y de Distrito –todos ellos electos localmente– elaborar y entregar reportes periódicos que incluyeran expedientes completos de casos penales, lo cual podría haber abarcado registros médicos, comunicaciones privilegiadas entre abogado y cliente, documentos de jurados, información sobre salud mental, casos juveniles y detalles personales de víctimas, testigos y acusados.
La jueza Mauzy determinó que las reglas propuestas probablemente violan la separación de poderes consagrada en la Constitución de Texas, al conferirle al fiscal general –una figura del Poder Ejecutivo estatal– poderes de supervisión que exceden su autoridad sobre fiscales locales independientes, quienes rinden cuentas directamente a los votantes de sus jurisdicciones.
La fiscal del Condado de El Paso, Christina Sánchez, quien encabeza una de las demandas interpuestas, celebró el fallo como un freno necesario a lo que calificó como “una extralimitación masiva e inconstitucional por parte del fiscal general”.
“Esta decisión protege la privacidad de las víctimas, evita que nuestras comunidades carguen con mandatos estatales no financiados, y garantiza que nuestros recursos sigan enfocados en proteger la seguridad pública”, dijo Sánchez en declaraciones tras la audiencia.
“Cumplir con esta regla habría requerido desviar millones de dólares, reasignar personal clave, y rediseñar nuestras plataformas tecnológicas para cumplir con una orden que no tiene respaldo legal alguno”.
El fiscal de Distrito de El Paso, James Montoya, también aplaudió la resolución judicial, señalando que el intento del fiscal general era no sólo innecesario y oneroso, sino además jurídicamente insostenible.
“Este fallo confirma que la ofensiva de Ken Paxton no es sólo una mala política pública que desperdicia tiempo y recursos que deberían estar dedicados a enjuiciar delitos, sino también una violación directa a la ley de Texas”, expresó Montoya.
La jueza Mauzy fue explícita en su orden: la Oficina del Fiscal General tiene prohibido implementar, hacer cumplir o investigar bajo estas reglas mientras el litigio esté pendiente. Esto incluye la obligación de publicar la orden judicial completa en su sitio web oficial antes del 30 de junio, y la prohibición de utilizar cualquier mecanismo interno para castigar o sancionar a quienes no cumplan con una normativa ahora suspendida.
Una confrontación con implicaciones estatales
La batalla legal no es meramente técnica ni burocrática. Representa un nuevo episodio en la creciente tensión entre funcionarios estatales republicanos y gobiernos locales dominados por demócratas, especialmente en áreas metropolitanas como El Paso, Austin, Houston y Dallas.
En los últimos años, el estado ha intentado recortar la autonomía de condados y ciudades en materia de seguridad pública, políticas laborales, salud reproductiva y manejo presupuestario.
Las nuevas reglas impulsadas por Paxton fueron ampliamente criticadas por fiscales de todo el estado, quienes advirtieron que la orden transformaría sus oficinas en organismos administrativos, obligados a desviar recursos considerables a tareas que no tienen relación directa con la persecución penal.
Según estimaciones presentadas en la demanda, el Condado de El Paso habría tenido que revisar y reportar más de 50 mil expedientes bajo los nuevos lineamientos, una tarea titánica que implicaría la contratación de personal adicional y una reingeniería operativa de gran escala.
Lo que está en juego
El caso subraya una preocupación persistente entre juristas y defensores de la transparencia: ¿Hasta qué punto puede el Estado imponer obligaciones a funcionarios electos locales sin violar su independencia funcional? Y, en este contexto, ¿qué derechos tienen las víctimas y testigos a la confidencialidad en el proceso penal?
Los abogados de la Fiscalía de El Paso argumentaron que la normativa no sólo era impracticable, sino también peligrosa, ya que podría exponer información sensible que, de caer en manos equivocadas, comprometería investigaciones activas o pondría en riesgo a las personas involucradas.
La jueza Mauzy pareció coincidir con estas preocupaciones. En su fallo, hizo hincapié en que las reglas propuestas podrían tener un efecto paralizante sobre el sistema de justicia penal local, y que la legislación existente no otorga al fiscal general de Texas atribuciones para fiscalizar el trabajo diario de los fiscales del Condado o de Distrito.
Próximos pasos
El fallo no resuelve el fondo del caso. La orden judicial temporal permanecerá en vigor mientras se prepara el juicio completo, programado para el 8 de diciembre de 2025 a las 9:00 a.m. en la misma corte.
La Oficina del Fiscal General ha adelantado que apelará la decisión, abriendo la puerta a una batalla legal que podría escalar hasta la Corte Suprema de Texas.
Mientras tanto, los condados demandantes consideran el fallo como una reafirmación de sus derechos constitucionales y una señal de que los esfuerzos estatales para centralizar el poder no pasarán sin una fuerte resistencia legal.
“Esta no es una victoria solamente para nuestra oficina”, concluyó Sánchez. “Es una victoria para cada residente de Texas que cree en un gobierno local fuerte, responsable y comprometido con la justicia”. (Staff/El Diario de El Paso)