Boston— Un juez federal bloqueó el viernes a la administración Trump de terminar con la ciudadanía por nacimiento para los hijos de padres que están en Estados Unidos ilegalmente, emitiendo la tercera decisión judicial que bloquea la orden de ciudadanía por nacimiento a nivel nacional desde una decisión clave de la Corte Suprema en junio.
El juez de distrito de Estados Unidos Leo Sorokin, uniéndose a otra corte de distrito así como a un panel de apelaciones de jueces, determinó que una medida cautelar a nivel nacional otorgada a más de una docena de estados permanece en vigor bajo una excepción al fallo de la Corte Suprema. Esa decisión restringió el poder de los jueces de cortes inferiores para emitir medidas cautelares a nivel nacional.
Los estados han argumentado que la orden de ciudadanía por nacimiento de Trump es abiertamente inconstitucional y amenaza millones de dólares para servicios de seguro de salud que dependen del estatus de ciudadanía. Se espera que el tema regrese rápidamente a la corte más alta de la nación.
El procurador general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, quien ayudó a liderar la demanda ante Sorokin, dijo en una declaración que estaba “emocionado de que la corte de distrito nuevamente prohibió que la orden flagrantemente inconstitucional de ciudadanía por nacimiento del presidente Trump entrara en vigor en cualquier lugar”.
“Los bebés nacidos en Estados Unidos son estadounidenses, tal como han sido en cualquier otro momento en la historia de nuestra nación”, añadió. “El presidente no puede cambiar esa regla legal con el trazo de una pluma”.
Los abogados del gobierno habían argumentado que Sorokin debería reducir el alcance de su decisión anterior que otorgó una medida cautelar preliminar, diciendo que debería estar “adaptada a las supuestas lesiones financieras de los estados”.
Sorokin dijo que un enfoque fragmentado hacia la orden de ciudadanía por nacimiento no protegería a los estados en parte porque un número sustancial de personas se mueve entre estados. También criticó duramente a la administración Trump, diciendo que había fallado en explicar cómo funcionaría una medida cautelar más estrecha.
“Es decir, nunca han abordado qué hace que una propuesta sea factible o viable, cómo las agencias demandadas podrían implementarla sin imponer cargas administrativas o financieras materiales a los demandantes, o cómo encaja con otros estatutos federales relevantes”, escribió el juez. “De hecho, han caracterizado tales preguntas como irrelevantes para la tarea que la Corte está emprendiendo ahora. La posición de los demandados en este sentido desafía tanto la ley como la lógica”.
Sorokin reconoció que su orden no sería la última palabra sobre la ciudadanía por nacimiento. Trump y su administración “tienen derecho a perseguir su interpretación de la Decimocuarta Enmienda, y sin duda la Corte Suprema finalmente resolverá la cuestión”, escribió Sorokin. “Pero mientras tanto, para propósitos de esta demanda en esta coyuntura, la Orden Ejecutiva es inconstitucional”.
La administración aún no ha apelado ninguna de las decisiones judiciales recientes. Los esfuerzos de Trump para negar la ciudadanía a niños nacidos de padres que están en el país ilegalmente o temporalmente permanecerán bloqueados a menos y hasta que la Corte Suprema diga lo contrario.
Se envió un correo electrónico el viernes pidiendo la respuesta de la Casa Blanca al fallo.
Un juez federal en Nueva Hampshire emitió una decisión a principios de este mes prohibiendo que la orden ejecutiva de Trump entre en vigor a nivel nacional en una nueva demanda colectiva. El juez de distrito de Estados Unidos Joseph LaPlante en Nueva Hampshire había pausado su propia decisión para permitir que la administración Trump apelara, pero sin ninguna apelación presentada en la última semana, su orden entró en vigor.
El miércoles, una corte de apelaciones con sede en San Francisco determinó que la orden ejecutiva del presidente era inconstitucional y confirmó el bloqueo a nivel nacional de una corte inferior.
Una jueza con sede en Maryland dijo esta semana que haría lo mismo si una corte de apelaciones lo aprobara.
Los magistrados dictaminaron el mes pasado que las cortes inferiores generalmente no pueden emitir medidas cautelares a nivel nacional, pero no descartó otras órdenes judicial.