Ciudad de México.- Una jueza federal negó la libertad provisional a la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJEG), Lambertina Galeana Marín, en la causa penal en la que le imputan la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Raquel Duarte Cedillo, Juez Segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca, Estado de México, resolvió que debe continuar presa en el Penal Femenil de Morelos mientras resuelve su situación jurídica, porque el artículo 19 constitucional clasifica la desaparición forzada como un delito con la prisión preventiva de oficio.
Además, argumentó que concederle ahora la libertad implicaría hacer una interpretación de la Carta Magna y eso está prohibido desde el pasado primero de enero, cuando entró en vigor la reforma de supremacía constitucional.
«A partir del 1 de enero de 2025, que entró en vigor la reforma al numeral 19 constitucional, el legislador hizo expresamente prohibición para que se suspenda, inaplique y modifique la prisión preventiva oficiosa de los delitos ahí previstos, ya sea de manera total o parcial», dice el fallo de la juez, notificado este viernes.
«Además, cabe indicar que la vigencia de la nueva disposición constitucional es clara y no hay un artículo transitorio que prevea alguna salvedad, vedando expresamente que el juzgador realice una tarea de interpretación».
«Por estas razones, se declara improcedente la solicitud del defensor particular en comento y de la indiciada y, por ende no ha lugar a acordar de conformidad lo peticionado en cuanto a la libertad provisional bajo caución».
Con esta decisión judicial, la magistrada en retiro continuará internada en el Centro Federal de Reinserción Social Femenil Número 16, en Coatlán del Río, Morelos, por lo menos hasta el próximo martes por la tarde, cuando se defina su situación jurídica.
Ese día la juez Duarte Cedillo determinará si le dicta la formal prisión por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada de personas o, en su defecto, la libertad por falta de elementos.
José Luis García Miranda, abogado de la acusada, dijo que en caso de que Galeana sea procesada demandará el cambio de medida cautelar.
Galeana fue detenida el miércoles con base en una orden de aprehensión que le reactivaron el pasado 30 de abril.
Ese mandamiento de captura originalmente fue girado en 2022, pero que sólo estuvo vigente durante menos de un mes, ya que la Fiscalía General de la República, en aquel momento, se desistió de la acción penal.
A Galeana le imputan la supuesta omisión que habría ocasionado la pérdida o posible ocultamiento de los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.
Estos registros visuales habrían grabado el momento en que policías locales interceptaron uno de los autobuses con los normalistas la noche en que fueron desaparecidos.
El TSJEG informó en aquel entonces que los videos habían sido entregados el 24 de julio de 2015 a la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, pero no aparecieron en el expediente y la FGR consideró que su ocultamiento contribuyó a la desaparición de los 43 estudiantes.