Cd. de México.- La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) empezó este viernes a cerrar oficinas de dependencias federales e impedir el uso de vehículos y equipos de comunicación no prioritarios, como parte de las acciones de blindaje para las elecciones judiciales y las locales en Durango y Veracruz.
La dependencia, a cargo de Facundo Santillán Julián, comenzó a implementar estas medidas a nivel nacional, con la colaboración del Gobierno federal, para evitar que los bienes y recursos públicos se utilicen con fines político-electorales, informó la Fiscalía General de la República.
«En estas acciones, que consisten en el cierre de las oficinas de Gobierno, así como impedir el uso de vehículos y de equipos de comunicación no prioritarios (servicios públicos y de emergencias continúan operando de manera normal) participan dependencias e instituciones de la Administración Pública Federal», indicó en un comunicado.
De acuerdo con la Fiscalía, en el caso de los inmuebles y parque vehicular, se les colocaron sellos para evitar que sean utilizados antes y durante la jornada electoral, y de esa forma quedar bajo resguardo federal.
Indicó que, para fortalecer estas acciones, en los meses previos a la jornada del 1 de junio, la Fiscalía Electoral impartió cursos de capacitación a funcionarios, como el de «prevención de delitos electorales y responsabilidades administrativas».
De enero a mayo de este año, capacitó a 15 mil 990 servidores públicos de diversas entidades de la Administración Pública Federal, estatal y municipal, para identificar, prevenir o denunciar ilícitos sancionados por la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Agregó que desde abril pasado, difunde información en las oficinas gubernamentales y una guía de blindaje electoral para explicar los delitos que son susceptibles de ser cometidos por funcionarios, además de que en los recibos de pago de los servidores públicos se incluyeron mensajes sobre estas medidas
«El acuerdo para el blindaje electoral, suscrito entre la FISEL y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se define como el conjunto de acciones para fortalecer la prevención, atención y seguimiento de responsabilidades administrativas y delitos electorales federales, susceptibles de ser cometidos por personas servidoras públicas en el marco de los procesos electorales», señaló.