Usualmente aprovecho este espacio para destacar los aspectos positivos de nuestra comunidad, esos que, por la cotidianeidad, podrían pasar desapercibidos. Sin embargo, Ciudad Juárez atraviesa momentos de profundo dolor, incertidumbre e indignación, que deben ser señalados.
El descubrimiento del pasado 26 de junio, de 383 cuerpos acumulados —incluso durante años—, sin ser incinerados en un crematorio local, constituye un agravio mayúsculo para nuestra comunidad. No se trata solo de un fallo logístico o administrativo, sino de una muestra brutal de negligencia, crueldad y desprecio por el dolor ajeno.
Lejos de recibir el servicio contratado, los cadáveres fueron abandonados en condiciones indignas, apilados sin respeto alguno, mientras sus familias eran engañadas con la entrega de materiales como arena, cemento u otros elementos, en lugar de las cenizas correspondientes.
Estos actos exponen no solo las fallas estructurales en la regulación y supervisión del sistema funerario local, sino también de acciones ilegales que transgreden los derechos protegidos por la normatividad nacional e internacional, y que deben ser sancionadas.
Desde el inicio, se identifica una transgresión a la dignidad humana, la cual no cesa con la muerte. Esta es reconocida en la Ley General de Salud como “dignidad póstuma”, desde donde debe garantizarse el derecho de las personas fallecidas a un manejo digno de su cuerpo y al cumplimiento de rituales funerarios conforme a sus creencias y a los deseos de sus familiares.
Al sustituir las cenizas por materiales irreconocibles, se arrebata a las familias el consuelo que creían haber encontrado. No solo sufren la pérdida de sus familiares fallecidos, sino que ahora deben lidiar con el dolor de no poder cerrar el ciclo de la muerte de manera adecuada, vulnerando también su derecho a la verdad: a saber con certeza qué ocurrió con los restos. La verdad es necesaria para cerrar el ciclo del duelo de forma sana.
Los 383 cuerpos, en algún momento fueron hijas, hijos, hermanas, hermanos, madres, padres, amigas o amigos; cada uno de ellos llevaba consigo historias de amor, sacrificios, sueños y esperanzas que nunca más serán escuchadas. Los deudos y la comunidad tienen el derecho a recordar a sus muertos de manera digna, a mantener viva su memoria a través de rituales, monumentos u otros medios. Sus vidas no deben ser olvidadas ni despojadas de su valor. Este derecho a la memoria, no es solo emocional, sino que debe ser protegido por las instituciones públicas.
La familia debe poder decidir sobre los restos de sus difuntos. El incumplimiento del servicio funerario y la entrega de restos falsos vulneran este derecho, profundizando el sufrimiento y generando una herida difícil de cerrar. Con ello también se afecta el derecho a la protección de la familia. Además, cobrar por un servicio no prestado, constituye un fraude, y viola la seguridad jurídica de quienes, al confiar en una institución funeraria, pagaron por una cremación que nunca se realizó, incumpliendo así con el compromiso legal y con las normativas que regulan el manejo de restos humanos.
Estos hechos han generado una fractura moral, robando la paz y la tranquilidad de cientos de familias juarenses. Además de sufrir la pérdida de sus seres queridos, ahora deben lidiar con la duda sobre el manejo de los restos y el paradero de quienes ya no están, desencadenando en muchos casos crisis de ansiedad, depresión y demás trastornos psicoemocionales.
No debemos olvidar que las familias afectadas tienen derecho a la verdad, la justicia, la no repetición de estos hechos, la seguridad jurídica, al respeto por la memoria de quienes partieron y a la reparación integral del daño. También tienen derecho a una compensación por daño moral, y debe ser la autoridad competente quien les asesore y acompañe hasta que reciban justicia.
Como sociedad, no podemos permanecer ajenos. Debemos actuar con empatía y solidaridad, mientras que las autoridades están obligadas a conducirse con diligencia, compromiso y responsabilidad, con la convicción de que ninguna vida merece ser olvidada.
La exigencia es clara: que los cuerpos sean plenamente identificados y entregados con dignidad a sus familias; que estas sean reparadas conforme a lo establecido en la normatividad aplicable, y que los responsables enfrenten consecuencias ejemplares que eviten la repetición de hechos tan lamentables. Solo así podremos comenzar a cerrar esta herida que ha marcado un antes y un después en Ciudad Juárez.