El pasado jueves 13 de marzo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con lo que se delinea la estrategia de modernización de la manera en que el gobierno contrata obras, proyectos y servicios. Esto tiene como base una histórica proclividad gubernamental a realizar las cosas de una manera opaca, convirtiéndose en un terreno fértil para la proliferación de la corrupción que, en última instancia, termina beneficiando a las mafias que se aprovechan del erario sin la obligación de rendir cuentas. Esta iniciativa representa un cambio fundamental en términos de eficiencia, transparencia y ahorro de recursos.
Aunque esta reforma implica cambios profundos en muchos campos de la administración pública, voy a comentar los pilares más importantes. Uno de ellos es la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas en sustitución de CompraNet, que cumplió un ciclo importante en las adquisiciones del gobierno, pero que terminó por convertirse en una herramienta de protección para ciertos grupos económicos, dejando desprotegido al sector público en cuanto a la posibilidad de obtener las mejores condiciones de negociación. Con la nueva plataforma, los procesos de adquisición serán totalmente automatizados, lo que acelerará los procedimientos y, sobre todo, reducirá la discrecionalidad y la corrupción. También permitirá auditorías en tiempo real y fortalecerá la fiscalización de las compras.
Otro punto importante de la nueva ley es la implementación de una Tienda Digital del Gobierno Federal, que permitirá a las instituciones adquirir bienes y servicios de uso común de manera transparente y rápida, evitando procesos burocráticos. Centralizar este tipo de compras evita que el gasto se fragmente, pero sobre todo propicia la economía de escala a través de compras consolidadas, lo que permite obtener ahorros y mejores condiciones de precio, calidad y garantías.
Uno de los puntos que considero primordiales en esta reforma es el establecimiento de que al menos el 65 % del monto anual contratado por la administración pública federal se realice mediante licitación pública. Históricamente, una parte sustancial de las adquisiciones de gobierno se ha realizado por adjudicaciones directas o invitaciones restringidas, lo que abre el espacio a favoritismos o incluso sobornos. Esta reforma fomenta una competencia sana, pero, sobre todo, contribuye a que los contratos se otorguen a empresas que brinden eficiencia y costo-beneficio para el Estado mexicano.
La reforma propone la creación de un Comité de Compras Estratégicas con la tarea de determinar las compras consolidadas y asegurar una eficiente planeación de la adquisición de bienes y servicios. Con este organismo, también se busca evitar las duplicidades en las compras y optimizar los recursos mediante la reducción del desperdicio de dinero, logrando que los procesos respondan a verdaderas necesidades del sector público.
Esta propuesta de la presidenta Sheinbaum da un paso adicional al incluir en los procesos de contratación la figura del testigo social. Con esto, los representantes de la sociedad civil podrán revisar los contratos y, en su caso, denunciar las irregularidades en tiempo real. Este ingrediente de incluir a la ciudadanía en la vigilancia de los recursos gubernamentales es un paso firme hacia la transparencia efectiva y la confianza.
Personalmente, considero que esta iniciativa es fundamental para la administración pública. En mi etapa como presidente municipal, pude ver de primera mano la importancia de manejar el erario de manera eficiente y abierta a la sociedad. Nosotros logramos que el 80 % de las adquisiciones del gobierno municipal fueran por licitación, además de que hicimos que las licitaciones fueran realmente públicas al transmitirlas en tiempo real por redes sociales, para que toda la sociedad pudiera enterarse de que cada peso que se gastaba se hiciera de cara a la sociedad.
Estoy convencido de que la propuesta de la presidenta responde a una necesidad urgente de transformar el sistema gubernamental de adquisiciones para liberarlo de cualquier atisbo de corrupción y despilfarro. El uso de tecnología, aunado a la participación ciudadana, marcará un antes y un después en la gestión de recursos gubernamentales.