Los comerciantes de esta frontera han estado siendo hostigados y la Cámara Nacional de Comercio ya está tomando cartas en este asunto. Y es que ante el constante hostigamiento por parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) hacia estéticas, restaurantes, salones de fiestas, tiendas de abarrotes y hoteles, la Canaco alza la voz frente a los procedimientos en los que, también está involucrado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Bajo el amparo de un convenio entre el IMPI y la SACM, se están llevando a cabo visitas de inspección a empresarios juarenses para verificar si reproducen música con derechos de autor.
Esta sociedad solicita cobros que van desde mil hasta 50 mil pesos mensuales, por derechos de canciones que afirman tener registradas. Canaco sostiene que no permitirá actos intimidatorios ni arbitrarios en contra de sus agremiados. Iniciando la defensa legal frente a cada procedimiento injusto. Con esto Canaco busca respaldar y proteger a quienes construyen el desarrollo económico de Ciudad Juárez. Lo primero que buscan es que se detengan los procedimientos irregulares en perjuicio del comercio.
Hay preocupación e interés en llevar esta situación hasta las más altas esferas y, por lo mismo, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Juárez, Iván Pérez, solicitó de manera formal una reunión con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ante el clima de incertidumbre y hostigamiento del que están siendo víctimas comerciantes y empresarios.
En una carta, Pérez solicitó la intervención de Ebrard para que se detengan los procedimientos irregulares por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en colaboración con la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) en perjuicio del comercio organizado.
Solo el pasado fin de semana se ejecutaron 24 ‘inspecciones’, en las que amenazaron a estéticas, restaurantes, salones de fiestas, tiendas de abarrotes y hoteles con la exigencia de cuotas por supuesto concepto de Derechos de Autor.
De negarse, dice el escrito, se les amenaza con procesos penales. Sin embargo, el artículo cinco de la Ley Federal de Propiedad Industrial establece la competencia del IMPI, de lo cual se advierte que no tiene competencia originaria para inmiscuirse en temas de derechos de autor.
Ante esto, Iván Pérez, líder de Canaco solicitó al secretario de Economía que interceda para que el IMPI no sea usado por la Sociedad de Autores y Compositores para aparentar, ante los empresarios, ser el brazo ejecutor para obligar a que se acceda al pago de sus cuotas por derecho de autor.
Por todo esto Canaco hace un llamado dirigido al secretario de Economía, a quien solicita de manera formal una reunión para exponer directamente esta problemática y buscar soluciones que restablezcan la confianza en las instituciones, garanticen la seguridad jurídica del sector empresarial y así proteger el estado de derecho.
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Federal de Propiedad Industrial establece claramente la competencia del IMPI, de lo cual se advierte que NO tiene “competencia originaria” para inmiscuirse en temas de derechos de autor. Cierto, el IMPI es el organismo encargado de regular y proteger la propiedad industrial en México. Esto incluye:
Marcas: Regula el registro y uso de marcas comerciales para distinguir productos y servicios.
Patentes: Protege invenciones y modelos de utilidad, otorgando derechos de exclusividad al inventor. Diseños Industriales: Protege la apariencia estética de productos, como muebles, ropa, etc.
Avisos Comerciales: Protege nombres y símbolos utilizados para identificar una empresa.
Por ello, los empresarios juarenses cuestionan firmemente la “legitimidad” de los procesos iniciados a empresarios para inspeccionar sus negocios en temas de derechos de autor.
Organismos integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, han externado su adhesión a esta postura ya que también han sido sujetos de estas supuestas inspecciones. De manera contundente Canaco alza la voz en defensa de los empresarios de Ciudad Juárez. No van a tolerar el uso indebido de las instituciones públicas para intimidar al comercio local. Les preocupa profundamente que estos procedimientos presuntamente beneficien intereses particulares y debiliten la confianza institucional.