La congresista Verónica Escobar, representante demócrata por El Paso, acusó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de imponer nuevas restricciones que limitan de forma ilegal la supervisión legislativa en centros de detención de migrantes operados por ICE, en medio de crecientes preocupaciones por condiciones inhumanas y abusos documentados en múltiples instalaciones a lo largo del país.
“Esto es inconstitucional e ilegal. No sólo tenemos el derecho legal, tenemos la obligación de supervisar estas instalaciones”, declaró Escobar tras visitar, el miércoles 18 de junio, el centro de detención provisional de ICE ubicado en el Noreste de El Paso.
La visita formaba parte de las labores de supervisión que Escobar ha llevado a cabo desde la apertura del centro en 2023.
Sin embargo, durante la semana el DHS, bajo la administración del presidente Donald Trump y la dirección de la secretaria Kristi Noem, implementó nuevas reglas que exigen a los legisladores notificar sus visitas con al menos 72 horas de anticipación –un cambio drástico respecto a la regla previa de 24 horas.
Escobar sostiene que estas medidas son un intento deliberado de obstaculizar la vigilancia del Congreso y podrían violar la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2024, que protege el derecho de los legisladores a realizar visitas no anunciadas a instalaciones donde se detiene a migrantes antes de su deportación.
“Esto es lo que pasa en países autoritarios”, advirtió Escobar. “Se ignoran las leyes, se desobedecen las órdenes judiciales, se pisotea la Constitución. Esto debería alarmar a todo estadounidense, sin importar su ideología política”.
El caso de El Paso no es aislado. El 8 de junio, legisladores demócratas de California y Nueva York fueron bloqueados de ingresar a centros de ICE en sus estados. Y el 9 de mayo, tres congresistas de Nueva Jersey fueron físicamente impedidos de ingresar a una instalación en Newark; uno de ellos, la representante LaMonica McIver, fue posteriormente acusada por presuntamente interferir con agentes de ICE.
A pesar de las restricciones, Escobar logró entrevistarse esta semana con dos migrantes venezolanos en El Paso, quienes narraron haber recibido un trato inadecuado en instalaciones anteriores, pero destacaron que las condiciones actuales eran mejores.
La congresista reconoció que el centro en el Noreste de la ciudad mantiene condiciones “comparativamente buenas” y destacó la apertura de nuevos espacios para que abogados de inmigración puedan reunirse con sus clientes.
El centro actúa como sitio de “descompresión” para otras instalaciones saturadas y tiene capacidad para hasta 1,000 personas. Actualmente alberga a 905 adultos solteros, según datos proporcionados por Escobar.
La estadía promedio es de cinco días, y desde el 30 de marzo al menos 7,500 personas han pasado por el centro. Sólo el 50% de ellas son deportadas directamente; el resto es trasladado a otras partes del país. ICE opera entre cuatro y cinco vuelos de deportación diarios desde El Paso.
Pero mientras el centro de El Paso es considerado un modelo dentro de ICE, otras instalaciones cercanas han generado denuncias graves.
El centro de procesamiento de ICE en la Avenida Montana ha sido señalado por Amnistía Internacional por violaciones sistemáticas de derechos humanos, detenciones arbitrarias y uso indebido de la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798 para deportar a migrantes venezolanos acusados de tener vínculos con la pandilla ‘Tren de Aragua’.
La administración Trump, impulsada por su principal asesor en política migratoria, Stephen Miller, ha promovido una expansión radical del sistema de detención. Un polémico proyecto de ley de reconciliación –apodado por Trump como su “gran y hermosa ley”– destinaría 75 mil millones de dólares a ICE, incluyendo 45 mil millones para expandir instalaciones de detención, muchas de ellas operadas por contratistas privados.
“Esto va a poner las operaciones actuales de ICE en esteroides”, advirtió Escobar.
La congresista anunció que pronto visitará el centro de detención de la Avenida Montana, y denunció que las nuevas restricciones atentan directamente contra su capacidad para responder a denuncias de abusos. “Cuando un abogado, una familia o un detenido levanta la voz, debemos poder ir de inmediato. Este nuevo requisito de 72 horas impide eso”, declaró.
Mientras tanto, Escobar y otros legisladores demócratas debaten cómo responder institucionalmente al bloqueo.
En una audiencia de supervisión del Subcomité de Asignaciones de Seguridad Nacional, el 14 de mayo, Escobar y la representante Lauren Underwood cuestionaron al director interino de ICE, Todd Lyons, sobre las muertes en custodia y la falta de atención médica documentada en centros como el de Batavia, Nueva York.
“El Congreso no puede abdicar su deber constitucional”, concluyó Escobar. “No permitiremos que esta administración oculte lo que sucede dentro de estos centros”.