Washington.- El presidente Donald Trump ha iniciado una escalada importante en sus esfuerzos por sofocar la oposición política en Estados Unidos, utilizando el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk para sostener el argumento infundado de que las organizaciones demócratas y manifestantes forman parte de una conspiración violenta contra los valores conservadores y el modo de vida estadounidense.
En los seis días transcurridos desde que Kirk fue asesinado en Utah, Trump y sus funcionarios de alto rango han prometido una ofensiva contra la izquierda política, y han indicado que perseguirán a grupos liberales como la Open Society Foundations de George Soros y la Fundación Ford, revocarán los visados a las personas que parecieran estar “celebrando” la muerte de Kirk, iniciarán investigaciones federales sobre discursos de odio y designarán a determinados grupos como terroristas nacionales.
“Queremos que todo sea justo; no ha sido justo, y la izquierda radical ha hecho un daño tremendo al país”, dijo Trump a los periodistas el martes, mientras seguía restando importancia y justificando la violencia de la derecha. “Pero lo estamos arreglando”.
Las amenazas se producen incluso cuando las autoridades dijeron que el sospechoso de disparar contra Kirk actuó solo y no presentó pruebas de que la violencia política esté coordinada en un bando. La violencia política azota todo el espectro político estadounidense, y está dirigida contra demócratas y republicanos.
El hombre de 22 años acusado de asesinar a Kirk dijo en mensajes de texto a su pareja sentimental que estaba “harto” del “odio” de Kirk, según los fiscales que presentaron el martes una acusación de asesinato contra él.
Las agresivas medidas de Trump dirigidas solo contra sus oponentes políticos son una continuación de sus intentos de ejercer el poder —mediante demandas judiciales, órdenes ejecutivas e intimidación pública— para castigar a personas e instituciones que impulsan a la izquierda política, o que él considera que lo han perjudicado. En los últimos meses, los asesores de Trump y los activistas conservadores han trabajado para dar forma al tipo de represión que ahora parece estar dando frutos.
“Cuando la izquierda ha tenido poder, ha perseguido a los conservadores y su discurso, por lo que estoy encantado de ver que el gobierno promete investigar el sector de las organizaciones de izquierda sin fines de lucro y exigir responsabilidades”, dijo Scott Walter, presidente del grupo de vigilancia conservador Capital Research Center, que monitorea el dinero en la política.
Walter ha informado a altos funcionarios de la Casa Blanca en meses recientes sobre una serie de donantes, grupos sin fines de lucro y técnicas de recaudación de fondos, al tiempo que ha proporcionado informes de investigación, incluido uno titulado “Marchando hacia la violencia”, que pretendía establecer una conexión entre las protestas anti-Israel en los campus universitarios y el terrorismo.
Los planes que Trump y sus asesores han trazado desde la muerte de Kirk han avivado el miedo entre demócratas y activistas de la libertad de expresión en todo el espectro partidista, al tiempo que han dado energía a figuras de la derecha que ven a los demócratas y a la izquierda en general como el enemigo.
Como parte de la represión, los asesores de Trump están elaborando una orden ejecutiva para combatir la violencia política y los discursos de odio que podría emitirse esta misma semana, según un alto funcionario del gobierno que habló bajo condición de anonimato para anticipar la medida. La persona no quiso dar más detalles.
A algunos miembros de la derecha les preocupa que poner los discursos de odio en la mira pueda volverse en su contra la próxima vez que los demócratas estén en el poder, al abrir lo que Walter denominó “una caja de Pandora de la que todos podríamos llegar a arrepentirnos”. Sostuvo que sería mejor que el gobierno investigara si algunos de los grupos infringieron las disposiciones del código fiscal.
Pero el enfoque en el discurso parece ser una herramienta clave para el gobierno. La fiscala general, Pam Bondi, dijo que el gobierno se enfocaría “absolutamente” en los manifestantes que hicieran “discursos de odio”, así como en las empresas que se negaran a imprimir carteles para la vigilia conmemorativa de Kirk.
Y el vicepresidente JD Vance animó a los estadounidenses a denunciar ante sus jefes a cualquiera que vieran celebrando el asesinato de Kirk.
Los funcionarios de Trump también estaban sentando las bases para perseguir lo que Vance describió como una red de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que “fomenta, facilita y participa en la violencia”.
En su intervención como presentador invitado en el pódcast de Kirk, Vance señaló el lunes a la Open Society Foundations de Soros y a la Fundación Ford y dijo que ambas se beneficiaban de un “generoso tratamiento fiscal”.
Poner en la mira a los estatus de exención fiscal de las organizaciones sin fines de lucro que critican a Trump probablemente enfrentaría problemas legales.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés) solo toma esa medida después de realizar una auditoría potencialmente larga, y una organización tiene varias oportunidades para apelar la decisión. La ley federal también prohíbe al presidente ordenar al IRS que audite a organizaciones específicas, y los empleados del IRS pueden enfrentar sanciones penales si obedecen una orden de la Casa Blanca para hacerlo.
El gobierno de Trump se topó con estas limitaciones a principios de este año, cuando el presidente pidió que Harvard perdiera su condición de organización exenta de impuestos. Los funcionarios de la Casa Blanca se esforzaron por argumentar que cualquier auditoría del IRS a la universidad era independiente de las declaraciones públicas de Trump.
Pero existe otro método.
Cualquier organización que la Casa Blanca designe como organización terrorista pierde su exención fiscal. El lunes, Trump dijo a los periodistas en la Casa Blanca que le gustaría designar a una serie de grupos no especificados como organizaciones terroristas internas.
Dado que la pérdida de la exención fiscal es automática, es mucho más difícil para una organización sin fines de lucro impugnar la decisión en el marco de una designación de terrorismo que en el de un proceso normal.
“Que yo sepa, la única forma de que el presidente o el gobierno puedan revocar inmediatamente la exención fiscal de una organización exenta de impuestos sería recurrir a la vía de la designación de terrorismo”, dijo Jeff Tenenbaum, abogado especializado en organizaciones sin fines de lucro.
Perder la exención fiscal puede tener muchas consecuencias para las organizaciones sin fines de lucro. No solo podrían tener que pagar impuestos sobre todos los ingresos, sino que los donantes ya no podrían deducir de sus impuestos las donaciones que hicieran al grupo. Eso podría hacer que se agotaran las fuentes de financiación.
Pero el gobierno tampoco puede designar fácilmente a los grupos nacionales como terroristas, según funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Aunque el Departamento de Estado mantiene una lista de organizaciones terroristas extranjeras, no existe un mecanismo similar para designar como terroristas a grupos nacionales.
“A menos que se me haya pasado una ley o un estatuto, no creo que haya nada en los libros ahora mismo”, dijo Javed Ali, exdirector del Consejo de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump. “No creo que exista ningún tipo de disposición que permita al gobierno hacer esto”.
Vance también acusó a las fundaciones de Soros y a la Fundación Ford de financiar la revista The Nation, a la que atacó por su cobertura de la muerte de Kirk.
Pero en realidad ninguna de las dos parece ser un patrocinador significativo de la revista. La Fundación Ford dijo que su único donativo reciente fue en 2019, cuando donó 100.000 dólares para apoyar un programa de pasantías. El presidente de la revista dijo que eso suponía menos del 1 por ciento de su presupuesto de 12 millones de dólares para ese año.
Ambas fundaciones también hicieron donaciones a una organización periodística sin fines de lucro llamada Type Media Center, que en su día estuvo estrechamente vinculada a The Nation. La oficina de Vance dijo que sus declaraciones se basaban en esas donaciones, la más reciente de las cuales se produjo en 2022.
Pero Type Media Center dijo que esas donaciones no se utilizaron para financiar The Nation. En su lugar, la organización sin fines de lucro paga becas a periodistas individuales que escriben para diversos medios, entre ellos The Nation.
Tanto la Fundación Ford como la Open Society Foundations emitieron declaraciones condenando la violencia política.
“Nos oponemos a toda forma de violencia y condenamos las escandalosas acusaciones de lo contrario”, dijo Open Society Foundations en un comunicado. “Nuestro trabajo es totalmente pacífico y legítimo”.
En su propia declaración, la Fundación Ford dijo que “el aumento de la violencia por motivos políticos es una crisis significativa en nuestra sociedad que todos los estadounidenses deben afrontar unidos”.
El gobierno de Trump también ha emprendido acciones que van más allá de las fronteras de Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el lunes que el gobierno “con toda seguridad ha estado denegando visados” a personas que celebraban el asesinato de Kirk.
Los asesores de Trump también han dicho que planean investigar a las personas sospechosas de quemar Teslas en aparente protesta contra Elon Musk y de agredir a agentes de inmigración. Los funcionarios también están explorando la posibilidad de establecer vínculos entre esos episodios y grupos organizados.
Las amenazas de represión ya han hecho mella.
Una cultura del miedo entre destacados donantes demócratas y grupos preocupados por las represalias ha impregnado la filantropía liberal, donde los dirigentes de las fundaciones se han esforzado por evitar la filtración de planes delicados que pudieran considerarse contrarios a Trump.
Algunos donantes importantes han expresado en privado su desinterés por donaciones que requerirían ser divulgadas, como las destinadas a ayudar a los demócratas en la campaña de redistribución de distritos en California.
Los líderes de las fundaciones liberales han estado en estrecho contacto entre sí en los últimos días, reforzando la seguridad y discutiendo una carta de solidaridad mientras esperan cualquier acción del gobierno de Trump.