Existen varias situaciones que nos preocupan a todos en el estado de Chihuahua y que ponen en evidencia la necesidad de una acción más contundente y efectiva por parte de nuestras autoridades. Me refiero a la suma de desafíos en materia de salud, seguridad y desarrollo urbano que estamos viviendo.
Por un lado, seguimos batallando con el brote de sarampión y tos ferina. Si bien reconocemos los esfuerzos del gobierno estatal y federal, la disponibilidad de vacunas y las campañas de concientización, la cruda realidad es que Chihuahua sigue siendo el epicentro de este brote, concentrando la mayor cantidad de casos y, lo más doloroso, la mayoría de los fallecimientos a nivel nacional.
La enfermedad, altamente contagiosa, se ha extendido desde comunidades con baja cobertura de vacunación hasta poblaciones vulnerables, como los jornaleros migrantes. A pesar de las reuniones de alto nivel y la ampliación de los rangos de vacunación, la persistencia de los contagios nos lleva a preguntarnos si las estrategias están siendo lo suficientemente certeras y rápidas para contener un virus que se propaga a una velocidad realmente asombrosa. La falta de cercos sanitarios más estrictos y la constante exportación del virus a otras zonas del estado y del país nos hace dudar de la efectividad de las medidas de contención.
Y como si un desafío de salud pública de esta magnitud no fuera suficiente, el problema de la seguridad pareciera ser el monstruo de las mil cabezas: cuando se corta una, brotan muchas más, sin que la autoridad pueda, con todo el equipo tecnológico y más de 4,000 millones de pesos gastados en el programa Centinela, hacer más que construir casetas en los municipios fronterizos de Juárez y Ojinaga.
Además, nos encontramos ahora con una grave situación en el ámbito del desarrollo urbano. El pasado jueves, el alcalde de la capital, Marco Bonilla se pronunció sobre las deficiencias de la empresa constructora de las casas Monte Xenith, tras el derrumbe de una barda perimetral por un deslizamiento de tierra y la detección de daños estructurales en 32 viviendas. El gobierno municipal ha catalogado el fraccionamiento como una zona de alto riesgo. Con la caída de lluvias atípicas, pareciera que las casas fueran como las de los cerditos de la fábula: que con el soplido del lobo se caen, por la sencillez de su construcción.
Es inaceptable que la desarrolladora Dexe haya engañado a la autoridad afirmando haber corregido los desperfectos, cuando en realidad las reparaciones fueron meramente superficiales, dejando un peligro latente para estas familias.
Bonilla ha ofrecido a las 32 familias un apoyo importante: hasta tres meses de renta, transporte para el menaje de casa y asesoría jurídica, además de exigir a la empresa que repare los daños. Esta respuesta es necesaria, pero la pregunta es: ¿por qué se llegó a este punto? No puede ser posible que sean siempre nuestros gobernantes, tanto a nivel estatal como municipal, quienes tengan que dar la cara ante problemas que debieron haberse atendido desde el principio.
La situación del sarampión y la tos ferina, y ahora las deficiencias en desarrollos inmobiliarios como Monte Xenith, además de la inseguridad, evidencian una preocupante realidad: pareciera que los equipos de trabajo en áreas clave —salud, seguridad y desarrollo urbano— no están dando el ancho.
La ciudadanía del estado de Chihuahua merece una gestión pública que anticipe los problemas, que actúe con la contundencia necesaria y que garantice la seguridad y el bienestar de todos. Es momento de que quienes reciben un salario público cumplan con su trabajo y que la efectividad de su labor nos permita adelantarnos a los problemas y no esperar hasta que, por desatención, se conviertan en crisis. O, como decía el clásico: ¡si no pueden, renuncien!