Alpine, Texas — Tres exsoldados del Ejército de Estados Unidos fueron sentenciados a prisión federal por su participación en una operación de tráfico de personas, luego de declararse culpables de transportar migrantes indocumentados por ganancia económica.
Enrique Jauregui, de 26 años, fue sentenciado a 33 meses de prisión federal por organizar un operativo de contrabando en 2024. Según documentos judiciales, Jauregui reclutó a sus compañeros soldados Angel Palma, de 21 años, y Emilio Mendoza López, de 22, quienes entonces estaban destacados en Fort Hood (ahora conocido como Fort Cavazos). Jauregui les proporcionó instrucciones precisas y mensajes de apoyo, además de prometerles un pago tras completar la entrega de los migrantes.
El 27 de noviembre de 2024, Palma y Mendoza López viajaron desde Fort Hood hasta Presidio, Texas, donde recogieron a tres migrantes indocumentados. Sin embargo, fueron detectados por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) y emprendieron una persecución a alta velocidad. Durante la fuga, los soldados chocaron contra una patrulla marcada de la USBP, causando lesiones a un agente. Después del impacto, todos los ocupantes del vehículo intentaron huir a pie. Mendoza López y los migrantes fueron capturados poco después, mientras que Palma fue arrestado posteriormente en un hotel en Odessa.
Los tres exsoldados se declararon culpables a inicios de 2025. Palma y Mendoza López fueron sentenciados en mayo a 24 meses de prisión federal cada uno. Además, los tres recibieron una sentencia de tres años de libertad supervisada. El juez federal David Counts también ordenó a Jauregui pagar una multa de 10,000 dólares.
“Estas tres personas traicionaron sus valores de una forma que puso en riesgo a nuestra nación y a otros, incluyendo a agentes del orden,” declaró el fiscal federal Justin Simmons, del Distrito Oeste de Texas. “No importa si portas el uniforme o no: si decides enriquecerte moviendo migrantes ilegales dentro o a través de este país, enfrentarás las consecuencias.”
El agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en El Paso, Jason T. Stevens, añadió que “reclutar a otros soldados para actividades ilegales, culminando en una peligrosa persecución, es una traición flagrante a la confianza pública. HSI continuará trabajando con sus socios para desmantelar redes de contrabando y llevar a los responsables ante la justicia.”
El caso fue investigado por HSI, la Patrulla Fronteriza y la División de Investigación Criminal del Ejército (CID). El fiscal federal adjunto Kevin Cayton lideró la acusación.
Esta investigación se enmarca en la “Operación Recuperar América” (Operation Take Back America), una iniciativa del Departamento de Justicia que busca combatir la inmigración ilegal, eliminar a los cárteles y organizaciones criminales transnacionales, y proteger a las comunidades de delitos violentos.