Ocho abogados defensores que representaron al hombre que mató a 23 personas en un Walmart de El Paso en 2019 recibieron 745 mil dólares en pagos para defenderlo contra cargos federales de crímenes de odio y armas, según un documento presentado en la Corte federal esta semana.
Patrick Crusius, quien cumplirá 27 años más tarde este mes, se declaró culpable en la Corte de Distrito de Estados Unidos en El Paso en 2023 a 45 cargos de cometer crímenes de odio y 45 cargos de usar un arma de fuego para matar o cometer violencia.
Se declaró culpable después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió no buscar la pena de muerte, y fue sentenciado por el juez de Distrito de Estados Unidos David Guaderrama a 90 términos de cadena perpetua consecutivos en prisión.
A principios de este año, el pistolero también se declaró culpable a cargos estatales de asesinato capital y asalto con arma mortal y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
En sus declaraciones de culpabilidad, Crusius reconoció que atacó el Walmart de Cielo Vista el 3 de agosto de 2019, en un esfuerzo por detener “la invasión hispana de Texas”, como escribió en un manifiesto en línea poco antes del tiroteo masivo.
Porque Crusius cumplió con los estándares estatales y federales como un acusado indigente, sus cuentas legales fueron pagadas por los contribuyentes. Los registros muestran que los abogados defensores recibieron un total de 1.3 millones de dólares para representar a Crusius en casos potenciales de pena de muerte en las cortes federal y estatal.
Joe Spencer, el abogado defensor principal en ambos juicios –estatal y federal–, dijo que los casos capitales por su naturaleza son complicados y costosos.
“Incluso nuestra Corte Suprema ha dicho que los casos de pena de muerte son diferentes. Si esos recursos no estuvieran disponibles nunca habríamos obtenido finalidad judicial en este caso”, dijo Spencer.
Dijo que el equipo de defensa siempre había ofrecido una ruta para evitar litigios prolongados: una declaración de culpabilidad a cambio de quitar la pena de muerte de la mesa. Eso es lo que finalmente pasó, aunque tomó varios años.
“La defensa quería una resolución desde el Día 2 e intentó obtener esa resolución desde que fuimos designados”, dijo.
Crusius fue representado por dos grupos de abogados en el caso federal, quienes fueron pagados un total combinado de 745 mil 041.47 dólares durante los últimos cinco años, según un reporte presentado por los abogados defensores en la Corte federal el lunes.
El primer grupo de cuatro abogados lo representó desde febrero de 2020, cuando fue inicialmente acusado en cargos federales, hasta septiembre de 2020, cuando se retiraron del caso. Sus razones para retirarse permanecen selladas en los archivos de la Corte federal.
La abogada de El Paso Cori Ann Harbour recibió 68 mil 030.60 dólares por su trabajo en ese equipo inicial. Jane Fisher-Bryalsen, de Denver, recibió 56 mil 543.92; Kathleen McGuire de Littleton, Colorado, recibió 50 mil 220.80 dólares, y David Lane, de Denver, recibió 41 mil 553.77. Louis Lopez Jr., de El Paso, fue parte del equipo de defensa original pero no presentó ningún comprobante de pago, según la divulgación presentada el lunes en la Corte federal.
Desde septiembre de 2020 en adelante, Crusius fue representado en el caso federal por tres abogados privados designados por la Corte y por un defensor público. Los tres abogados privados –Spencer y Félix Valenzuela, de El Paso, y Mark Stevens, de San Antonio– también representaron al pistolero en el procesamiento estatal.
Spencer, quien fue designado abogado principal, recibió 214 mil 054.96 dólares desde septiembre de 2020, según el archivo. Valenzuela recibió 203 mil 126.20, y Stevens recibió 111 mil 511.22. La defensora pública federal Rebecca Hudsmith es pagada por su oficina y no presentó comprobantes de pago a la Corte.
Los abogados defensores acordaron en una audiencia en mayo proporcionar una contabilidad básica de los pagos a los abogados defensores en el caso federal. La audiencia se enfocó en qué registros ordenados sellados por Guaderrama durante el caso deberían ser desellados. Algunos de los registros sellados incluyen información sobre pagos a abogados.
El jueves, Guaderrama emitió una orden otorgando una moción de 2023 por El Paso Matters para intervenir en el caso con el propósito de argumentar por el desellado de registros. Aún no ha establecido futuras audiencias sobre el tema de desellar registros.
La información de pagos liberada para el caso federal es más limitada que la información proporcionada por el Condado de El Paso sobre el costo del procesamiento estatal.
Respondiendo a solicitudes de registros abiertos de los medios, el Condado de El Paso reportó que la defensa y el procesamiento habían gastado 6 millones de dólares en el caso Crusius, lo que incluye pagos a abogados, investigadores y testigos expertos.
Los gastos del Condado incluyeron 602 mil dólares en pagos a Spencer, Valenzuela y Stevens durante cinco años.