Nueve funcionarios y operadores políticos demócratas latinos se declararon inocentes el miércoles en el sur de Texas de los cargos de fraude electoral criminal, acusaciones que sus defensores calificaron de flagrante supresión del voto e intimidación política por parte del fiscal general republicano del estado.
Gerry Goldstein, abogado del acusado más prominente, informó al juez presidente que había presentado una moción el miércoles por la mañana para desestimar los cargos e impugnar la constitucionalidad de la ley estatal utilizada para procesar a su cliente, Juan Manuel Medina, ex presidente del Partido Demócrata del condado de Bexar, el cuarto más grande del estado.
Gabriel Rosales, director de la sección texana de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), calificó los cargos como “un ataque total a la democracia”.
“Esto es la supresión del voto básica”, dijo Rosales. Los nueve acusados, incluyendo a Medina, fueron imputados el mes pasado por un fiscal de distrito del sur de Texas en colaboración con el fiscal general Ken Paxton. Se espera que un juez estatal considere la moción de desestimación del caso a principios de octubre.
Fue la segunda vez en menos de cuatro meses que Paxton acusa a destacados funcionarios demócratas latinos de “cosecha de votos”, el acto generalmente rutinario de recolectar papeletas de voto en ausencia y llevarlas a urnas o centros de votación para su recuento. Media docena de personas, incluyendo un juez del condado, dos miembros del Ayuntamiento y un ex administrador electoral del condado, fueron acusados de fraude electoral en mayo.
Las acusaciones se derivan de la “unidad de integridad electoral” de Paxton, que inició una extensa investigación sobre fraude electoral en enclaves latinos cerca de San Antonio y en el sur de Texas. Paxton ha afirmado que varios funcionarios latinos participaron en la cosecha de votos para beneficiar a candidatos latinos locales.
“Seamos claros: la integridad de nuestras elecciones es la piedra angular de nuestro proceso democrático, y cualquier funcionario electo que intente engañar al sistema tendrá que responder por ello”, declaró Paxton en un comunicado. La recolección de votos generalmente implica tocar puertas y preguntar si los voluntarios pueden entregar las papeletas de voto en ausencia o por correo completas en los centros de votación o en las urnas, una ley legal en la mayor parte del país y promovida por ambos partidos. Sin embargo, en 2021, el gobernador Greg Abbott firmó una ley que prohibía la entrega de papeletas para un tercero, ley que ahora se impugna por inconstitucional.