Los mexicanos acudirán a las urnas el domingo para la primera fase de un experimento democrático radical: sustituir a los jueces del país, designados por nombramiento, por otros nuevos que sean elegidos por los votantes.
En un solo día de votación, el país elegirá a más de 2600 jueces y magistrados, desde la Suprema Corte hasta los tribunales locales, quienes conformarán la mitad del poder judicial de México. La otra mitad será elegida en 2027.
Los expertos afirman que se trata de la reforma judicial más importante jamás llevada a cabo por una democracia grande.
El cambio fue propuesto por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que la Suprema Corte y otros tribunales bloquearan muchas de sus iniciativas, y la votación también fue defendida por su sucesora y actual presidenta, Claudia Sheinbaum.
López Obrador y Sheinbaum argumentan que elegir a los jueces de México mejorará la gobernanza y reducirá la corrupción en un país asolado por el crimen organizado y los disturbios violentos. La población tiene poca confianza en el poder judicial existente: en una encuesta reciente, dos tercios de los encuestados creen que los jueces de México son corruptos.
Pero muchos expertos han advertido que es probable que esta reforma en concreto tenga consecuencias profundamente negativas, no solo para el sistema de justicia penal de México, sino para el sistema de controles y equilibrios necesario para una democracia sana.
Ventajas y desventajas de los jueces electos
Hay algunos argumentos convincentes a favor de elegir a los jueces. Al igual que los presidentes y los legisladores, son poderosos actores políticos. La idea fundamental de la democracia es que se debe confiar en la población para que tome decisiones sobre cómo asignar el poder político, y que las elecciones son una forma importante de hacer que los funcionarios rindan cuentas. Muchos jueces de otros países son electos, incluyendo en 39 estados de Estados Unidos, donde los votantes cubren al menos algunas vacantes judiciales.
Puede parecer contradictorio afirmar que más elecciones podrían perjudicar a una democracia. Pero la democracia como sistema de gobierno no consiste solo en votar. Las democracias también deben ofrecer suficiente previsibilidad y protecciones para que la gente esté dispuesta a aceptar el sistema aunque pierda. Los tribunales son las instituciones encargadas de interpretar y hacer cumplir las normas, y de garantizar que se apliquen, gane quien gane.
“En las democracias que funcionan bien, se necesita un órgano que no esté sujeto a esas presiones democráticas”, dijo María Ballesteros, miembro del Instituto de la Paz de Estados Unidos, que creció en México y ha escrito sobre los peligros de su cambio judicial. “Necesitas a alguien que sea capaz de mirar por encima de lo que es popular en ese momento y decir: ‘¿es esto correcto o incorrecto en función del conjunto de valores que hemos establecido para nosotros como país?’”.
Se espera que las elecciones otorguen al actual partido gobernante del país, Morena, un control sustancial sobre el poder judicial, que durante mucho tiempo ha servido de freno a su poder.
Dado que Morena controla actualmente la presidencia y tiene supermayorías en ambas cámaras del Congreso, ejerce una influencia sustancial sobre los candidatos que se presentan a las elecciones judiciales federales.
México es una democracia relativamente joven que salió de un régimen de partido único hace menos de tres décadas. Bajo la presidencia de López Obrador, los analistas advirtieron que se estaba retrocediendo en la dirección del autoritarismo competitivo, en el que el partido gobernante utiliza el poder del Estado para inclinar las condiciones a su favor.
López Obrador y Sheinbaum gozan de una gran popularidad entre la población, y las elecciones del año pasado supusieron un mandato fuerte para el programa político de Morena.
Pero es precisamente entonces cuando es más importante que los tribunales sirvan de freno al poder, dijo Ballesteros: “Necesitas que alguien pueda actuar contra esas presiones políticas, y confiamos en los tribunales para eso”.
Candidatos ligados a los cárteles
Los expertos afirman que las particularidades de la situación mexicana hacen que esta disyuntiva sea aún más cruda.
El primer problema es simplemente la escala del esfuerzo: sustituir a miles de jueces a la vez, con relativamente poco tiempo de aviso previo, hace más difícil cubrir esos puestos con candidatos calificados. También es difícil que los votantes tomen una decisión informada sobre tantos candidatos desconocidos.
Y en lugar de reducir la corrupción, la revisión judicial puede ofrecer nuevas oportunidades a los poderosos cárteles de la droga de México y a otros elementos criminales para proteger sus intereses, como escribieron Amrit Singh y Adriana Garcia, del Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho de la Universidad de Stanford, en un reciente ensayo invitado del Times. The New York Times informó esta semana de que entre las personas que se presentan como candidatos a jueces hay al menos un exconvicto y varios sospechosos de haber cometido delitos graves.
Democracias en peligro
La reforma judicial de México es solo el ejemplo más reciente de líderes electos populistas que destituyen a jueces que se interponen en su camino.
En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan ha llenado los tribunales con sus aliados políticos; esos mismos tribunales encarcelaron recientemente al alcalde de Estambul por cargos de corrupción, días antes de que fuera nombrado candidato presidencial por la oposición política turca.
En Hungría, cambios similares permitieron al primer ministro Viktor Orbán afianzarse en el poder y establecer lo que él llama una “democracia antiliberal”.
Muchos expertos han advertido de las similitudes entre esos países y Estados Unidos, donde el presidente Trump ha denunciado a los jueces que han bloqueado sus planes. Stephen Miller, jefe adjunto del gabinete de la Casa Blanca, dijo esta semana que los estadounidenses “viven bajo una tiranía judicial”.
“Hay muchos paralelismos entre lo que está viviendo México y lo que está viviendo Estados Unidos”, dijo Ballesteros. “No tenemos reyes en las democracias, y los presidentes no deberían tener un poder sin control”.