La Corte de Comisionados del Condado de El Paso aprobó el lunes una demanda por despido injustificado presentada por John Briggs, un fiscal veterano que dijo que fue despedido en 2022 porque se negó a participar en actividades relacionadas con el caso del tiroteo masivo de Walmart, que eventualmente llevó a la renuncia de la fiscal de Distrito Yvonne Rosales.
Los términos del acuerdo no se han hecho públicos porque aún debe ser firmado por la jueza de Distrito de Estados Unidos Kathleen Cardone. Pero como parte del acuerdo, la comisionada del Condado Iliana Holguín leyó una declaración diciendo que Briggs nunca debería haber sido despedido.
“El Condado de El Paso aprecia el largo historial de servicio que John Briggs ha proporcionado a la Oficina del Fiscal de Distrito. Quien ocupaba el cargo de fiscal de distrito en su momento, no debió despedir al señor Briggs. El Condado se complace de que esté sirviendo a sus ciudadanos una vez más”, dijo Holguín.
=Briggs dijo que esa declaración fue la parte más importante del acuerdo para él.
“No se trataba de dinero. No quería dinero a cambio de que arruinaran mi reputación. Sólo quería un poco de reivindicación. Y, entonces, estoy muy contento de que la demanda haya resultado de la manera que lo hizo, porque al menos va a haber esa reivindicación al final”, dijo Briggs en una entrevista con El Paso Matters.
Rosales no respondió a una solicitud de comentario de El Paso Matters.
El acuerdo de liquidación llegó como resultado de una mediación acordada por las partes.
Briggs, de 55 años, había trabajado en la Oficina del Fiscal de Distrito de El Paso durante 25 años cuando fue despedido el 22 de agosto de 2022. En su demanda presentada en 2024, Briggs alegó que fue despedido injustamente porque se negó a participar en lo que veía como acciones ilegales de Rosales y sus principales asistentes y asesores.
La demanda por despido injustificado fue presentada contra el gobierno del Condado porque Rosales sirvió como la formuladora de políticas final del Condado sobre decisiones de contratación y despido en la Oficina del Fiscal de Distrito. Briggs dijo que Rosales no fue incluida como demandada en la demanda porque tenía fuertes protecciones de inmunidad gubernamental.
La demanda presentada en la Corte federal de El Paso delineó actividad ilegal alrededor del procesamiento del tiroteo masivo de Walmart de 2019, y el eventual colapso del mandato de dos años de Rosales en el cargo, que Briggs llamó un “desastre colosal” en la demanda. Briggs había sido el fiscal principal en el caso del tiroteo masivo antes de ser despedido.
La demanda citó acciones de Rosales, el primer fiscal de Distrito asistente George Al-Hanna, los fiscales de Distrito asistentes Curtis Cox y Scott Ferguson, y Roger Rodríguez, un juez municipal en la aldea de Vinton, Texas, quien no tenía papel oficial en la Oficina del Fiscal de Distrito pero era una presencia constante allí. No fueron nombrados como demandados en la demanda.
La demanda incluye muchas de las alegaciones que Briggs hizo bajo juramento durante audiencias alrededor del caso de Walmart a finales de 2022, después de que fue despedido.
La demanda y la eventual renuncia de Rosales a finales de 2022 estuvieron ligadas a una serie de acciones en el verano de ese año que amenazaron con descarrilar el procesamiento del tirador en el tiroteo masivo del 3 de agosto de 2019 en un Walmart de El Paso que mató a 23 personas e hirió a otras 22.
El 1 de julio de 2022, el juez de Distrito Sam Medrano criticó duramente a Rosales por hacer declaraciones públicas diciendo que estaría lista para llevar el caso a juicio el verano siguiente. En Texas, los jueces establecen fechas de juicio, usualmente en consulta con abogados defensores y fiscales.
Medrano criticó a Rosales por hacer poco para hacer avanzar el caso. Emitió una orden de silencio prohibiendo a las partes del caso, incluyendo testigos potenciales como familiares de los asesinados, hacer comentarios públicos sobre el caso.
Después de la audiencia, Briggs dijo a los miembros de la familia de las víctimas de Walmart que estaban en la audiencia que la orden de silencio les impedía comunicarse con los medios. Rodríguez luego dijo a las familias que los fiscales conseguirían que Medrano fuera removido del caso y presentarían quejas contra él, dijo Briggs en la demanda y en su testimonio previo.
El 5 de agosto de 2022, miembros de los medios de comunicación recibieron un correo electrónico que supuestamente era del hijo de Alexander Gerhard Hoffmann, un hombre de Juárez que estaba entre los asesinados en el tiroteo de Walmart. El correo electrónico criticó a Medrano y Amanda Enríquez, una ex fiscal que era una posible candidata contra Rosales en la elección de 2024.
Medrano ordenó una investigación sobre si su orden de silencio fue violada. La viuda de Hoffmann, Rosa María Valdez García, y su hijo, Thomas Hoffmann, estuvieron en la audiencia del 1 de julio cuando se emitió la orden de silencio.
El juez nombró al abogado de El Paso Justin Underwood para representar a la familia de Hoffmann en esa investigación.
Briggs dijo que fue despedido porque se negó a cooperar con un esfuerzo para conseguir que Medrano terminara su investigación. Dijo que Cox vino a él el 18 de agosto de 2022, y le pidió que firmara una declaración jurada que decía que no había dicho a la familia Hoffmann que estaban sujetos a la orden de silencio, lo que podría haber significado que no la violaron al enviar el correo electrónico.
“Eso es falso, porque claramente se los dije”, dijo Briggs a El Paso Matters. Firmar la declaración jurada habría equivalido a perjurio agravado, y se negó, dijo.
“Cuando leí esos correos electrónicos, pensé, 'Esto suena como si hubieran sido escritos por Roger (Rodríguez)'. Y creo que cuando expresé eso –y resulta que tenía razón–, y él lo sabía, creo que se fue de mi oficina, y probablemente estaba pensando para sí mismo, 'Esto va a ser un problema porque no sólo no nos va a ayudar a salir de este lío sin saberlo cometiendo perjurio, él sabe (quién escribió el correo electrónico). Lo descubrió'”, dijo Briggs a El Paso Matters.
Una investigación de El Paso Matters reveló posteriormente que la lista de destinatarios en el correo electrónico coincidía con la lista de distribución de correo electrónico de medios mantenida por la Oficina del Fiscal de Distrito.
Underwood descubrió que el correo electrónico fue escrito por la esposa de Rodríguez, Anne, usando una lista de correo electrónico proporcionada por Rodríguez.
La familia de Hoffmann dijo que habían sido abordados por Rodríguez después de la audiencia del 1 de julio, donde Medrano criticó a Rosales. Dijeron que llegaron a desconfiar de él y comenzaron a grabar sus conversaciones, que incluyeron amenazas contra Medrano y otros, y afirmaciones falsas de que múltiples tiradores estuvieron involucrados en el tiroteo de Walmart.
La investigación de Underwood también encontró que grabaciones hechas por la familia mostraron que Rodríguez y miembros del personal del fiscal de Distrito trataron de evitar que la familia Hoffmann viniera a El Paso para una audiencia sobre si la orden de silencio había sido violada.
“Afortunadamente, los Hoffmann tienen el sentido de grabar las conversaciones. Gracias a Dios, porque no lo habrían creído. Nadie habría creído su historia si no estuviera grabada”, dijo Briggs a El Paso Matters.
Rosales enfrentó una petición legal buscando removerla del cargo por motivos de incompetencia, con los esfuerzos para usar a la familia Hoffmann para atacar a Medrano y personas vistas como críticas de Rosales. Renunció en noviembre de 2022.
Después de ser despedido, Briggs tomó un trabajo en septiembre de 2022 como fiscal en Odessa con aproximadamente la mitad del salario que había estado ganando en El Paso, según la demanda.
Hicks, quien fue nombrado por el gobernador de Texas Greg Abbott para reemplazar a Rosales, contrató de nuevo a Briggs en febrero de 2023. James Montoya, quien derrotó a Hicks en la elección de noviembre de 2024, retuvo a Briggs como jefe de una división de juicios.
El tirador de Walmart, Patrick Crusius, se declaró culpable de una variedad de cargos federales y estatales después de que los fiscales decidieron no buscar la pena de muerte, y está cumpliendo múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Sus abogados defensores habían argumentado que las acciones de Rosales y sus ayudantes equivalían a mala conducta fiscal que debería llevar al desistimiento de cargos o una prohibición contra buscar la pena de muerte.
Briggs dijo que cree que Rosales y sus principales ayudantes y asesores –Al-Hanna, Cox y Rodríguez– tenían un sentido de impunidad.
“Era, 'Podemos hacer lo que queramos porque somos la autoridad. Somos la autoridad principal de procesamiento en esta jurisdicción. ¿Quién nos va a detener? ¿Quién se va a enterar?'”