Cuando se pensaba que el compromiso adquirido de los comités de evaluación de los tres poderes del Estado, serían los únicos en el proceso para dar a conocer, quiénes de los aspirantes a integrarse como juzgadores en el Poder Judicial estarán en la boleta electoral, surge el interés político entre los partidos Morena y Acción Nacional, prevaleciendo el gobierno de casa para dejar fuera del proceso a juristas destacados que simplemente no se aceptan por parte del gobierno en turno.
El proceso de destrucción del poder judicial federal y en todos los estados del país, está casi terminado, numerosos juzgadores han solicitado su retiro y en otros más, han renunciado a la posibilidad de participar en el proceso, abriendo el abanico de posibilidades para que ingrese sangre nueva, aunque no cuenten con los perfiles adecuados, finalmente la curva de aprendizaje, se espera sea de cuando menos 5 años y las consecuencias para la ciudadanía, se mantendrá cuando menos los dos próximos decenios, pero eso no importa porque para entonces la máxima autoridad en el estado, habrá dejado el gobierno.
La participación que se había presentado en un principio para renovar las vacantes de juzgadores, se realizó de manera muy lenta, generando desconfianza e incertidumbre entre los tres poderes, por lo que se invitó a empleados y funcionarios en activo a participar, finalmente con carrera en derecho, buen promedio y las cartas de los vecinos, se aumentó exponencialmente la inscripción, generando la impresión de interés generalizado.
Sin embargo, el verdadero interés por apoyar a determinados personajes, no estará seguro, será muy sorpresivo, porque no saldrán las cuentas como quieren los interesados por lo complejo de la votación, siendo exactamente como lo plantearon, como una rifa, donde los que salgan, no van a saber ni cómo llegaron, pero además el hecho de que estén en la boleta, no les garantiza que saldrán electos, o con la mayor votación.
Llamó la atención lo expresado por el diputado Oscar Daniel Avitia Arellanes, quien al término de su intervención en el Congreso, dio a conocer que su postura y voto a favor, contó con la autorización de su partido a nivel nacional.
Como si fuera poco, a este ya desaseado procedimiento de selección de juzgadores, se suma la entrega de 29 personajes del crimen organizado al vecino país del Norte, como una ofrenda al presidente Trump, para que retarde más la activación de aranceles a partir del 3 de marzo.
Si desde el 2006, en nuestro país se tiene el registro de que han sido más de 450 mil personas asesinadas y 150 mil desaparecidas, de cuántos serán responsables de manera directa estos 29 capos extraditados.
Y si nos fuéramos más atrás en los tiempos de Caro Quintero y Félix Gallardo, el conteo de muertes sería mucho mayor.
Es increíble saber que una amenaza arancelaria pesó más de 500 mil muertos.
En 40 años no hubo gobierno dispuesto a entregar a los capos, hasta hoy que está en juego la economía del país, los muertos no valen, los impuestos sí.
Ojalá y esta entrega no genere una reacción violenta por parte de las estructuras criminales en contra de la sociedad, porque finalmente si es negocio, seguramente continuará.