Ciudad de México.- Lo hemos venido repitiendo y lo haremos hasta el cansancio: por más intentos que emanen del poder político, gubernamental o empresarial, por censurar la verdad, la libertad de expresión siempre encontrará un cauce por el cual pueda fluir y con ello desenmascarar los atropellos que comenten las instituciones o las personas que las integran.
Nuestro país sufre de una pandemia de censura oficial; políticos y gobernantes se han amafiado con instituciones judiciales para intentar acallar voces que les cuestionan o critican, para evitar que les exijan trasparencia y documenten sus acciones.
Si bien la justicia está en una encrucijada: servir a los poderosos y torcerse para cumplirles sus caprichos o actuar con a principios éticos para no vulnerar los derechos más básicos de los ciudadanos; lo cierto es que la Libertad de Expresión también es atacada y vulnerada de manera constante.
Ya no hay pudor, simplemente se trasgrede la ley, al amparo de una pseudolegalidad inventada e interpretada a conveniencia de los gobernantes.
En México, lo observamos de manera cotidiana, se viene consolidando una tendencia por demás peligrosa para periodistas y ciudadanos: usar mecanismos que aparentan ser legales para silenciar; se los testificamos con varios casos:
1.- En Acapulco, Guerrero, el periodista Jesús Castañeda investigó, documentó y publicó un desvío de fondos públicos que superan los 800 millones de pesos por parte de la alcaldesa de Morena, Abelina López; ella respondió, pero no lo hizo en torno al desvío de recursos, sino en contra del reportero al que demando por violencia política de género.
2.- El periodista Héctor de Mauleón cuestionó, en una columna que publicó en el periódico “El Universal”. La honorabilidad de una magistrada del tribunal de Tamaulipas; ella lo acusó de violencia política de género y el mismo tribunal tamaulipeco sancionó al columnista.
3.- En este espacio ya hemos comentado el caso del periodista Jorge Luis González Valdez, jubilado y que fue vinculado a proceso penal y sometido a sanciones draconianas luego de que fuera demandado por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores por violencia política de género.
Las sanciones no solamente son injuriosas para el periodismo en general,
4.- Otro caso, que es conocido a nivel nacional es el de la ciudadana Karla María Estrella Murrieta, quien fue denunciada por violencia política de género por la diputada del Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras Samaniego y el Tribunal Electoral del Poder Judicial falló en contra de la ciudadana obligándola a pagar una multa, someterse a unos cursos, leer libros en contra de la violencia política contra mujeres y a emitir disculpas diariamente durante 30 días, una situación que actualmente está en proceso.
Estos no son casos aislados, ni tampoco históricos, se han presentado en los pasados 60 días y forman parte de una escalada contra periodistas críticos y ciudadanos que alzan la voz o dejan constancia de lo que está mal, se hace mal y nadie corrige.
Es una estrategia que aprovecha los vacíos legales e interpreta a conveniencia y de forma arbitraria conceptos como “violencia política” y “odio político” para convertirlos en los instrumentos que les permitan censurar y castigar a quienes osan ser divergentes con la postura oficial.
Por lo anterior es momento de que desde la Presidencia de la República se garantice la libertad de expresión, pero no solamente con palabras huecas y discursos vacíos, sino con acciones concretas; que se revisen y en su caso se revoquen las sanciones impuestas a los periodistas Jesús Castañeda, Héctor de Mauleon, Jorge Luis González y de la ciudadana Karla María Estrella Murrieta.
Que la propia Presidencia de la República envíe al Poder Legislativo una propuesta clara para que el uso de la violencia política de género siga siendo un instrumento de censura y que dictamine las medidas para garantizar una plena libertad de expresión y de opinión.
El periodismo no puede ni debe vivir bajo amenaza. Las leyes deben ser escudo, no garrote. El Estado mexicano tiene la obligación de respetar, proteger y promover la libre expresión como piedra angular de cualquier democracia.
Callar al periodismo es callar a la sociedad. Y la sociedad no debe, ni puede, guardar silencio.