Por ignorar las denuncias y negarle el servicio a la madre de Fernandito, el niño de 5 años que fue secuestrado y asesinado en La Paz, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sancionó a dos funcionarios.
Un agente del Ministerio Público, quien se negó a atender a la señora Marcelina, en el Centro de Justicia del Municipio y la remitió a otra área, fue cesado de sus funciones y enfrentará responsabilidades administrativas y penales.
En tanto, una agente del Ministerio Público del área de Género fue removida y puesta a disposición de las autoridades centrales de la Fiscalía para determinar si tuvo alguna conducta que afectara los derechos de la víctima.
En una investigación radicada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la FGJ-EM estableció que el domingo 3 de agosto, Marcelina acudió al Centro de Justicia de La Paz a denunciar que «dejó a su hijo al cuidado de una amiga y ésta no quería devolvérselo».
Esto lo hizo del conocimiento de un prestador de prácticas profesionales, quien a su vez se lo informó al agente del Ministerio Público. No obstante, el servidor público habría dicho: «hay que esperar a la licenciada Brenda, porque yo ya me voy». Además, señaló que, si la denunciante no quería esperar, podía acudir a la agencia del Ministerio Público de Género.
El lunes 4 de agosto, Marcelina acudió a formular la denuncia al Centro de Justicia para la Mujer, donde se inició la investigación que derivó en el hallazgo del cuerpo sin vida del menor.
«De las conductas señaladas se advierte dilación institucional por parte de esta Fiscalía, así como una absoluta ausencia de empatía, trato solidario y nula vocación del servicio que se le debe brindar a quienes acuden a denunciar cualquier conducta delictiva», aceptó la FGJEM.
La institución informó que no descarta ampliar la indagatoria a otros servidores públicos.
Por delitos vinculados a la desaparición, secuestro y muerte de Fernandito, tres personas identificadas como Carlos, Lilia y Ana Lilia están bajo proceso con medida cautelar de prisión preventiva, y podrían enfrentar sentencias de hasta 160 años de prisión.