Chihuahua, Chih.- La gobernadora del Estado, Maru Campos, expuso su compromiso con los nuevos juzgadores que ahora asumen una importante labor en la entidad. “Les extiendo mi mano y mi compromiso, para acompañar su labor con la misma voluntad con la que asumimos el reto de impulsar la materialización de la reforma constitucional en el Estado”, dijo.
Mencionó que actualmente existe una exigencia social por contar con instituciones en cuales confiar . “Resulta imposible ignorar que en el mundo, y también en México, existe una crisis de representación política que exige un cambio profundo”, expresó.
“La ciudadanía demanda instituciones que vuelvan a inspirar confianza, partidos políticos que promuevan ideales que impacten de forma positiva a la población, gobernantes que sepan traducir necesidades en política pública y, por supuesto, jueces y magistrados que sean verdaderos custodios de la justicia”, recalcó.
Enfatizó que los juzgadores no pueden ser representantes de intereses particulares. “ En este contexto, el Gobierno Federal promulgó el pasado 15 de septiembre de 2024, la reforma al poder judicial. Una reforma que, aunque respondía a una exigencia legítima, resultó muy cuestionable en algunos de sus planteamientos y métodos de aplicación”, dijo.
Añadió que en el caso de Chihuahua fue conformado un frente común y plural, compuesto por líderes de todas las denominaciones presentes a nivel local y convencidos de que
la adecuación de la reforma debía hacerse con seriedad y
responsabilidad.
“Los chihuahuenses sabemos arrancarle oportunidades incluso al momento de incertidumbre y más precario. De las pruebas más duras, siempre hemos sabido sacar la fuerza para crecer; de la escasez, la creatividad para prosperar; y de la divergencia, siempre hemos encontrado ocasión para la unidad”, manifestó.
Apuntó que en el caso estado, a pesar de las reservas hacia la reforma judicial, el compromiso fue de tener un proceso de elección transparente, que consolidará un Poder Judicial que ofrezca el acceso a la justicia a los ciudadanos, en especial a los más vulnerables.
“Desplegamos una inversión superior a los 320 millones de pesos para que el Instituto Estatal Electoral pudiera lograr una elección ordenada y exitosa; y, a través de una suma de más de 150 millones de pesos, logramos fondear los haberes de retiro, para reconocer el trabajo de décadas y el proyecto de vida de los jueces y magistrados salientes”, declaró.