Mandatarias y mandatarios de 13 estados expresaron su respaldo a la estrategia de seguridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum y aprovecharon para presentar propuestas específicas para atender problemas locales, desde la extorsión hasta el reclutamiento de jóvenes por parte de la delincuencia.
Luego de que la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, tomó la palabra para pedir que fueran escuchados, un comentario fuera del programa, otros 13 representantes estatales tomaron la palabra, en el marco de la 51 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Con esto, los titulares de los Gobiernos estatales presumieron logros en sus gestiones y propusieron temas del fuero común en el marco de la estrategia federal.
La Gobernadora de Guanajuato, Libia García, destacó que la coordinación con la Federación permitió una reducción del 60% en los homicidios dolosos en su Estado.
Señaló que Guanajuato pasó de encabezar los indicadores de violencia a convertirse en un modelo replicable de trabajo conjunto basado en inteligencia.
La Gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, solicitó que se establezca un mecanismo mensual de seguimiento entre los enlaces estatales y la Federación para homologar protocolos de inteligencia y Policía cibernética. Además, propuso impulsar reformas que permitan blindar al sistema bancario contra operaciones de extorsión.
El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, pidió flexibilizar la Ley de Disciplina Financiera para poder contratar más policías y ministerios públicos.
También advirtió que las centrales camioneras se han convertido en puntos de reclutamiento de jóvenes para grupos criminales, por lo que propuso homologar sus reglas de seguridad con las de los aeropuertos.
El Mandatario Esteban Villegas resaltó que Durango, pese a su dispersión geográfica y comunidades pequeñas, mantiene buenos indicadores de seguridad.
Recordó que el mando especial en la Comarca Lagunera con Coahuila ha convertido a la región en una de las más seguras del País.
Mauricio Kuri, de Querétaro, subrayó que en su Estado se fortaleció la justicia cívica como medida preventiva, evitando la saturación de las fiscalías y atendiendo delitos menores en las comunidades.
La Gobernadora de Morelos, Margarita González, planteó la necesidad de una política nacional penitenciaria para separar delitos del fuero común de los graves, debido al aumento de detenciones.
También pidió mejorar la coordinación en la aplicación de recursos municipales para seguridad.
Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán, alertó sobre la participación de extranjeros, principalmente venezolanos y colombianos, en delitos de delincuencia organizada en la entidad.
Dijo que en lo que va del año se han detenido a 55 personas extranjeras vinculadas a fraudes y crimen organizado.
El Mandatario Sergio Salomón Céspedes informó que Puebla redujo en 51% los feminicidios y destacó la coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional en carreteras y en el combate al robo de hidrocarburos.
También denunció el auge de mercancías ilegales ligadas a la extorsión.
El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, consideró urgente cuantificar mejor el impacto de la extorsión y propuso estudios sociológicos y antropológicos para identificar perfiles criminales, incluyendo feminicidas, con el fin de atender las causas de la violencia.
Rocío Nahle, de Veracruz, presentó hasta una aplicación y código QR que permite a mujeres en riesgo recibir protección inmediata de jueces en línea y patrullas.
Desde marzo, dijo, se han atendido más de 600 alertas.
En tanto, la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, reconoció el acompañamiento del Gabinete de Seguridad en la detención de objetivos prioritarios.
Señaló que en su Estado, los delitos de alto impacto se han reducido un 54% en lo que va del año, gracias a la coordinación diaria en mesas de seguridad.
Al final de la ceremonia, en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum saludó de mano a cada uno de los Mandatarios.
En ese paso, la Alcaldesa de Tepic, en Nayarit, Geraldine Ponce, aprovechó para tomarse una selfie con la titular del Ejecutivo federal.