-Cuarón, apellido usado para abandonar cadáveres
-Cinco focos rojos fuera de Chihuahua y Juárez
-El bombardeo de Trump contra los fenta-dólares
-Duarte resucita… pero nomás en redes
Ha salido algo del peine con relación al desparpajo, la desvergüenza, la franca deshumanidad; y desde luego, la ilegalidad, en la que se amparaba el dueño de funerarias y el crematorio que cobró por incinerar más de 380 cadáveres, pero terminó arrojando los cadáveres en un predio del lugar conocido Granjas Polo Gamboa.
El propietario se llama José Luis Arellano Cuarón, cuyo segundo apellido dice mucho entre los apellidos de gran reputación en la ciudad, incluido el mismo de la misma familia participante al principio de la administración de Javier Corral Jurado.
Tras el hallazgo de los primeros cuerpos, de inmediato los policías investigadores fueron tras el dueño del predio, un pariente de Arellano, al que hallaron en un table dance.
El individuo de inmediato apeló al apellido Cuarón para tratar de librarla; no lo consiguió y soltó de inmediato el nombre de Arellano Cuarón como el dueño de las funerarias, del supuesto crematorio y, por lo tanto, responsable de los cadáveres.
Quedó libre el detenido en el centro nocturno, pero suponemos que ahora está apresado el culpable directo del desastre y su empleado en el traslado y abandono de los cuerpos, Facundo Martínez Robledo.
Sin duda por la mente de Arellano solo pasó que de nuevo podía recurrir al apellido Cuarón para librarse del deshumanizado brete al que solito se metió por robar al dinero recibido para cremar a los muertos.
A ver qué dicen hoy los Fiscales General, César Jáuregui; y de la zona norte, Carlos Manuel Salas, empujados ayer por la gobernadora, Maru Campos, quien estuvo de acuerdo en que es evidente el delito cometido por el defraudador con cuerpos humanos.
Por cierto, ayer Maru anduvo por la colonia Fronteriza, una de las zonas afectadas por las inundaciones del fin de semana. No requirió echar porras a sus funcionarios, los propios vecinos reconocieron el trabajo desarrollado por la Junta Municipal de Aguas y a Desarrollo Humano.
Dio instrucciones a todos de seguir apoyando con todos a los damnificados. Tomaron nota Austria Galindo, Sergio Nevárez, Carlos Ortiz y otros.
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Fuera de las dos principales ciudades del estado, hay otros cinco focos rojos encendidos en el tablero de las corporaciones que dirigen la estrategia de seguridad, todos por la pugna entre los cárteles de siempre o sus facciones internas.
Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc registran bajas leves en los niveles de violencia medidos por las ejecuciones, con ligeras variaciones alza en otros rubros de la incidencia delictiva, como los secuestros y la venta de drogas al menudeo ligada a problemas de inseguridad común.
Se han puesto las pilas los alcaldes Cruz Pérez Cuéllar, Marco Bonilla y Humberto Pérez, tanto en la especialización y profesionalización de sus policías, como en la necesaria y a veces imposible coordinación con los otros dos niveles de gobierno.
Pero hay municipios muy pequeños cuyos niveles de violencia rebasan incluso a los de ciudades medias como Delicias y Parral, a consecuencia de la narcoguerra que da visos de descontrolarse con frecuencia.
En Guachochi, los asesinatos dolosos pasaron de nueve a 22 en el comparativo de los primeros meses de 2024 y los del año actual, en el marco de una batalla interna del Cártel de Sinaloa del que luego tomó ventaja el grupo rival de La Línea.
En Aldama, producto del ingreso de una nueva facción del Cártel de Sinaloa que busca tener el control del corredor hasta Ojinaga, las ejecuciones se elevaron de cuatro a 12; es en esta región donde se han registrado las mayores expresiones de violencia en el estado durante los últimos meses.
Otros focos rojos recientes son la región de Casas Grandes-Nuevo Casas Grandes, donde también ha sido notable el incremento de los homicidios dolosos; Bocoyna, que en cinco meses duplicó la incidencia de ejecuciones de todo el año pasado; y Aquiles Serdán, con la maldición de estar tan cerca de la capital del estado.
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El señalamiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a tres instituciones privadas del país, Vector Casa de Bolsa, CI Banco e Intercam, de lavar dólares del narcotráfico, especialmente los vinculados a la producción de fentanilo, cimbró al sistema financiero mexicano en los últimos días.
La acusación fue sin pruebas públicas presentadas y por un monto de apenas 40 millones de fenta-dólares blanqueados entre 2013 y 2023 por los dos bancos y la casa de bolsa, una cantidad irrisoria en comparación con los flujos y activos de esas empresas; e irreal, insignificante, para los 50-60 mil millones de dólares que, también según EU, supuestamente vale el negocio del narco en América.
Vector, del que fuera jefe de la Oficina de la Presidencia con Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Romo, maneja 11 mil millones de dólares en activos, con casi 40 mil cuentas de inversión y cerca de un millar de empleados; CI Banco tiene activos por unos siete mil millones e Intercam unos cuatro mil millones de dólares.
En conjunto suman cerca de 300 sucursales por todo el país; las tres tienen presencia en Juárez por el bulevar Tomás Fernández, en una plaza significativa por la dolarización natural fronteriza.
Lo que llama la atención es el bombardeo en serie y en serio contra México por parte de la administración de Donald Trump: comenzó con la designación de los cárteles como terroristas, siguió con el listado del país como uno de sus enemigos y luego con este misil que puso en jaque la confianza en esas tres instituciones.
Tal vez era ese bombardeo con el que amenazaba Trump a los cárteles y a México, no precisamente con tropas norteamericanas en suelo nacional, sino pegándole a las estructuras financieras.
¿Qué banco sigue? ¿Qué otros cárteles, además de las pequeñas facciones supuestamente vinculadas a las operaciones de Vector, CI Banco e Intercam, están identificados? ¿Qué montos mayores y más realistas lavan en las instituciones mexicanas?
Si este es el ataque estadounidense a los cárteles mexicanos, podría resultar más mortífero y grave que si sus comandos especiales invadieran el país para descabezar a las organizaciones criminales.
Siempre se ha dicho que la clave está en las empresas lavadoras.
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La irrupción en redes sociales del exgobernador César Duarte, para aprovechar la exoneración que ganó en la justicia norteamericana por la demanda presentada por Javier Corral, no representa su regreso a la actividad política, al menos no desde los partidos.
Así lo consideran los morenistas que confirman los intentos por enlistarse en el partido de la 4T, en algún tipo de acuerdo con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, lo que explica la cercanía y el contacto de operadores de la alta funcionaria con el exmandatario que pasó cuatro años en prisión y uno en libertad, antes de volver a aparecer en la escena pública.
Si fue real la intención de buscar acomodo en Morena, ofreciéndole a Montiel Reyes su capacidad de operación política en el estado, fue frenada por completo desde Palacio Nacional, con las mañaneras de la presidenta, Claudia Sheinbaum, dedicadas a informar la intervención de la Conagua en el rancho de Balleza.
Luego, a nivel local, fue el coordinador de los diputados, Cuauhtémoc Estrada, quien no mueve un clip de un lado a otro de su escritorio si antes no tiene el aval de Montiel, el que salió a desmentir la incorporación de Duarte Jáquez al padrón morenista.
El último candado fue puesto por las dirigentes nacional y estatal del partido guinda, Luisa María Alcalde y Brigitte Granados. Así, acabaron de cerrar la puerta a esa posibilidad que, vale la pena insistir, en algún momento debió estar muy latente.
Y si no es Morena, parece difícil que, en un partido opositor como el PRI, PAN o MC, vaya a ser aceptado, no porque el tricolor tenga prohibidos los reingresos ni porque en los demás sean muy cautos, honestos y cuidadosos con la cosa pública, sino porque tampoco le ha de interesar a Duarte irse a batallar con causas perdidas, en vez de purificarse con el bendito chaleco guinda que perdona todos los pecados.
Así, la resurrección de Duarte en la política podrá ser en las redes y en los medios mientras represente alguna novedad, pero no en los partidos políticos, al menos no en los existentes.
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La semana pasada el Consejo Coordinador Empresarial logró ponerse de acuerdo y al fin, habrá cambios en sus estatutos.
Aunque aún están en la notaría, los documentos ya fueron aprobados. Estos días seguramente serán dados a conocer de manera formal.
Los cambios buscan flexibilizar y dar dinamismo al organismo empresarial.
Ya varias siglas habían optado por poner pies en polvorosa ante lo que consideraban como poco favorable para sus causas.
Por ejemplo, tener que esperar unanimidad en todas las decisiones; es decir, si algún miembro decidía no apoyar una resolución, pues no pasaba. Eso cambiará, según corroboraron al interior.