Invitado por los organizadores del Congreso y Asamblea Nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, celebrada el pasado lunes 21 de julio en la Ciudad de México, tuve la oportunidad de ofrecer una reflexión sobre los cambios recientes en los procesos migratorios que ocurren en nuestro país y la atención que el gobierno federal y la sociedad han diseñado para garantizar que se respeten los derechos humanos de las personas en situación de movilidad.
Dada la trascendencia del tema, antes de compartir con Ustedes el contenido de mi exposición, debo expresar que como legislador y presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, me pareció prometedor que las organizaciones de abogados examinaran los procesos migratorios como tema central de su congreso para comprender, tanto la coyuntura actual, como la esencia y dinámica de este fenómeno, siempre presente en la definición de nuestra identidad, cultura y desarrollo.
También me pareció muy acertado que el propósito central del evento fuera el salvaguardar los derechos humanos de las personas migrantes.
Lo primero que debo comentar es que la movilidad humana sobre el territorio siempre ha sido un tema central en la definición del proyecto de vida de las comunidades que entraña oportunidades y riesgos; pero estoy convencido que al final el balance es contundente: son mayores los efectos positivos que podemos atribuir a los desplazamientos humanos.
Nací, crecí y me he desarrollado como ciudadano y empresario en Ciudad Juárez Chihuahua, una región del Norte de México que no puede explicar su desarrollo y prosperidad sin los desafíos impuestos por un proceso incesante de migración acelerada.
A pesar de situarse en un territorio semidesértico, los grandes proyectos de expansión y crecimiento que la definieron siempre estuvieron fundados en el atractivo de la región para atraer personas interesadas en asentarse temporal o definitivamente en su territorio.
En menos palabras: nada serían estas regiones, hoy tan prósperas de México, sin el arribo generoso de cientos de miles de familias de migrantes que le han dado un intenso color pluricultural a su vida material, política y social.
Mi consejo es que no debemos preocuparnos en exceso por la supuesta amenaza que representa la movilidad humana para la estabilidad de nuestras comunidades.
Contra lo que parece ser la opinión convencional, estoy seguro de que, en los últimos años, bajo la gestión de gobiernos comprometidos con un modelo de desarrollo que combina crecimiento y bienestar, la capacidad de nuestras comunidades para asimilar e integrar a las personas en condición de movilidad es claramente mayor y a continuación haré en breve recuento para respaldar esta afirmación.
Empezaré por destacar que efectivamente los flujos migratorios que cruzan por nuestro país con destino u origen en los Estados Unidos han cambiado; pero es necesario precisar varios aspectos que han impulsado esta modificación.
En términos cuantitativos el flujo mayor, representado por las repatriaciones forzadas de mexicanos, medible en cientos de miles de eventos ha tendido a disminuir.
Durante los dos periodos de Bush se registró un promedio anual superior a medio millón; con Obama descendió a 350 mil; durante el primer periodo de Trump el descenso lo situó en cerca de 200 mil y se mantuvo aproximadamente en esa magnitud con Biden.
En el presente, pese a la expectativa de que durante los primeros meses del gobierno del presidente Trump se intensificarían las deportaciones, ha ocurrido lo contrario. Según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), durante el primer trimestre de 2025 el número de devoluciones de mexicanas y mexicanas descendió en 31.7%, reduciéndose de 48 mil personas a solo 33 mil.
Tampoco hay cambios importantes respecto a su origen, la mayor parte procede de la costa sur del Pacifico, predominando los oriundos de Guerrero, Oaxaca y Michoacán.
Pero hay un flujo emergente que desde antes de 2018 ha creado una circunstancia migratoria inédita, se trata de una corriente de personas en situación migratoria irregular, que primero estuvo integrado por centroamericanos nativos de Guatemala, el Salvador y Honduras; pero que en los últimos años ha crecido más rápido, sumando migrantes de Sudamérica, África e incluso África.
Para que tengamos una idea de sus orígenes y del cambio tan acelerado que sufrió este fenómeno en los últimos años, les comento que durante el primer trimestre de 2021 el número de personas registradas en esta condición ascendió a 40 mil 839 y que de ellas el 98 por ciento procedía de Centroamérica.
Pero, como lo adelantamos, recientemente esta situación ha cambiado, pues durante el primer semestre de 2024 se registraron 360 mil 146 eventos, pero ahora con orígenes distintos; siendo centroamericanos sólo el 32%, y habiéndose elevado a 47% las personas de Sudamérica, 10% las del Caribe, 6 y 5%, quienes habían llegado de África y Asía, respectivamente.
Este es el fenómeno que más preocupa porque está conformado por decenas de miles de hombres y mujeres que viajan solas; y varios miles de niños, niñas y adolescentes sin acompañamiento y una considerable proporción de familias enteras.
Aquí es donde encontramos al grupo de personas que presenta por su condición mayores niveles de vulnerabilidad y el que corre riesgos de ser víctimas de ataques por cuenta de la delincuencia organizada.
Efectivamente como sociedad, como nación tenemos un desafío importante, pero creo que en los últimos años se ha elevado el compromiso que los gobiernos, empresarios, las iglesias y las diversas organizaciones civiles tienen frente a este movimiento masivo de personas vulnerables.
En materia de acuerdos y convenios internacionales, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reconoce que, desde 2019, México incorporó a su agenda nacional programas públicos para asegurar que las personas que transitan o tienen intenciones de quedarse entre nosotros vivan un proceso regular, seguro, con la certeza de que sus derechos humanos serán respetados.
La propia OIM también destaca que México tuvo un papel sobresaliente en la definición de los 23 objetivos del Pacto Mundial para Migración, suscrito en 2018, y que esta vocación en defensa de los derechos de las personas migrantes, el gobierno mexicano la confirmó en mayo de 2022, cuando las naciones firmantes acordaron agregar seis compromisos más, de buena fe para, mejorar la atención que se ofrece a las necesidades de las poblaciones en movimiento.
También en junio de 2022, en el marco de la Novena Cumbre de las Américas, junto a 22 países, México adoptó la Declaración de los Ángeles sobre protección de la migración; con el objetivo de promover una migración segura, ordenada, humana y regular, así como fortalecer la cooperación internacional en materia de protección a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.
Es evidente que ahora la sociedad, los gobiernos, las organizaciones y, en particular, las legislaturas locales y federales estamos trabajando para proteger los derechos humanos de los migrantes.
Para mostrar el trabajo realizado en esta materia, enseguida relaciono algunas de las acciones realizadas para lograr que las personas migrantes, nacionales o extranjeras, transiten por nuestro país con la certeza de que sus derechos no serán vulnerados.
Reconociendo el concepto de “Migrante Mexicano Vulnerable” se reformó la Ley del Servicio Exterior Mexicano para que los consulados emitan convocatorias para la contratación exclusiva de personas con nacionalidad mexicana que hayan o estén viviendo la experiencia de ser personas migrantes.
Conocidos los riesgos que enfrentan, se exhortó al gobierno federal para que agilice la entrega de tarjetas humanitarias para facilitarles una movilidad segura; supervise mediante auditorías independientes los centros de detención para asegurarles un trato digno y garantice que los operativos de seguridad relacionados con personas migrantes se realicen por personal capacitado bajo un enfoque de derechos humanos.
También se exhorto a las autoridades para que entreguen en forma expedita, en aeropuertos y estaciones migratorias la CURP y actas de nacimiento.
Finalmente, en todo este tiempo he tenido oportunidad de dialogar continuamente con los líderes de las organizaciones empresariales y con todos ellos he compartido la propuesta de agilizar todos los trámites que sean indispensables para facilitar la incorporación de las personas migrantes nacionales y extranjeros al mercado de trabajo formal.
Al respecto, estoy convencido de que, ahora que se aprobó la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; se han generado las bases para de inmediato proceder a simplificar y digitalizar los trámites que permitan a estas personas insertarse, digna y decorosamente, en nuestro mundo laboral.