Empezaré por señalar que el tema de hoy es altamente sensible, delicado y conmovedor, por lo que lo abordaré con todo el respeto a la memoria de las personas fallecidas, y toda la empatía hacia sus familiares y amigos, pero creo que es necesario hablar de esto, que la discusión sea pública, precisamente para hacer justicia a las víctimas y para que nunca más se vuelva a repetir algo así.
El caso de los 383 cuerpos “encontrados” en una finca de la colonia Granjas Polo Gamboa, al sur de la ciudad, justo ahí donde termina o empieza la mancha urbana de Juárez, se ha convertido en una noticia mundial, con todas las implicaciones negativas que eso tiene, y que se vienen a sumar a la serie de estigmas con los que viene cargando nuestra ciudad por décadas.
Es, sin duda alguna, un caso inédito en la frontera que refleja claramente el nivel de insensibilidad ante la criminalidad que algunas personas han alcanzado, porque, más allá de los evidentes delitos cometidos por los empresarios propietarios del crematorio, y las omisiones de algunas autoridades, lo que realmente está de fondo es la enorme facilidad con la que se pueden llegar a normalizar actos que conllevan un altísimo grado de deshumanización, perversidad y dolo.
También es necesario apuntar que el caso se encuentra en etapa inicial de investigación, por lo tanto, aún no hay nada definitivo sobre responsabilidades, delitos o delitos cometidos, ni responsables de los mismos, también debo resaltar que la respuesta de la autoridad investigadora (Fiscalía General del Estado) fue inmediata y que, hasta hoy, se ha manejado con total transparencia y pulcritud en los avances de dicha investigación, informando oportunamente lo que se puede informar a la sociedad sin alterar el curso de la misma, y eso ya es un buen avance.
El jueves 26 de junio, por la noche, elementos de la policía municipal acudieron a un llamado de los vecinos de la colonia Granjas Polo Gamboa, ya que reportaron un cuerpo dentro de un vehículo en un predio, así como olores fétidos, por lo que al llegar lo elementos policíacos e ingresar al lugar encontraron más cadáveres, reportando inicialmente 15 personas sin vida en ese lugar.
Los municipales siguieron el protocolo para estos casos, acordonaron el lugar y dieron parte a las autoridades de la Fiscalía General del Estado en la zona norte, quienes se presentaron para realizar lo que denominan el “levantamiento” de la escena del crimen, percatándose que había más cuerpos en el sitio.
La cifra subió a 90, pero ya para la mañana del domingo 29, el propio Fiscal General del Estado, Lic. César Jáuregui Moreno, dio a conocer que el conteo se había cerrado en 383 cadáveres encontrados en el lugar, indicando también que se trataba de un crematorio que operaba con los permisos y licencias vigentes, así como que no se trataba de personas asesinadas violentamente, sino de cuerpos procesados a través de funerarias de la ciudad con su respectiva acta de defunción y el procesamiento químico requerido (embalsamados). Ya para ese día se tenía plenamente identificados tanto al propietario del crematorio, como a uno de los empleados que operaban el mismo.
El pasado lunes 30 de junio la AEI informó sobre la aprehensión de José Luis A. C. de 50 años y Facundo M. R., propietario y empleados del establecimiento respectivamente, ese mismo día se llevó a cabo la audiencia de imputación ante un juez de control.
Se trata del negocio denominado “Crematorio Plenitud” que les proporcionaba el servicio de incineración de cuerpos a las funerarias Luz Divina, Protecto Deco, Del Carmen, Ramírez, Latinoamericana y Amor Eterno. Hoy, la funeraria Latinoamericana se encuentra clausurada por la autoridad sanitaria, aunque no por causas atribuibles a la investigación en curso, sino por diversos incumplimientos a las normas establecidas para ese tipo de negocios.
Pero, creo conveniente analizar el contexto del caso en el marco de las normas y leyes que regulan el adecuado manejo de cuerpos sin vida para su disposición final.
¿Cuál es el marco jurídico que regula la inhumación de personas fallecidas? La Ley General de Salud regula el manejo legal de cadáveres en México. Los artículos 346 al 350 bis establecen que la disposición de cuerpos mediante inhumación o cremación debe realizarse dentro de las 48 horas posteriores al fallecimiento, salvo orden judicial o ministerial. La cremación debe realizarse en instalaciones autorizadas por la autoridad sanitaria.
La NOM-036-SCFI-2016 (https://www.dof.gob.mx) regula la información comercial que deben proporcionar las funerarias, garantizando certeza, transparencia y protección al consumidor. En nuestra entidad, los municipios de Chihuahua y Ciudad Juárez cuentan con reglamentos municipales específicos que regulan cementerios, crematorios y servicios funerarios, exigiendo diversos permisos, licencias y registros.
¿Cómo es el proceso de cremación de cadáveres? El proceso inicia con la obtención del acta de defunción y la autorización del Registro Civil. Posteriormente, el cuerpo se traslada al crematorio autorizado. La incineración se realiza en hornos que alcanzan entre 800 y 2,000 °F. El proceso dura entre una y dos horas. Finalmente, las cenizas se colocan en una urna y se entregan a los familiares.
En el caso del Crematorio Plenitud nada de esto ocurrió, es decir, la incineración de los cuerpos, pero sí la entrega de las urnas con lo que los deudos creían que eran las cenizas de su familiar fallecido, lo que implica ya una intención deliberada, premeditada, de engañarlos, es decir, dolo.
Ese solo hecho, el dolo y la premeditación para cometer un acto de tal naturaleza implica la comisión del delito de fraude, que es una acción que reúne los elementos del delito y se caracteriza porque a través del engaño o aprovechamiento del error de la víctima, se obtiene un lucro de manera indebida, y se encuentra previsto en el artículo 386 del Código Penal Federal, así como en los similares de las legislaciones estatales de nuestro país.
¿Y cuál era el beneficio o lucro que obtenía Crematorio Plenitud engañando a funerarias y deudos de fallecidos? Dinero. Me di a la tarea de investigar a través de la IA (ChatGPT) cuánto cuesta incinerar un cuerpo y lo que se requiere para ello, y ahí está la respuesta a la pregunta.
Entre horno, combustible, electricidad, filtros ambientales, personal, contenedor y mantenimiento, y gastos fijos prorrateados en promedio, incinerar un cuerpo tiene un costo que puede variar entre 900 y 1 mil 500 pesos, dependiendo de varios factores tales como el tamaño, dimensiones, instalaciones, etcétera, costo que el Crematorio Plenitud no erogaba, ya que no incineraba los cuerpos pero que sí cobraba a las funerarias que les daba servicio hasta 10 o 12 veces más.
Es decir, por esta actividad ilícita, es negocio se embolsó casi medio millón de pesos por servicios cobrados y no realizados, lo cual es un fraude a todas luces, sin embargo, el Fiscal Jáuregui señaló el pasado viernes que ese delito solo se persigue por querella, es decir, a petición de parte, lo que significa que si los familiares de los difuntos encontrados en ese predio no presentan su respectiva denuncia ante la Fiscalía, existe la posibilidad de que los responsables queden libres de culpa.
En todo este embrollo no faltan los que “quieren sangre” y, convertidos en implacables jueces, exigen la renuncia y hasta cárcel para diversos funcionarios estatales y municipales (Coespris, Protección Civil y otros), culpándolos de lo sucedido.
Si bien es cierto que resulta evidente que hubo alguna clase de omisión por parte de algunas autoridades, si eso se comprueba durante el proceso, apenas y alcanza para alguna sanción de tipo administrativo o, a criterio del superior respectivo, incluso el despido, pero hasta ahí. No se puede equiparar de ninguna manera la intencionalidad premeditada de cometer un delito a una omisión de funciones, hay una enorme diferencia, y no se trata de defenderlos a ultranza, no en absoluto, solo de dimensionar adecuadamente una responsabilidad y otra, a menos que durante el juicio se compruebe fehacientemente que alguno de estos funcionarios participó activamente del fraude, es decir, que también obtuvo algún beneficio.
De nuevo, toda la solidaridad de la sociedad juarense para quienes están pasando por este difícil momento, la ausencia de un ser querido duele mucho, pero vivirla dos veces debe ser algo inimaginable. Que Dios les conceda fortaleza y paz.