El próximo martes 19 de agosto de 2025, el tribunal federal de esta ciudad se prepara para escuchar un caso cargado de tensión y reclamos por responsabilidad empresarial. A las 10:30 a.m., ante el juez David Briones, comenzará el juicio civil contra LaSalle Corrections, la compañía que operaba la instalación correccional donde trabajaba el alcaide acusado de disparar mortalmente a un migrante e herir a una mujer cerca de Sierra Blanca, en el Condado de Hudspeth, vecino de El Paso.
El incidente que dio origen a la demanda ocurrió el 27 de septiembre de 2022, cuando Jesús Iván Sepúlveda Martínez y Berenice Casias Carrillo –ambos migrantes que acababan de cruzar desde México– se detuvieron en un reservorio rural en busca de agua.
Fue entonces cuando Mike Sheppard, carcelero de West Texas Detention Facility en Sierra Blanca y empleado de LaSalle Corrections, protagonizó los hechos que ahora bajo escrutinio enfrentan un juicio civil.
Según la demanda, Sheppard, manejando una camioneta perteneciente a la empresa, se acercó al lugar y disparó con una escopeta: el primer tiro impactó en el rostro de Sepúlveda, provocándole la muerte; el segundo alcanzó en el abdomen a Casias, quien sobrevivió con lesiones graves.
La demanda alega que al momento del tiroteo, Sheppard se encontraba en el ejercicio de sus funciones laborales, pues se dirigía a una reunión del Consejo de Agua local en representación de LaSalle Corrections. Esto, sostienen los abogados de las víctimas, implica que la empresa debe ser considerada responsable civilmente de sus actos.
La demanda fue presentada en nombre de la familia de Sepúlveda –sus padres, esposa e hijo– y, por separado, por Casias. Ambas partes reclaman compensaciones: Sepúlveda por muerte injusta y pérdida de sustento y compañía; Casias, por las lesiones sufridas, dolor físico y emocional, pérdida de capacidad laboral, desfiguración y gastos médicos.
LaSalle Corrections ha tratado de desestimar el caso, inicialmente por supuesta falta de jurisdicción y luego alegando que Sheppard no actuaba en funciones laborales a la hora del incidente. No obstante, ambas mociones fueron rechazadas por el juez Briones, allanando el camino al juicio civil.
El caso ocurre en un contexto aún más amplio de impunidad percibida y cuestionamientos al sistema legal. La investigación criminal, bajo responsabilidad de los Texas Rangers, sigue en curso, mientras que el fiscal asistente ha advertido que divulgar información podría enturbiar el proceso o contaminar el jurado.
Tres años después del trágico episodio, la comunidad y las familias damnificadas se enfrentan ahora a la posibilidad de que la justicia no sólo se investigue en lo penal, sino también en lo civil. Si prospera, esta demanda podría marcar un precedente para responsabilizar a empresas por actos violentos cometidos por empleados bajo circunstancias relacionadas con su trabajo, especialmente en entornos donde los derechos humanos de los más vulnerables están en juego.
Una trayectoria manchada
LaSalle Corrections arrastra un historial cargado de casos graves. En 2023, llegaron a un acuerdo público por 7 millones de dólares tras la muerte de un recluso por negligencia médica en el Centro Auxiliar Bi-State en Texarkana, Texas –una cifra inusualmente alta para una empresa que suele mantener los acuerdos confidenciales–.
Además, otro caso en Louisiana involucra acusaciones de condiciones inhumanas impulsadas por la lógica del lucro: personal no calificado, falta de atención médica y violaciones constantes a los derechos de los detenidos. Todos esos antecedentes podrían influir en la interpretación del jurado sobre la cultura corporativa de la empresa.
Un contexto que apunta a lo sistémico
La demanda actual no ocurre en el vacío. Se inscribe en un debate más amplio sobre el papel de empresas privadas en la detención migratoria. Algunas de las más utilizadas por ICE –entre ellas LaSalle– han sido criticadas por condiciones que eludían la supervisión pública, abusos sistémicos y ganancias derivadas del encierro de personas vulnerables.
Un veredicto adverso para LaSalle Corrections podría desencadenar consecuencias regulatorias: revisión de contratos públicos, exigencias de transparencia, mayor supervisión estatal y hasta cambios normativos para evitar la repetición de abusos.
Más allá de la indemnización, es una oportunidad para impulsar reformas estructurales en la manera en que las empresas privadas administran la detención y seguridad.