Los niveles de nerviosismo y estrés social que normalmente padece la ciudad, a veces apenas perceptibles, otras ocasiones notorios, han ascendido durante las últimas semanas.
Finalmente, aún encumbrados líderes del sector privado, político y gubernamental (en los tres niveles, municipal, estatal y federal) concluyeron que el calificado “amarillismo de algunos medios” no es otra cosa que el reflejo de la realidad comprobada en las calles, amenazante para todos, no solo para quienes desgraciadamente ahora forman parte de la estadística delictiva.
Callaron las voces de las críticas al manejo mediático periodístico porque los hechos develaron una situación desafiante en materia de secuestros, extorsiones, asesinatos y asaltos bancarios, que ha empezado a ser enfrentada con firmeza y, sobre todo, con urgencia.
Los diques de la autoridad han resistido por el carácter fuerte de la gobernadora, Maru Campos; el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar y por un acompañamiento institucional innegable del Ejército y la Guardia Nacional.
A media semana detallaron aquí estrategias de combate a las que darán seguimiento en los próximos días también presencialmente en esta frontera.
Los delincuentes, que son tozudos, perseverantes y retadores gracias a las poco disimuladas complicidades que han logrado con mandos policiacos igual municipales, estatales, que de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), aprovechan todos los resquicios para seguir a flote.
En ese entorno pudo un grupo de agentes ministeriales meterse a una casa de cambio de la Gómez Morín y quedarse con el 20 por ciento de poco más de un millón de dólares posiblemente manejados de manera irregular por sus dueños. El mundo investigador, militar, federal e inclusive estadunidense tomaron con asombro nota del hecho.
A la clase empresarial, notarios, operadores inmobiliarios y abogados, les sorprendió y les mantiene asustados saber la facilidad con la que reapareció en la ciudad un fantasma del Cártel de Juárez papá (convertido ahora en Nuevo Cártel de Juárez Jr.).
Los miembros de una célula profesional delictiva fueron deslizados con uniformes de policía hasta la sala de una residencia ubicada por atrás del Seminario. Presentaron a su principal inquilino, “facturas” de algunas cuentas pendientes, (propiedades), que habría recibido como encargo desde que Vicente Carrillo y familia empezaron a “rentar” la plaza a los jefes que le siguieron y a los actuales.
La jefatura del comando fue atribuida a Efrén Herrera (sobrino de un capo del mismo nombre), cuya familia controló Durango muchos años hasta que fueron desplazados por Los Cabrera-Mayos. Su intervención en esta frontera fue fundamental para que los Carrillo retuvieran la plaza frente la guerra contra el Cártel de Sinaloa entre el 2007-2011.
El comando tocó esa puerta; bueno, no la tocó, se metió a la residencia sin pedir permiso; y lo mismo hizo con el notario Del Villar y con un par de empresarios inmobiliarios más. A ciencia cierta no sabemos la cantidad de propiedades “recuperadas”, pero nomás en efectivo se llevaron 100 mil dólares de una de las casas.
Para el entorno social nada pequeño relacionado voluntaria o involuntariamente a ese grupo armado, representó una dosis importante de mayor preocupación porque sus miembros ingresaron con facilidad a la ciudad, no podemos creer que sin apoyo de corporaciones policiacas y/o de otros grupos delictivos locales.
Encendieron sirenas de los vehículos tripulados por calles y avenidas, incursionaron en fraccionamientos exclusivos sin más necesidad de contraseñas que claves policiacas, cumplieron su objetivo (hasta donde sabemos) y regresaron por donde llegaron sin ser molestados en los llamados “perímetros” de seguridad implementados por policías y militares. “Si le pasó al licenciado (Fulano) le puede pasar a cualquiera”, repitieron testigos presenciales o de oídas.
La pensaron mucho los afectados en poner denuncia, hasta hablaron con jefes preventivos y ministeriales. Concluyeron que puede ser más sano el silencio.
Antes de esos hechos correspondientes a la alta escuela (grabados por cámaras tanto de la casa de cambio como de las residencias vulneradas) fueron sobrecogedoras las imágenes turbantes, de los cinco jóvenes víctimas de mortales drogas sintéticas en una sola noche, de los dos jóvenes secuestrados y mutilados de dedos de sus manos; (el hecho incrementó la cifra de raptados a 30 en el año), y la estadística de asesinatos que ascendió a casi 80 en mayo; va en 20 en apenas ocho días de junio, incluida una masacre de cinco.
Ha movido por igual a profundas reflexiones en distintos sectores, sobre todo el de la sociedad civil organizada, el gubernamental y el sector privado, la contraparte de las víctimas de secuestro, sus verdugos; ejércitos de menores y adolescentes involucrados en delitos de muy alto impacto sin experiencia ya no en disparar un arma, sino en manejar un cuchillo para mutilar a sus víctimas.
Algunos líderes sociales han tenido acceso a videos sobre esos hechos y han observado con pasmo la frialdad inhumana de los casi niños, cuchillo de cocina en mano, batallando para cercenar el dedo a una de sus víctimas mientras otro graba el tormento indescifrable para enviar las tomas a sus familias.
Ciertamente, las condiciones sociales difíciles, los entornos llenos de amenazas que vulneran la formación infantil, juvenil y adulta, y que endurecen negativamente personalidades, el carácter, llevan a cometer actos de la naturaleza brutal narrada.
Es verdad sabida que aún esas situaciones hasta de extrema pobreza no justifican ningún grado de violencia contra los semejantes, en particular cuando en algunos de estos casos las víctimas también son igual de jóvenes, y paradójicamente, de la misma condición social.
Porque no son crímenes de “alta escuela”, ni mediana, son de alto impacto por los métodos salvajes utilizados, pero cometidos contra víctimas humildísimas, con sueldos no superiores a los tres mil pesos semanales. De dónde sus familias pueden pagar 100 mil de rescate, o 200 mil, ni pensarlo un millón. No hay capacidad en los delincuentes ni para este análisis.
Uno de los agredidos fue secuestrado cuando salía de su trabajo casi a la media noche de un día cualquiera. Trabajaba en una franquicia de hamburguesas ubicada por Las Torres. Así ese y otros que le han seguido.
A diferencia de los agresores, los raptados trabajan duro para ganar mil 500 o dos mil pesos a la semana. Igual que ellos, miles de muchachos buscan superar su condición humilde de esa forma y no a costa de dañar a los demás.
Sufrirán las víctimas de por vida el trauma de haber sido agredidos verbalmente, de haber padecido golpes con armas blancas, de ser mutilados de pezones o dedos, de escuchar el espanto de sus padres cuando recibieron la videollamada de los malechores para exigir pago por el rescate. Y los detenidos por algunos de esos hechos pasarán su juventud y edad adulta en la cárcel, más de 50 años de prisión.
La amenaza debe disminuir y esperemos que desaparezca, al menos esta de secuestros ejecutados por niños y adolescentes. Arturo Velasco, renunciado Fiscal Especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestros pudo comprobar a otros jefes policiacos y autoridades políticas que las víctimas de rapto no son, como tradicionalmente había sido, participantes de pandillas rivales o con deudas por narcomenudeo o migrantes.
Probó, y detuvo, a cerca de 200 prácticamente muchachos involucrados en secuestros tanto de juarenses ajenos a actividades criminales como de extranjeros, migrantes connacionales y hasta ciudadanos estadunidenses, uno o dos de ellos muertos en cautiverio.
Velasco y sus agentes investigadores lograron saber que todo fue urdido por mentes criminales sentenciados de por vida a prisión en el Cereso estatal 3; uno de ellos apodado “El Chicles” y al menos seis más, todos integrantes de la pandilla La Empresa-Línea, que se quedaron sin ingresos por tráfico de migrantes y pasaron secuestro general.
La radiografía completa ha sido puesta en manos de todas las autoridades, de ahí el último encuentro de coordinación de seguridad llevado a cabo aquí, con la gobernadora al frente. En esta reunión el Fiscal General, César Jáuregui, extendió su reconocimiento a la Policía Municipal por coordinarse con el Estado para el combate a ese delito y prometió frenar de golpe la deleznable actividad.
Tienen todo los policías para evitar más sufrimiento a la ciudad en ese… y todos los delitos.