Una persona muy cercana a Facundo Teófilo M. R., confesó en un interrogatorio policial oficial que su pariente, de 64 años, está enfermo de diabetes, sufre de una hernia en el estómago que le ha reducido considerablemente la calidad de vida, e hinchazón en los pies a causa de varias décadas cargando cuerpos, en instalaciones laborales que carecen de gas, energía eléctrica, agua y refrigeración.
Era Facundo un pseudo “encargado” con “sueldo miserable” del “crematorio” Plenitud, ese que ha alcanzado vergonzosa fama mundial porque fueron arrojados ahí 383 cadáveres cuyos parientes ya los habían velado; a los católicos les habían rezado su riguroso novenario, algunos habían sido despedidos entre llanto, tristeza, agua bendita y hasta música; y por supuesto, habían pagado fuertes cantidades por los servicios funerarios cuyo colofón sería la incineración, la cremación.
Cuando todos los familiares de todas esas personas muertas estaban ciertos que las almas de sus parientes “descansaban en paz”, y que de su parte hicieron todo lo terrenalmente necesario para ayudar en ese objetivo, en otro lado había solo pensamientos lucrativos, avaricia hasta irracional sin límite moral, legal y menos religioso.
Resultó que el empresario responsable de brindar el servicio crematorio para los difuntos había tomado todos aquellos cuerpos y los había literalmente aventado a bodegas llenas de insectos y de ratones. Así lo relatan los policías municipales, ministeriales y periciales que acudieron a la escena tétrica, traumatizante, inescrupulosa.
Cadáveres de ancianos, de mujeres adultas, de mujeres jóvenes, de hombres; cuerpos de niños…todos apilados unos sobre otros, expuestos al calor, al frío, a las ratas. Estremecen las imágenes a las que tuvo acceso El Diario.
Aún con sus años y múltiples enfermedades a cuestas, Facundo debió ser sujeto de protocolos de fuerza por parte de policías ministeriales a los que trató de agredir y de los que pretendió escapar cuando, en el interrogatorio inicial, empezó a caer en contradicciones, para proteger a su jefe y dueño del negocio, José Luis A. C., integrante de una familia conocida como “Los Cuarón”, empresarios de alto perfil económico en la ciudad.
Primero aseguró que “no podían ser” más de 80 cadáveres en el lugar conocido como colonia Granjas Polo Gamboa, calles Chihuahua y Querétaro; después dijo haber contabilizado 160. Luego afirmó que Plenitud funcionaba legalmente pero reconoció que no contaba con registro de ingreso y egreso. Terminó por ser detenido. Era el “encargado” del lugar, cuyo portón solo era abierto para ir y arrojar cuerpos humanos.
Una pariente muy cercana al dueño, José Luis, quiso atenuar la responsabilidad de su familiar, lanzando prácticamente toda la culpa a Facundo. Dijo a los policías que el propietario del crematorio solo hacía contacto con las funerarias para la venta del “servicio” y que el incinerador estaba a cargo del empleado, quien no contestaba el teléfono, a veces no acudía a su trabajo y que era él quien se atrasaba en la cremación de los cuerpos “ocasionalmente”.
Las medias verdades y las mentiras completas cayeron por propio peso. José Luis quiso curarse en salud ante la Comisión Estatal para los Riesgos Sanitarios (Coespris), a cuyas oficinas en Pueblito Mexicano acudió para insistir en deslindarse de la bola de nieve que le estaba cayendo encima.
No fue únicamente él, también su defensa legal concluyó en la audiencia de vinculación celebrada el viernes durante casi todo el día que Coespris debió poner atención a la instalación incineradora tras haber levantado actas de sanción en 2020 y 2022. Sin duda ahí también la irregularidad es innegable.
Agentes de la Fiscalía zona norte ya andaban tras los pasos del dueño para la primera “entrevista”. Estaban el 27 de junio a las once de la mañana tratando de armar el macabro rompecabezas en Granjas Polo Gamboa.
A las tres de la tarde fueron avisados que su objetivo principal para la aclaración del entramado estaba en Pueblito Mexicano. Con sirenas encendidas fueron por él y le pidieron acompañarlos a la Fiscalía, en el Eje Juan Gabriel.
Igual que Facundo Teófilo, José Luis nomás reveló que da servicio de crematorio a las funerarias Luz Divina, Capillas Protecto Deco, Ramírez, Latinoamericana y Amor Eterno, luego estalló en prepotencia, coraje y conducta agresiva cuando los agentes lo interrogaron pausadamente sobre la cantidad inaudita de cuerpos apilados en el crematorio…desde hace años. Fue arrestado tras intentar agredir a una mujer policía y negarse a seguir contestando.
Finalmente ambos detenidos fueron imputados por el juez Apolinar Juárez Castro dos días después de la detención por los delitos de ocultamiento de cadáveres y contra la Ley General de Salud, hechos cometidos entre marzo del 2022 y 27 de junio del 2025. Faltará por agregar los cometidos de 2022 hacia atrás pues también fueron halladas osamentas completas.
Este viernes los alcanzó la vinculación a proceso por conservar “en silencio” los cientos de cadáveres sin avisar a las autoridades, por no haberlos incinerado a tiempo y haberlos “hacinado de manera indigna” en un espacio no destinado para depósito. Ahora son responsables de ocultamiento y conservación ilegal de cadáveres. Quedaron recluidos en el Cereso estatal 3, donde la inmensa mayoría de los reos pertenecen a grupos delictivos, secuestradores, extorsionadores…homicidas, cuyas víctimas necesariamente pasaron también por funerarias con las que “trabajaban” los Cuarones.
Ahora la Fiscalía tendrá hasta el cuatro de enero del año próximo para entregar a los jueces todo el cúmulo de pruebas de todas las investigaciones policiales llevadas a cabo y arrancar con el juicio correspondiente; de entrada son calculados hasta 17 años de prisión.
La relatoría presentada aquí, y mucha más, con testimonios de familiares de los apresados, policías municipales que descubrieron casi por casualidad la cabeza de un cuerpo asomando por la cajuela de una carroza abandonada, policías ministeriales, funcionarios Coespris, (así de crudos los testimonios sobre los difuntos apilados sin misericordia como alimentos para roedores e insectos), el caso había sido encaminado no para la vinculación decretada por el juez Apolinar, sino para suavizarlo a lo mínimo por otro juzgador del que ya hablamos en el curso de la semana en La Columna, Antonio Coss Araujo.
Los agentes del ministerio público, Francisco Javier Rosas Esquivel, Areli Pérez Soto y Javier Barrón Núñez, representantes sociales desde la formulación de cargos, fueron ampliamente reconocidos por familiares de los difuntos cuyos cadáveres sufrieron el descrito maltrato en Plenitud y por sus jefes de la Fiscalía General y de distrito norte pero la historia sería muy distinta con el dictamen elaborado por el juez de turno para el caso, Coss.
Dicho juez debió ser reconsiderado porque, de entrada, sospechosamente retrasó las órdenes de aprehensión hasta momentos que prácticamente no podían ser ejecutadas por la policía ministerial. Las “obsequió” una hora antes de vencer el plazo para concretarla.
Y un vez detenidos Facundo y José Luis, Coss Araujo tenía para ellos, en la audiencia de imputación, al menos la libertad bajo fianza porque en el segundo punto de su resolución solo contemplaba violaciones al Código Penal del Estado en materia de inhumación, exhumación y (falta de) respeto a los cadáveres o restos humanos, pero se declaraba incompetente, sin fundamentar, de librar la orden por las violaciones al artículo 462 de la Ley General de Salud.
El cuatro de julio no solo hubiera festejado Estados Unidos su independencia sino también los señalados con índice de fuego por haber engañado a las familias de los 383 muertos entregándoles aún no se sabe qué cosa como cenizas de sus parientes.
Peor aún, el juez Coss no otorgó valor alguno a una duda más que razonable expuesta por la Fiscalía , “así mismo, se desprende que de las condiciones que fueron localizados los 383 cuerpos humanos se pudiera desprender la posibilidad de otras conductas delictivas toda vez que hasta el momento no existe la certeza de la causa de la muerte de cada uno de los cadáveres encontrados al interior del establecimiento, lo que de manera objetiva pudiera influir en el ánimo de los imputados de sustraerse de la acción de la justicia ante las consecuencias legales que pudiera enfrentar”.
Ni eso tomó en cuenta el juez Coss, lo que posiblemente le lleve a enfrentar procesos internos de sanción en el Poder Judicial.
Es obvio que intentó proteger al dueño o dueños del infame negocio, y de conseguirlo, hoy estaríamos hablando de un escándalo mayúsculo señalado por la Iglesia Católica, por las comisiones de derechos humanos y hasta por la Organización de las Naciones Unidad.