Luego de reconocer que es un delito en aumento, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen de la iniciativa de reforma constitucional que faculta al Congreso para emitir una ley general en materia de extorsión.
Con 37 votos a favor, los legisladores avalaron, sin modificaciones, la propuesta enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum el 10 de julio pasado y que, de acuerdo con Morena, será una de las prioridades de la mayoría en el próximo periodo ordinario de sesiones, que comenzará el 1 de septiembre.
El dictamen, que fue turnado a la Mesa Directiva para su programación, modifica la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución, referente a las facultades del Congreso.
Los cambios agregan la palabra «extorsión» para otorgarle a éste la posibilidad de expedir una ley reglamentaria que establezca, como mínimo, los tipos penales y las sanciones para este delito en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto.
Durante el debate, la morenista Clara Cárdenas Galván reconoció un incremento en la comisión de este delito que, dijo, golpea la inflación y la inversión a tal grado que es un factor determinante para la desaparición de empresas formales.
«Para el primer trimestre de este año se registraron oficialmente 5 mil 887 víctimas de extorsión, lo cual significa que este delito aumentó 87 por ciento en 10 años y cabe señalar que este delito no sólo afecta a las empresas, es una cadena que impacta de manera negativa en la creación de empleos, la inversión extranjera y nacional, en el crecimiento económico, en la generación de infraestructura y en la mejora de servicios públicos, incluyendo salud y educación», afirmó.
La legisladora agregó que las extorsiones también flagelan fuertemente a los productores del sector primario, donde las denuncias son nulas, porque de ello depende la vida de las víctimas.
Ante ello, subrayó la importancia de la reforma con la que buscan armonizar, sistematizar y homologar este delito, fortalecer la concurrencia entre la Federación y los estados y establecer una regulación para la atención a las víctimas.
Cristina Márquez, del PAN, dijo que su bancada apoyará la reforma impulsada por el Ejecutivo federal porque representa una posible solución a un problema que afecta en todos los rincones del país y que ha dejado de ser un delito meramente patrimonial para convertirse en uno que afecta la libertad y la seguridad de las personas.
«Cómo no vamos a apoyar una estrategia, una idea que puede ayudar a evitar que una imagen tan desgarradora como al de la maestra siendo cercada por delincuentes en Veracruz se vuelva a repetir», expresó.
La panista dijo que están a favor de una ley general que contenga soluciones en torno al fortalecimiento de las instituciones que participan en el combate a la extorsión y que considere una adecuada distribución de competencias entre la Federación y los estados, para que uno no termine «colgándose» del otro.
«Que no haya una distribución de competencias en donde, al final, haya estados que terminen colgándose de la Federación, o la Federación colgándose de los estados por dejarlos sin recursos, sin elementos y sin las herramientas necesarias, como capacitación, el fortalecimiento de las Fiscalías estatales, de la propia Fiscalía General de la República», demandó.
La emecista Laura Hernández subrayó la necesidad de legislar en materia de extorsión para homologar las penas y generar las políticas necesarias para atender el problema de raíz, así como prever las herramientas jurídicas para combatir este delito en sus múltiples modalidades.
No obstante, llamó a sus pares a hacerlo con estricto apego a los derechos humanos.