Al menos 22 casos relacionados con delitos de corrupción están “atorados” o sin judicializar en la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH), revelan registros oficiales y fuentes jurídicas.
Los expedientes a cargo de la FACH incluyen órdenes de aprehensión, investigaciones contra exfuncionarios de alto nivel, denuncias por desvíos millonarios, peculado, uso indebido del servicio público, enriquecimiento ilícito y, en varios casos, hay fichas rojas activas ante Interpol sin avances efectivos.
De acuerdo con la propia Fiscalía, cuyo titular es Abelardo Valenzuela, seis de estos casos estaban “a punto de judicializarse” desde marzo de este año; sin embargo, hasta ahora no han confirmado su paso a tribunales.
En esa lista figuran exmiembros de la administración de Javier Corral, como su exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, y su excoordinador de Comunicación Social, Antonio Pinedo Cornejo, junto con otros 18 implicados.
Los más de 20 casos detenidos evidencian un sistema saturado, frágil y en muchos casos politizado, denunciaron expertos. El avance de los casos en la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua sigue marcado por obstáculos legales, lentitud procesal y denuncias de uso político, afirmó el jurista Ernesto Avilés Mercado, vocero de la Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados, el problema no es sólo técnico, sino ético e institucional.
“La Fiscalía ha quedado en evidencia por su incapacidad manifiesta para sostener asuntos que pudieran ser emblemáticos. Mientras no haya una justicia real, seguirá imperando la impunidad selectiva”, resaltó.
De acuerdo con expertos, los factores que generan esta lentitud son el exceso de causas, ya que demasiados cargos simultáneos generan cuellos de botella jurídico-administrativos (principio de extradición).
Otro factor es la obstrucción institucional, casos como el de Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, muestran la falta de coordinación con otras fiscalías, incluso la de la Ciudad de México.
Además, las investigaciones presentan procesos viciados, puesto que algunas acusaciones están basadas en filtraciones ilegales o construcciones procesales débiles.
Avilés Mercado advirtió que los retrasos procesales no sólo son por fallas estructurales, sino también a intereses políticos.
“No hace mucho se filtró una conversación que tuvo Arturo precisamente con Javier en ese mismo tema y le pedía que no colgara y que le dijera todo aquello que habían realizado juntos, la lealtad se la ha pagado con poco interés de parte de Javier para liberarlo de esta situación», manifestó el abogado.
Agregó que existen elementos suficientes en algunos casos, como el de Arturo Fuentes Velez, pero que el contexto político y la protección institucional han marcado la diferencia.
“Lo que pasa ahí es que efectivamente la Fiscalía Anticorrupción encontró numerosas pruebas de que hubo desvío de recursos y otros delitos por los cuales está siendo acusado. Como sabemos, él (Arturo Fuentes Velez) tuvo que salir del país para evitar precisamente la presión y esperar mejores tiempos políticos para que eventualmente pudiera echar abajo o llevar a cabo una negociación… porque en esos términos es como se puede buscar solucionar el problema”, indicó.
Además, Avilés criticó la selectividad con la que actúa el aparato de justicia en Chihuahua.
“La situación aquí es evidentemente política, por un lado, y cuando la Fiscalía, ya sea de Corrupción o la Fiscalía General de la República (FGR), busca imputar a alguien, siempre encuentra algo. La verdad es que cualquier gobierno comete excesos u omisiones que eventualmente pueden convertirse en delitos”, precisó
Aseguró que el exgobernador Corral, quien debería de ser detenido, goza de un fuero que lo exenta de ser investigado y procesado.
“Desgraciadamente, la situación que se presentó con el manejo irregular que tuvo Corral durante su administración en uso y de los recursos… pues su secretario de administración fue el que firmó, el que autorizó, y es quien eventualmente está soportando estas acusaciones. Ese mismo Corral, como sabemos, por el fuero que le da el ser senador de la República, no puede ser detenido”, expresó.
La Fiscalía Anticorrupción reveló que han recuperado más de 2 mil 700 millones de pesos en recursos públicos en los últimos años, pero, de acuerdo con la poca información que ha compartido, los avances penales concretos son escasos.
El principio de especialidad en casos de extradición, la falta de autorización del Departamento de Estado en Estados Unidos y la parálisis institucional han impedido ejecutar más de una veintena de órdenes de aprehensión, incluyendo algunas contra César Duarte y miembros de su gabinete.
El vocero de la Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados cuestionó el funcionamiento actual de la Fiscalía y aseguró que los jueces no pueden estar resolviendo las deficiencias en los procesos; esas fallas son responsabilidad directa del Ministerio Público, señaló.
Avilés también denunció la alta rotación de personal como una causa estructural del rezago. “Los que adquieren experiencia dejan de laborar en la Fiscalía. Se van a otras instancias o se vuelven litigantes particulares”, dijo.
Además, el abogado señaló un desequilibrio en las prioridades institucionales, centradas más en la infraestructura que en el desarrollo del personal. “La cuantiosa inversión que van a destinar para seguridad pública debe estar orientada prioritariamente a fortalecer la formación de los MP’S, no a ladrillos y edificios”, resaltó.
En fechas recientes hubo un intento fallido de aprehensión de Corral en la Ciudad de México, la Fiscalía presentó denuncias ante la FGR y autoridades capitalinas por obstrucción de la justicia, argumentando que el gobierno local impidió la captura del exmandatario.
CASOS PENDIENTES O “ATORADOS” EN LA FACH
Orden de aprehensión sin ejecutar por múltiples delitos:
El caso de Corral, exgobernador y actual senador, permanece en un limbo legal a pesar de una orden por peculado agravado (98.6 millones de pesos desviados). El intento de detención en CDMX fue bloqueado por autoridades locales, lo cual derivó en dos denuncias por obstrucción a la justicia presentadas por la FACH ante la FGR y la Fiscalía CDMX, por delitos como tráfico de influencias y abuso de autoridad.
Seis carpetas sin judicializar
En marzo de 2025, el fiscal Abelardo Valenzuela anunció que había seis carpetas de investigación a punto de judicializarse, cuatro relacionadas con la administración de Corral y dos con casos en municipios. Sin embargo, aún no se han formalizado ante la autoridad correspondiente, generando cuestionamientos sobre la capacidad operativa del órgano.
Empresas y despachos investigados por reestructura de deuda
La FACH ha impulsado un caso contra un despacho privado por supuesto peculado derivado de una reestructura de deuda estatal de 2019. No obstante, auditorías estatales y federales avalaron dicha reestructura. El proceso ha estado marcado por filtraciones, acusaciones infundadas y violaciones al debido proceso.
Órdenes emitidas contra exfuncionarios actualmente prófugos
Recientemente, el exsecretario de Hacienda Arturo Fuentes Velez fue objeto de dos nuevas órdenes por desvío de más de 644 millones de pesos, relacionadas con recursos del Fondo Social del Empresariado Chihuahuense (FOSECH) y deuda otorgada al Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal) sin aprobación legislativa. Hasta ahora, el caso sigue abierto y él permanece prófugo (ficha roja de Interpol).
Procesos abiertos contra exintegrantes de la administración Corral
Un total de 18 exfuncionarios vinculados a la administración de Corral están bajo investigación. Algunos han sido vinculados a proceso o incluso encarcelados, pero muchos casos siguen en etapa preliminar sin resolución definitiva:
Antonio Pinedo Cornejo, excoordinador de Comunicación Social, detenido desde septiembre de 2023 por asignaciones indebidas por 9.3 millones de pesos. Eduardo Fernández, exsecretario de Salud, enfrenta juicio en libertad por crédito simulado de 401 millones de pesos desde mayo de 2023.
Otros exfuncionarios, como el extitular de Deporte y el exfiscal Francisco G. (acusado de tortura), tuvieron procesos judiciales, pero permanecen bajo evaluación o recursos legales sin sentencia firme.