Ciudad de México.- Al parecer ahora si se viene una nueva reforma electoral. En días pasados la presidenta de la república dio a conocer que habrá modificaciones a nuestra legislación y delineó a grandes rasgos lo que incluirán. Cuestiones respecto al financiamiento público que reciben los partidos políticos y a los recursos en general que se necesitan para costear unas elecciones, además de la forma en la que se eligen los plurinominales fueron algunos de los asuntos que se abordaron. En ese sentido, yo añadiría dos más: el voto obligatorio y el voto electrónico. Es decir, si va a haber una reforma así de trascendente, creo necesario por lo menos discutir acerca de esas dos modalidades del sufragio. Figuras como la del parlamento abierto pueden ser utilizadas para una mejor discusión. Es necesario que tanto la ciudadanía como la academia y organizaciones civiles conversen y analicen bondades e inconvenientes.
Algunos expertos ya han hablado sobre lo que debe tener una reforma adecuada, pero no se han ocupado de esos puntos en particular. El Instituto de Estudios para la Transición Democrática, por ejemplo, menciona que toda reforma electoral debe ser fruto de un amplio consenso y no producto de una decisión unilateral. Históricamente así había venido siendo. Las distintas fuerzas políticas acordaban y negociaban acerca de cuestiones como el sistema electoral, las campañas proselitistas, la fiscalización, etc. En esta ocasión, no estoy seguro de que así vaya a ocurrir. Al contar con una amplia mayoría, la coalición oficial bien puede sacar adelante una reforma sin involucrar a ningún otro partido. Por más que la oposición tome la tribuna y utilice buenos argumentos, la realidad es que sus votos son inservibles.
Otra de las propuestas hechas por este instituto (liderado por exconsejeros presidentes del INE y del IFE) se centra en una adecuada representación. Ya van algunas legislaturas aquí en México donde el partido mayoritario está sobrerrepresentado. Es decir, se les asignan más lugares en el Congreso de los que les correspondería si se tomara en cuenta de manera precisa la votación que obtuvieron. También apuestan una nueva distribución en la manera de elegir diputaciones y senadurías. En cuanto a las primeras, alegan que lo mejor es escoger la mitad vía mayoría relativa y la otra mitad a través del sistema de representación proporcional. En cuanto a la Cámara de Senadores, mencionan que una forma ideal sería escoger a la totalidad con el método de representación proporcional.
Más allá de estar de acuerdo o no con estas propuestas o de analizar si resultan idóneas, considero que es tiempo de poner sobre la mesa y discutir a cabalidad los dos aspectos ya mencionados: el voto electrónico y el voto obligatorio. Sobre el primero ya escribí hace algunas semanas y con el propósito de no repetirme, aquí sintetizo las principales ventajas: reducción de errores, rapidez en los resultados, impulso a la participación y disminución en los costos. Así, desde mi parecer, estas ventajas superan plenamente a las probables desventajas: complicaciones técnicas, desconfianza ciudadana y brecha digital.
Al mismo tiempo, es hora de discutir la obligatoriedad del voto. Si bien es cierto, el artículo 36 de nuestra carta magna ya establece como una obligación de la ciudadanía el acudir a votar, al no señalar una sanción en caso de incumplimiento, esta se vuelve una norma imperfecta. En concreto, la ley obliga a votar, pero no castiga si no se hace. ¿Qué hacer? Implementar una sanción para quien no vaya a votar. Multas, inelegibilidad para ciertos puestos, restricción para transacciones o para la obtención de documentos oficiales, la exclusión del padrón para futuras elecciones, inclusive. De esta manera, si no ir a votar obstaculiza la obtención de la licencia para manejar, el pasaporte o la CURP, la ciudadanía la pensará dos veces antes de abstenerse. Países de todo el mundo ya han implementado esta obligación con el resultado lógico: aumento significativo de la participación.