Ciudad de México.- El Gobierno Federal está implementando el programa “Salud casa por Casa” en donde personas facilitadoras de la salud realizan visitas periódicas a las casas de los beneficiarios para garantizar la atención y seguimiento del estado de salud de las personas de 65 años de edad en adelante y personas con discapacidad que ya reciben pensiones y que son parte de los Programas para el Bienestar. Las visitas serán efectuadas por más de 20 mil profesionales de la salud que brindarán atención médica preventiva y primaria, revisarán signos vitales, podrán hacer curaciones e incluso algunos estudios, además de prescribir medicamentos que ya les hayan sido recetados previamente a las personas.
Este programa me hizo recordar que hace más de 20 años tomé una capacitación sobre el modelo educativo por competencias. El ponente era un cubano, y en una charla informal —fuera del tema educativo— hablábamos sobre política. Me comentaba que en ese entonces —desconozco si actualmente es igual— los médicos visitaban casa por casa realizando medicina preventiva, pero también cumplían labores 'policiales', ya que el programa era para toda la sociedad. A diferencia de aquí, donde está focalizado en un sector, ellos informaban al gobierno sobre las condiciones generales y particulares de las personas y sus hogares, además de registrar a quienes ya habían huido de la isla.
En esencia este programa es noble y necesario para fortalecer el sistema público de salud. Ojala se implemente con eficiencia, transparencia y sin tintes políticos. Su éxito debe medirse por la mejora tangible en la vida de los atendidos, no por réditos partidistas.
Sin embargo, el IMSS y el ISSSTE tienen severas deficiencias desde siempre, pero desde el 2018 se han incrementado más. Prevalecen las largas listas de espera para cirugías, desabasto de medicamentos, unidades saturadas y personal sobrecargado. Este malestar generalizado entre los derechohabientes exige atención y soluciones inmediatas, no solo promesas que no cumplen. Urge que la 4t rectifique.
La creación de nuevos programas es importante, pero no pueden ser prioritarios mientras no puedan resolver los problemas elementales que padecen el IMSS e ISSSTE. La salud es un derecho universal, no un botín electoral.
Mientras los mandos medios y altos de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo disfrutan de sueldos desproporcionados —ajenos a la realidad económica del país—, que si les alcanza para una atención médica privada de primer nivel o bien recibir trato preferencial en instituciones públicas. La sociedad debemos exigir que sus remuneraciones se ajusten a las condiciones reales de México. Solo así, al verse privados de tantos privilegios, comprenderán la necesidad de un sistema de salud público digno para todos.