Cuando hablamos de gatopardismo, nos referimos a la idea de que las cosas deben de cambiar para que sigan igual. En este sentido, considero que el proceso electoral judicial es una muestra de gatopardismo político; una supuesta reforma para que, al final, llegaran los que el poder quería que llegaran.

Resulta irónico que se hayan tenido que gastar casi ocho mil millones de pesos, para que al final entraran los que el gobierno promovía. Ese recurso se pudo haber ahorrado o haberlo invertido en las tantas necesidades que existen en el país, y evitar esa simulación. Y digo que es una simulación porque es una elección donde el gobierno filtró a los que debían de ser candidatos, posteriormente repartió acordeones, e incidió en el proceso electoral para que llegaran los propios. Los votos se cuentan en secreto, sin que nadie pueda intervenir. Es decir, salió más caro el remedio que la enfermedad.

Desde que empezaron a circular versiones periodísticas hace más de un mes, se decía quiénes eran los palomeados por el oficialismo. Ahora, ‘sorpresivamente’ ganaron los mismos que el gobierno promovía y de los que la prensa daba cuenta en su momento.

En términos generales, insisto, lo del domingo pasado fue una simulación. Si hubieran mantenido la estructura judicial como se encontraba, hubieran podido meter a ministros y consejeros de la judicatura afines a su pensamiento. Así sucede en los países desarrollados; es inevitable moldear la rama judicial. Sin embargo, no se hace todo de un jalón. Aquí, como Morena lo hace todo al revés, primero tenían a los ministros y juzgadores y luego vino la elección para ‘legitimarlos’.

En este caso, la elección judicial tuvo menos del 13% de participación ciudadana. Si lo que buscaban era dotar de ‘legitimidad’ a los juzgadores (quienes no son representantes de nadie) no lo consiguieron, pues casi 9 de cada 10 mexicanos decidió no participar. Si usted hubiera organizado una fiesta, y hubiera invitado a diez personas y solo una acudió, ¿diría que la fiesta fue un éxito? Evidentemente no.

Aunado a lo anterior, el nivel de votos nulos es desproporcionado. Cerca del 20% de los votos fueron nulos en la pasada elección. Eso reduciría todavía más la participación ciudadana efectiva en esta elección.

El festival de acordeones, acarreo, manipulación, entre otras cuestiones, dejan al descubierto que todo este proceso fue una farsa. Ahora, llegarán a impartir justicia muchos que no están preparados para ello. Si bien todavía no terminan de computarse todas las actas, respecto a la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, así como la Sala Superior del Tribunal Electoral, ya tenemos nombres que han ido surgiendo.

Primeramente, a la Corte llegaron puros personajes vinculados de una u otra forma a López Obrador. Hugo Aguilar Ortiz será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aguilar no tiene experiencia judicial, ni una trayectoria académica sobresaliente. Fue el Director Jurídico del Instituto Indigenista (ya ni sé cómo se llama ahora, con tanto cambio de nombre) en tiempos de AMLO. Desde ahí operó las consultas a los pueblos indígenas para proyectos como el Tren Maya, mismos que fueron calificados como viciados por organismos internacionales.

Se ha tratado de vender por parte del oficialismo a Aguilar como un indígena que llega a la Presidencia de la Corte. En lo personal el tema étnico me tiene sin cuidado. Las personas que ocupan un cargo de responsabilidad deben ocuparlo por sus méritos y capacidad, no por una cuota de origen racial o incluso por los votos.

En segundo lugar, aparece Lenia Batres, quien se ha distinguido por la falta de conocimiento en la materia constitucional y en general del derecho. Recién llegó a la Corte, Lenia Batres fue dada a conocer en un video donde sale sosteniendo una pelea en una vecindad. Cuando vi ese video, pensé que era una parodia del Chavo del 8, pero después supe que el video era real. Lenia además ha sido acusada de ser ‘paracaidista’ en la Ciudad de México, es decir, invasora de inmuebles ajenos.

Posteriormente, se integra a la Corte Yasmín Esquivel, quien fue acusada de plagiar su tesis profesional, entre otras cosas.

Igualmente, Loretta Ortiz Ahlf se integrará a la Corte. De ser una académica respetada, ahora representa lo más regresivo del sistema. Estas últimas tres son ministras actualmente y lo serán a partir de septiembre por un periodo de doce años.

En la integración de la Corte hay un académico de la Universidad Iberoamericana, y otro académico de la Universidad Autónoma de Baja California que tiene experiencia jurisdiccional: fue juez del tribunal universitario de dicha universidad.

En general, la integración del máximo tribunal de México deja mucho que desear. Atrás quedaron los perfiles de juristas destacados y se dio pie a una integración politiquera. Esa Corte avalará todos los excesos del régimen en detrimento de los derechos de la ciudadanía.

Ahora bien, en relación con la nueva figura del Tribunal de Disciplina Judicial, el obradorismo acomodó a Bernardo Bátiz, quien fuera Procurador de Justicia de la Ciudad de México. Este tribunal fungirá como un policía de juzgadores, pues tiene enormes facultades para sancionarlos. Es donde verdaderamente descansará el control judicial que pretende tomar el gobierno.

En relación con los magistrados y jueces federales votados en el Estado de Chihuahua, al momento de escribir este artículo, el cómputo se encuentra en casi el 90% de actas computadas. Parece que los perfiles impulsados por las corrientes políticas del corralismo y el loerismo (esta última es la jefatura de ayudantía de la primera) se van a quedar sin cuadros visibles en el Poder Judicial.

Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, candidato a magistrado federal, fue un juez de consigna del corralato. No lo digo yo, lo dijo él mismo. El 12 de enero de 2022, diversas fuentes informativas (entre las que destacan El Diario, Milenio, López Dóriga, entre otras) publicaron que Samuel Uriel Mendoza Rodríguez atendió presiones que ejercía el gobierno de Corral para la emisión de determinadas resoluciones judiciales que involucraban a la gobernadora Maru Campos. Se dijo ‘presionado’ cuando yo diría que más bien se coludió con el régimen de Corral. Los jueces deben resistir presiones de toda naturaleza. Si no las resisten, entonces no son buenos jueces.

Con esa desfachatez, Mendoza se lanzó como candidato a magistrado federal. Hasta el momento de escribir estas líneas, está fuera con los votos que tiene. Esperemos que no cambien las circunstancias porque Mendoza es un juez que no tiene el talento ni el talante para serlo, menos para ser magistrado.

Por otro lado, el grupo del Senador Loera (apéndice del corralismo) impulsó a José Luis Contreras Cruz, un cuestionado abogado que trabaja con el equipo de Loera. Según información dada a conocer en el medio electrónico La Opción, Contreras enfrenta varias denuncias muy delicadas, además de haber andado ‘vendiendo’ asesorías y apoyo de la estructura de Loera a otros candidatos a jueces.

Ese mismo grupo impulsó al abogado Marino Torres Chuca para el cargo de magistrado. Hasta este momento, aparece en penúltimo lugar de las votaciones. En el mismo sentido se encuentra otro juez de consigna del corralismo, Iván Alejandro Legarda, quien aspiraba a ser juez federal.

Con estos resultados (todavía preliminares) en Chihuahua, llegamos a dos conclusiones. La primera es que Corral y su equipo no organizan nada, y son incapaces de operar cualquier tema. En segundo término, con este resultado gana la justicia y pierde el corrupto corralismo. Hago votos porque los resultados dejen fuera a estos personajes de la importancia tarea de juzgar.

Para todos aquellos abogados y licenciados en derecho que se postularon y no resultaron electos, les digo lo que ya les había dicho: el poder solamente dejó pasar a sus afines. Es decir, hay quienes hemos sido críticos de esta reforma y ni siquiera votamos porque sabíamos que representaba una enorme farsa. Ahora no han sido electos y además serán señalados por sus colegas por haber participado en ese circo.

Por otro lado, expreso mi reconocimiento a todos aquellos que estaban en la judicatura antes de la reforma. Esa es su vocación y un gobierno corrupto terminó con sus planes profesionales. No tenían otra opción más que participar.

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