La orden ejecutiva del presidente Donald Trump que obliga a los camioneros de Estados Unidos a hablar inglés entró en vigor este miércoles 25 de junio, generando una fuerte conmoción en el sector transportista, que considera la medida arbitraria y discriminatoria.
El secretario de Transporte del gobierno de Trump, Sean Duffy, fue contundente al advertir que “un conductor que no pueda entender inglés no conducirá un vehículo comercial en este país. Punto”.
El sector transportista mexicano y mexicoamericano ha encendido las alarmas ante lo que consideran una medida apresurada, discriminatoria y con serias consecuencias económicas y laborales.
La política ha comenzado a aplicarse en varios estados con mayor vigilancia por parte de elementos del Departamento de Seguridad Pública y agentes del Departamento de Transporte, quienes ahora además de revisar documentos, evalúan si los conductores pueden comunicarse en inglés.
En puntos críticos como Texas, especialmente cerca de Odessa, se han detectado operativos donde incluso participan agentes de ICE (Inmigración y Control de Aduanas), generando un clima de miedo entre los transportistas latinos.
Ricardo Chávez, originario de El Paso y con raíces en Ciudad Juárez, cuenta con casi una década como conductor de camiones de carga.
En entrevista desde una de las carreteras del estado de Oklahoma, relató su reciente experiencia mientras cruzaba por Alabama, donde fue detenido sin razón aparente por un oficial estatal.
“Esto no es seguridad, es discriminación. Nos están usando como filtro para identificar a quienes no dominan el idioma y después investigarlos. Están criminalizando a trabajadores por su perfil racial, eso es discriminación”, declaró el paseño, quien luego de pasar la inspección siguió su camino.
En respuesta, tanto empresas transportistas como escuelas técnicas en El Paso y Ciudad Juárez han acelerado la capacitación en inglés para operadores de carga. Sin embargo, reconocen que el tiempo es insuficiente para una implementación inmediata y justa.
“Estamos haciendo un esfuerzo, pero no se puede exigir fluidez en inglés a trabajadores que nunca lo necesitaron antes para desempeñar bien su labor. Esto va más allá de la capacitación; se trata de inclusión y respeto”, opinó Ofelia, instructora en una escuela de manejo comercial en El Paso.
Escasez de conductores se agrava
Empresas transportistas, organizaciones de camioneros y líderes del sector han advertido que esta nueva normativa no sólo genera confusión y temor, sino que amenaza con agravar la escasez de conductores que ya afecta la industria del transporte de carga en la región fronteriza.
Manuel Sotelo, líder de los transportistas en Ciudad Juárez, señaló que desde el anuncio de esta política, varias empresas han comenzado a ofrecer clases de inglés a sus empleados, pero advirtió que el cambio es abrupto e injusto para muchos conductores que, pese a su experiencia, no dominan el idioma.
“Esto está afectando a muchos choferes que tienen años dedicándose a esta labor. Hablan lo suficiente para comunicarse en carretera, pero ahora se les exige un dominio que ni siquiera se ha definido claramente. Estamos perdiendo operadores por miedo o por no cumplir con este requisito”, expresó Sotelo.
Operativos sorpresa y presencia de ICE
En las últimas 48 horas han circulado múltiples reportes de operativos sorpresa en carreteras de Texas, Alabama y Arizona, donde agentes del Departamento de Transporte y del Departamento de Seguridad Pública han comenzado a detener camiones con razones sociales mexicanas, solicitando entrevistas breves en inglés para evaluar la competencia lingüística del conductor.
En Texas, camioneros denunciaron que en operativos recientes en zonas como Odessa se ha detectado la presencia de agentes de ICE, quienes aprovechan los retenes para verificar documentos migratorios, lo cual ha generado un ambiente de persecución entre transportistas latinos.
En El Paso, algunas compañías locales reportaron cancelaciones de rutas hacia el interior del país ante el temor de que sus conductores sean detenidos o sancionados. Algunos transportistas incluso confirmaron la renuncia de empleados que prefirieron abandonar el oficio antes de exponerse a multas, pérdida de licencia o problemas migratorios.
Impacto económico y comercial
Aunque el Gobierno federal ha justificado la medida bajo el argumento de mejorar la seguridad vial y la comunicación en emergencias, líderes comunitarios y defensores de derechos civiles aseguran que esta política encubre una intención de vigilancia y control migratorio.
El sector teme que esta política pueda entorpecer aún más el flujo comercial entre México y Estados Unidos, especialmente en una región como la frontera, donde el transporte transfronterizo es vital para la economía.
Se estima que más del 60% del comercio terrestre entre ambos países depende de operadores bilingües o hispanoparlantes, muchos de los cuales enfrentan ahora un nuevo obstáculo burocrático.
Líderes transportistas y organizaciones de defensa de migrantes ya preparan recursos legales y cartas dirigidas al Congreso para exigir una revisión de esta medida, que consideran no sólo discriminatoria, sino dañina para la economía y la integración regional.
Mientras tanto, los camiones siguen rodando, pero con una carga adicional: la incertidumbre.