Ciudad de México.– Una mayoría de magistrados electorales coincidió en que los acordeones en la elección del Poder Judicial sí existieron, pero al no comprobarse su ilegalidad ni quiénes los diseñaron, produjeron, distribuyeron o financiaron no se puede demostrar el impacto real en los resultados.
Durante la sesión de la Sala Superior, que en estos momentos continúa, la presidenta del Tribunal Electoral (TEPJF), Mónica Soto; así como los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, perfilan una mayoría para validar la elección de ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces por voto popular, pese a las acusaciones de inducción masiva del voto, a través de guías ilegales.
Esta mayoría no criticó la entrega de acordeones, por el contrario, desacreditó a quienes impugnaron y a los magistrados Reyes Rodríguez y Janine Otálora, quienes proponen la anulación de los comicios por considerar que el 1 de junio no hubo un voto libre.
La discusión se tensó, al grado de que los magistrados que hacen mayoría acusaron a quienes proponen anular la elección judicial, acusándolos de presentar pruebas y análisis «falaces», «sesgados», «débiles» y «hacer especulaciones y generalidades».
El Magistrado Reyes Rodríguez advirtió que del análisis de las pruebas y los ejercicios que realizó su equipo puede afirmar que hubo una operación coordinada, premeditada e intencional por parte de partidos y funcionarios para influir en el voto de juzgadores, principalmente de ministros de la Suprema Corte.
Por ejemplo, expuso, que se presentaron 3 mil 188 acordeones impresos por las demandantes y 374 pruebas digitales, que incluyen videos, audios, notas y cuentas de redes sociales.
«La votación mostró un patrón atípico: pese a que existían 7 mil 400 millones de combinaciones posibles, el 45 por ciento de los votos válidos fue hacia una sola combinación, la cual contenía a las 9 candidaturas ganadoras de la Suprema Corte.
«La probabilidad matemática de que esta coincidencia ocurriera por iniciativa ciudadana individual y sin coordinación alguna es, prácticamente: cero. Se demuestra que el fenómeno formó parte de una operación coordinada, premeditada e intencional y que no fue resultado de acciones ciudadanas individuales ni espontáneas», advirtió.
Sin mencionar a Morena ni gobiernos morenistas o emecistas aseguró que dichos acordeones los pagaron partidos y funcionarios, por lo que es un financiamiento ilegal.
La Magistrada presidenta, Mónica Soto, exigió aceptar que de esta manera se va a renovar el Poder Judicial. «Si no reconocemos (que así se van a elegir a los juzgadores) no vamos a pasar de la etapa de la negación. No se trata de ver cómo tiramos una elección.
La Magistrada Soto pidió a Rodríguez uno de sus 3 mil acordeones que presentó durante la sesión y le dijo que si alguien presenta dicha prueba debe decir quién lo hizo, dónde, cuánto costó, cuándo se repartió, qué actores lo hicieron.
Rodríguez le respondió que el que tenía en sus manos es el que más predominó, y que esperaba que Soto no lo haya usado para ir a votar. De inmediato, la Magistrada Soto le exigió respeto.
«Sus pruebas están perfectamente doblados, no están dañados, entonces cómo puede demostrar que fueron usados, o violentó los derechos o principios constitucionales si no se usaron. O cómo puede demostrar que sí se usó», exigió.
De los 20 proyectos de sentencia que discute la Sala Superior sobre la validez de la elección, en los cuales se acusa inducción masiva del voto a través de acordeones, financiamiento ilícito y demás irregularidades, sólo en cuatro, de los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez, se propone la nulidad de la elección.
En el resto de las propuestas, la mayoría de ellas elaboradas por Soto y De la Mata, se plantea validar la elección, con el argumento de que no había pruebas suficientes para demostrar que hubo una distribución generalizada de acordeones y estos fueron determinantes en el resultado. Esta visión se perfil para ganar con tres votos contra dos.
En estos momentos continúa la sesión.