Una coalición de grupos legales que representan a inmigrantes presentó una demanda colectiva contra la administración Trump el miércoles, argumentando que la campaña del Gobierno federal para arrestar a personas en tribunales de inmigración para que puedan ser deportadas rápidamente es ilegal y viola las protecciones del debido proceso.
La demanda, presentada por Democracy Forward y otras tres organizaciones legales en nombre de 12 inmigrantes, tiene como objetivo detener los arrestos en los tribunales de inmigración, una táctica controvertida que la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzó a usar en mayo para aumentar las deportaciones a nivel nacional.
Desde Nueva York hasta California, los agentes de ICE han arrestado a inmigrantes que comparecían para procedimientos rutinarios en los tribunales de inmigración, provocando críticas de demócratas y activistas de que ICE está apuntando injustamente a personas que están siguiendo las reglas al presentarse en la Corte.
Los agentes federales, que típicamente usan máscaras, se han convertido en un elemento habitual en los vestíbulos y pasillos de los tribunales, donde han arrestado a decenas de migrantes que salen de las salas de audiencias y que son colocados en procedimientos de deportación acelerada que no requieren audiencias.
La demanda fue presentada en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia contra el Departamento de Justicia, que supervisa los tribunales de inmigración, el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional. Varios funcionarios de agencias federales también fueron demandados.
Los demandantes incluyen a 12 inmigrantes, identificados sólo por seudónimos, de Cuba, Ecuador, Guinea, Venezuela y otros lugares. Muchos habían ingresado al país sin autorización de 2021 a 2024 y habían solicitado asilo. Fueron arrestados cuando se presentaron en los tribunales este año. La mayoría están detenidos –en Nueva York, Pennsylvania y Texas– y temen persecución en sus países de origen, dice la demanda.
Un inmigrante fue deportado a Ecuador menos de un mes después de que fue arrestado en junio.
“Los no ciudadanos, incluyendo a la mayoría de los demandantes individuales aquí, han sido abruptamente separados de sus familias, vidas, hogares y trabajos por presentarse en la Corte de inmigración, un paso requerido para permitirles proceder con sus solicitudes de permiso para permanecer en este país”, dice la demanda.
Los arrestos en los tribunales se han convertido en una forma relativamente fácil para ICE de detener a inmigrantes, ya que se presentan para fechas de Corte obligatorias, sin tener que enviar agentes a arrestar a personas en sus hogares o lugares de trabajo, lo que requiere más tiempo y recursos.
ICE ha presentado la práctica como una forma fácil de expulsar rápidamente a los millones de personas que ingresaron al país bajo la administración del ex presidente Joe Biden y de evitar los atrasos en los tribunales, donde los procedimientos de deportación toman años.
En una declaración el jueves, Tricia McLaughlin, una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, rechazó los argumentos hechos en la demanda, diciendo: “No somos algún reino medieval, no hay santuarios legales donde puedas esconderte y evitar las consecuencias por quebrantar la ley”.
“La capacidad de las fuerzas del orden para hacer arrestos de extranjeros ilegales criminales en los tribunales es de sentido común”, añadió. “Conserva recursos valiosos de las fuerzas del orden porque ya saben dónde estará un objetivo. También es más seguro para nuestros oficiales y la comunidad”.
El presidente Donald Trump ha expandido el uso de procedimientos de remoción acelerada –que no requieren audiencias y fueron usados previamente sólo para personas aprehendidas dentro de 100 millas (160.9 kilómetros) de la frontera– para deportar rápidamente a personas en otros lugares del país.
La nueva táctica, que rompió con una práctica de larga data en la cual ICE se mantenía alejado de los tribunales, ha llevado a una estrecha colaboración entre agentes y fiscales de la agencia que persiguen casos contra inmigrantes acusados de ingresar ilegalmente al país. Los migrantes tienen derecho a montar una defensa y a solicitar asilo si temen regresar a sus países de origen.
Pero los fiscales de ICE han sorprendido a algunos inmigrantes al pedirles a los jueces que desestimen sus casos cuando se presentan, una maniobra legal que permite a los agentes de ICE que esperan afuera de las salas de audiencias arrestar a los migrantes y colocarlos en procedimientos de deportación sin audiencias.
La demanda argumenta que esta práctica recientemente adoptada viola las leyes federales de inmigración y la Constitución. ICE también ha arrestado a migrantes incluso cuando los jueces no han desestimado sus casos, argumenta la demanda.
La demanda argumenta que la nueva táctica está disuadiendo a las personas de presentarse a las citas en las Cortes de inmigración, que difieren de las Cortes penales, y que es donde los jueces típicamente deciden si los inmigrantes pueden permanecer en el país.
“La administración Trump-Vance está usando como un arma a los tribunales de inmigración al amenazar a las personas que siguen la ley y se presentan para sus audiencias según las indicaciones del tribunal”, dijo Skye Perryman, la presidenta y CEO de Democracy Forward.
Democracy Forward, un grupo de inclinación liberal que ha tomado docenas de acciones legales contra la administración Trump, presentó la demanda con el National Immigrant Justice Center, el Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services, y el Lawyers’ Committee for Civil Rights of the San Francisco Bay Area.
Los arrestos en las tres Cortes de inmigración de la ciudad de Nueva York han surgido como un canal confiable para que ICE arreste a docenas de migrantes todos los días– y como un punto de inflamación política.
Los funcionarios demócratas se han presentado para exigir acceso a las celdas de detención que los migrantes dicen están sobrepobladas y para denunciar las detenciones en el tribunal. Brad Lander, el contralor de la Ciudad, fue arrestado en junio mientras trataba de acompañar a un migrante a quien los agentes buscaban arrestar.
El miércoles, Lander acompañó a la familia de un hombre de Paraguay, Carlos Javier López Benítez, a su audiencia de solicitud de asilo en Manhattan. La hermana de López Benítez, una ciudadana de Estados Unidos, lo había animado a presentarse a pesar de los reportes de que los agentes de ICE estaban haciendo arrestos en los tribunales. Ella se había convertido en ciudadana y esperaba que un día él también pudiera hacerlo.
Durante la audiencia, el juez de inmigración le dio a López Benítez una fecha de Corte para 2029 para que pudiera recopilar información adicional relacionada con las afirmaciones de que enfrentaba amenazas de tortura en Paraguay.
Pero en cuanto López Benítez salió de la sala de audiencias, fue llevado rápidamente a una escalera por agentes federales que habían estado esperándolo. Su hermana se aferró a su brazo mientras los funcionarios federales de aplicación de la ley se las arreglaron para separarla de su hermano y la empujaron hacia un grupo de espectadores.
En una conferencia de prensa después del arresto de López Benítez, Lander caracterizó los procedimientos como teniendo “los adornos de una audiencia judicial” pero efectivamente equivalían a “sólo una trampa para que vengan en primer lugar”.
“Carlos no sólo tiene estatus como solicitante de asilo, no sólo tiene una solicitud pendiente de asilo, Carlos tiene una fecha de Corte en este edificio en julio de 2029”, dijo Lander. “Desafortunadamente, Carlos va a tener dificultades para cumplir con la orden del juez porque acaba de ser secuestrado por agentes de ICE”.