Mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) de México creció apenas 1.2% en 2024, el Gobierno federal agregó más de 2.6 billones de pesos en nueva deuda pública, lo que representa uno de los mayores incrementos anuales en la historia reciente. Esta combinación —endeudamiento acelerado y crecimiento débil— lanza señales de alerta sobre la sostenibilidad fiscal del país.
Al convertir ese aumento a dólares, usando un tipo de cambio promedio de 17.2 pesos por dólar, se trata de aproximadamente 156 mil millones de dólares en nueva deuda. En contraste, el crecimiento económico agregado fue de apenas 22 mil millones de dólares, ese año. Había elecciones.
¡En otras palabras, la deuda creció más de siete veces lo que creció la economía!
Pero si ese financiamiento no logra detonar actividad económica, se convierte en una carga sin retorno. Es decir, el Gobierno se endeuda para regalar dinero, pero al país no le deja más que deudas a todos los plazos y altos intereses que pagar, dinero que pagan los contribuyentes.
El Producto Interno Bruto (PIB) de México cerró 2023 en aproximadamente 1.789 billones de dólares, de acuerdo al Banco Mundial y es el dato más reciente que se cuenta, por lo que calcularemos su avance a precios corrientes, en un ejercicio bastante simple, pero ilustrativo, aclarando.
Con un crecimiento de apenas 1.2% en 2024, según el Inegi, el tamaño de la economía se ubicaría en torno a 1.81 billones de dólares, un avance modesto en un contexto global donde las economías emergentes deberían crecer más rápido para cerrar brechas estructurales.
Este crecimiento marginal, sin embargo, contrasta con un dato clave para las finanzas públicas: la deuda pública sigue creciendo con fuerza, incluso cuando el país no lo hace. Es falso que los países pueden endeudarse sin consecuencias, es un mito muy arraigado y dañino.
Para 2025, las proyecciones oficiales y privadas coinciden en que la economía mexicana crecerá poco o nada. La combinación de tasas de interés altas, bajo dinamismo del comercio global, y una menor inversión pública en infraestructura (al concluir los proyectos emblemáticos del sexenio) sugiere un estancamiento.
En cambio, la deuda pública seguirá en ascenso. De hecho, se prevé que México agregue 1.4 billones de pesos en nueva deuda tan solo en 2025, según el presupuesto de egresos de la Federación.
Esto genera una paradoja preocupante: se incurre en más deuda sin que esa deuda se traduzca en más crecimiento. Tradicionalmente, el financiamiento público —cuando se usa de manera eficiente— debería impulsar proyectos productivos, infraestructura, o estabilizar el consumo interno en épocas de bajo crecimiento.
Pero si ese financiamiento no logra detonar actividad económica, se convierte en una carga sin retorno.
El problema de fondo es que el endeudamiento sin crecimiento desequilibra la relación deuda/PIB, uno de los indicadores clave que observan calificadoras y mercados financieros.
Si la deuda crece y el PIB no, el país luce más riesgoso. Aunque México todavía tiene una deuda pública un tanto moderada en comparación con otras economías emergentes, la tendencia de los últimos años —especialmente desde 2020— muestra un aumento acelerado, con poco impacto en productividad o empleo estructural.
Cuando entró a gobernar el señor López Obrador, la deuda era de 10.5 billones de pesos, hoy se encuentra en más de 17.5 billones y creciendo. Quiere decir que el señor López agregó un equivalente a casi el 80 por ciento de la deuda anteriormente existente.
En términos reales, mientras la economía agregó solo unos 21 mil millones de dólares en tamaño en 2024, la deuda pública en pesos se incrementó en cerca de 2.4 billones (aproximadamente 156 mil millones de dólares al tipo de cambio promedio de ese año).
En otras palabras, la deuda contraída ese periodo, creció a un ritmo más de 7.4 veces al monto que lo hizo la economía en 2024. Esta brecha debería encender alertas.
Para 2025 se repite la dosis, cero crecimiento económico, pero sí de endeudamiento.
Uno de los riesgos más visibles es la presión sobre el presupuesto federal. Cada peso que se dedica a pagar intereses o amortizar deuda es un peso que no va a educación, salud o inversión.
En 2025, el costo financiero de la deuda ya será uno de los tres principales gastos del Gobierno federal, rivalizando con pensiones y transferencias sociales.
Además, el hecho de que buena parte de la nueva deuda se esté utilizando para gasto corriente o subsidios de corto plazo —y no para proyectos con retorno económico claro— debilita el argumento de que endeudarse es una inversión. Lo convierte en una muleta fiscal, necesaria para mantener operando al aparato público, pero sin generar los cimientos para un crecimiento sostenido.
Este escenario también reduce los márgenes de maniobra de la próxima administración. Si recibe un país con menor crecimiento, mayores obligaciones financieras y menor inversión pública programada, su capacidad para responder a crisis o hacer ajustes estructurales será más limitada.
En resumen, el aumento de deuda sin crecimiento es insostenible en el mediano plazo. Aunque México aún goza de acceso a mercados internacionales y una percepción de cierta disciplina fiscal, mantener esa reputación requiere que el endeudamiento tenga una justificación clara en términos de desarrollo.
Endeudarse para regalar dinero para mantener el poder, puede funcionarle al régimen, pero no al país.
De lo contrario, el país corre el riesgo de entrar en una espiral donde se gasta más, se crece menos, y se compromete el futuro fiscal sin retorno.