Con seis votos a favor y cinco en contra, el Consejo General del INE determinó sancionar con «multitas» económicas a cerca de 177 candidatos del Poder Judicial federal, así como de los poderes locales de CDMX y Sonora, que ganaron y aparecieron en los «acordeones» digitales y físicos durante campaña, algo considerado como propaganda ilegal.

Tras cuatro horas de sesión, se determinó sancionar a los juzgadores tomando como referencia el 10 por ciento del tope de campaña de su cargo, pero la multa se redujo por su «capacidad económica».

Por ejemplo, en el caso de los nueve perfiles que ganaron un lugar como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se determinó que no pagarán la multa correspondiente a 146 mil 885 pesos, sino cantidades distintas dependiendo de esa «capacidad económica».

Se les cobrará una multa por aparecer en el acordeón físico y una igual por estar en el digital.

La suma de las sanciones será de 6 millones 388 mil 558 pesos.

Los consejeros coincidieron en que esas «guías de votación» fueron propaganda ilegal para «grupos de interés» que ayudaron a estos candidatos señalados.

Incluso, algunos advirtieron que detrás de dicha estrategia masiva estuvieron gobiernos, partidos y crimen organizado.

La mayoría exigió al Congreso corregir esto en la legislación para que estas trampas no se repitan en la elección del 2027.

Quienes votaron a favor, reconocieron que la Unidad de Fiscalización no logró conocer el origen y monto involucrado en la producción y distribución de acordeones. Sin embargo, coincidieron no podía quedar en la impunidad dicha práctica ilegal.

El consejero Jaime Rivera cuestionó quiénes tuvieron la capacidad económica para producir millones de acordeones, y distribuir a estructuras para distribuirlos.

La respuesta, dijo, son maquinarías de «poder político o coactivo» y con «abundantes recursos económicos».

«Inducir el voto desde el poder equivale a suplantar la voluntad ciudadana. Tales entes políticos u organizaciones pudieron ser gobiernos, partidos políticos, gremios asociados a partidos o grupos delincuenciales», acusó.

Los consejeros mantuvieron su posición de que aunque desconocen el origen y el autor de dichos acordeones, y pese a que las sanciones son «mínimas», es un mensaje claro de que estas prácticas ilegales no pueden volver a repetirse y no pueden quedar en la impunidad.

«Si no se sanciona a quienes reciben recursos indebidos se estaría incentivando el uso de financiamiento irregular en futuras contiendas. Sólo así se envía un mensaje claro: el financiamiento ilegal no será tolerado, ni siquiera si la persona beneficiada no gana la contienda», afirmó la consejera Dania Ravel.

Entre los cuatro consejeros que votaron en contra, Guadalupe Taddei, visiblemente molesta por la propuesta, argumentó que aunque coincidía en que hubo una irregularidad, no podían responder con otra ilegalidad.

«La ilegalidad encontrada o manifiesta en nuestras voces o por otras voces no nos debe llevar a este Instituto a intentar salir adelante con otra ilegalidad. No hay un asidero jurídico que permite establecer una sanción a partir de los topes de gastos de campaña», apuntó.

Consideró que ni siquiera se estaba imponiendo una sanción ejemplar, por lo que aplicarlas únicamente provocaría criticas para el Instituto.

«Dirán es un juego estas multas o es una burla la imposición de estas multas tan pequeñas», afirmó tras augurar que el Tribunal Electoral echará abajo dichas sanciones. Ese posicionamiento fue respaldado por Norma de la Cruz, Jorge Montaño y Rita López.

Investigarán origen de 'acordeones'

Con ocho votos a favor y tres en contra, se avaló también un procedimiento oficioso para continuar con la investigación sobre el origen de los recursos destinados a la producción y distribución de acordeones físicos, y para el diseño y operación de los sitios web que alojaron dicha propaganda.

Mientras que por mayoría se avaló aplicar una amonestación pública a aquellos candidatos que aparecieron en dichas guías de votación y que no ganaron.

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