-Exfuncionario, defensor de funerarios Del Carmen
-La salida en falso y se hizo el caos
-Herradero surgido de la elección judicial
-Al menos dos mujeres de Juárez al Tribunal Superior
Las circunstancias únicas que rodean a los procesos penales enfrentados por empleados y dueños de funerarias y el crematorio Plenitud convierten en un auténtico desafío la defensa de los imputados.
Quizá cualquier abogado puede tomar la defensa, sea por interés profesional y económico, o posiblemente solo por conveniencia de índole lucrativa, pero no cualquiera puede manejarse con suficiente autoridad y soltura para que las resoluciones ministeriales y judiciales sean estrictamente apegadas a la justicia y no mezcladas con las emociones ocasionadas por el abandono de 386 cuerpos, el fraude cometido contra familias de los deudos y la manipulación de difuntos relacionados con aspectos legales al momento de perder la vida.
Es todo un reto. En esas anda el abogado Enrique Valenzuela Peralta, quien decidió tomar la defensa de los Arriaga Arvilla., “empleados” y dueños de la funeraria Del Carmen, metido en fenomenal lío jurídico por participar aparentemente en el ocultamiento de cadáveres para no cremarlos y entregar equis restos a sus familiares como supuestas cenizas.
Llama la atención el nombre de Valenzuela más por su antecedente político inmediato que por su historial como defensor en este o en otros casos a los que podríamos llamar semejantes, pero no tenemos ninguno que se le parezca al menos en la historia judicial reciente. No uno donde los dueños de un crematorio decidieran engañar a la gente y cobrar por cremaciones que no llevaban a cabo.
Valenzuela Peralta fue jefe del Consejo Estatal de Población (Coespo) hasta finales del año pasado pero algo de su manejo no agradó a la híper sensibilidad de su jefe el Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, y simplemente lo hizo a un lado.
Luego llegó al relevo en dicha oficina el exalcalde priista y excandidato a gobernador duartista, Enrique Serrano Escobar.
Es prácticamente imposible que Valenzuela utilice su paso por gobierno para enderezar el barco legal de los procesados, sin duda solo podrá atenerse a su capacidad profesional para conseguirlo; hasta el momento no le ha ido del todo mal, solo uno de varios procesados permanece en la cárcel.
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Ulises Pacheco Rodríguez, mejor conocido como el “rey de las derrotas”, sigue haciendo campaña pregonando a los cuatro vientos que es el elegido de Palacio de Gobierno estatal para encabezar el comité municipal del PAN en Juárez con miras al 2027.
De hecho hasta el representante del gobierno estatal en Juárez, Carlos Ortiz, se fue con la finta y le dio su respaldo ante los funcionarios del gabinete en esta ciudad. Aventó la consigna como si tuviera el respaldo auténtico de “más arriba”.
Pero parece indicar que todo se trató de una salida en falso, pues el resto de los aspirantes ni por enterados se han dado y siguen trabajando para posicionarse hacia la salida de la convocatoria.
Tales son los casos de María Valadez, Jesús Galindo, Adrián Gurrola y Gerardo Rivas, quienes continúan reuniéndose con delegados y publicando en redes sus intenciones, mientras el intrínseco corralista “rey de las derrotas” intenta convencerlos de que se bajen y respalden su proyecto.
El caso es que al final, desde la capital del estado han dicho que, aunque en un principio se pensó en poner una delegación para no batir el engrudo en la frontera, lo más seguro es que la elección será abierta a la militancia para que sea el mejor perfil el que guíe los destinos del hasta ahora olvidado partido de la 16 de Septiembre y 5 de Mayo.
Eso sabemos. De nuevo parece caído el “rey de las derrotas”.
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El herradero en que devino la elección judicial ya alcanzó a Chihuahua, y de la peor forma. Si la multa pírrica solo puso colorados de vergüenza a 10 candidatos a jueces locales, incluyendo la próxima presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Mónica Herrera, ahora se pondrán verdes, pero del susto, cinco magistrados varones, por la famosa decisión del Tribunal Estatal Electoral (TEE), para que cedan su sitio a cinco mujeres contendientes.
Así, resultó que en la sesión del jueves por la noche, el TEE resolvió que deberán dejar su lugar, en lo penal, Héctor Villasana y Jesús David Flores Carrete, y decir “pase usted” a Laura Guadalupe Ocón Bailón y Yasel Iradel Villanueva Pérez.
En lo familiar, Javier Alberto Torres Pérez, tendrá que ceder su silla a Sara Julieta Muñoz Andrade.
Y, caballerosos que son, Roberto Fuentes y Saúl Rodríguez, en materia de lo civil, desalojarán sus espacios para que los ocupen Elvia Mariela Salvador Navejas y Adriana Salcido Burrola. Todo el jueves fue de escándalo mediático y así seguirá hasta que las resoluciones queden firmes.
El argumento de los tres magistrados del TEE, Roxana García, Hugo Molina y Adela Jiménez (Cuatroteistas), es que las candidatas tuvieron más votos que los electos. Sin embargo, los magistrados tentativamente depuestos han argumentado que la equidad de género nunca se vulneró, porque quedaron 15 salas para cada género, de manera equitativa.
Si se cumple la resolución ahora serán 20 salas para mujeres y 10 para hombres.
Por cierto, en la misma sesión quedaron firmes las y los candidatos impugnados Nyria Trevizo, Guadalupe Holguín, Gerardo Javier Acosta Varela, José Luis Chacón Rodríguez y Rubén Aguilar Gil, los cuatro surgidos de sendas negociaciones que ni Palacio Nacional tendrá interés en mover.
A ver qué sucede, porque al menos en lo político y en lo mediático Héctor Villasana y Roberto Fuentes tienen resonancia y en su favor se movieron fuerzas para empoderar sus candidaturas que, al menos hasta ahora, parecen desplomarse. Tienen la vía de impugnar a través de la Sala Superior del TRIFE. Una patita es lo que se les mueve.
Creemos que con esto habrá truene mayor entre la alcaldía de Chihuahua y Palacio estatal de Gobierno. Nomás creemos. No estamos seguros. Ah, y mayor truene de un sector del prianismo con César Duarte, quien todavía mueve muchos hilos políticos en el estado.
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Esa sacudida propinada por el Tribunal Estatal Electoral a la elección de magistrados civiles, penales y familiares del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tuvo su impacto en Juárez. Algo ligera, si se quiere, pero al menos impactó en dos posiciones de la frontera.
La resolución de los magistrados del TEE, Roxana García, Adela Jiménez y Hugo Molina, obliga a que el nuevo TSJE quede conformado por 20 hombres y 10 mujeres, no los 15 y 15 previstos originalmente, como lo mencionamos líneas arriba.
Eso llevó a caer Héctor Villasana Ramírez y Jesús David Flores Carrete en las salas penales, para en su lugar asuman Laura Guadalupe Ocón Bailón y Yasel Iradel Villanueva Pérez, en un movimiento no exento de interpretaciones políticas.
Villasana era descalificado ante la opinión pública por haber sido abogado del exgobernador César Duarte, mientras que Flores Carrete, fiscal de Control, Análisis y Evaluación, de pocos o nulos resultados en su trayectoria algo turbia por la Fiscalía General del Estado.
En esta maroma, fue beneficiada Villanueva Pérez, magistrada penal en funciones aquí en Juárez, quien por algún motivo traía bendición desde la Secretaría de Bienestar.
Por otra parte, fueron relevados Roberto Fuentes Rascón y Saúl Rodríguez Camacho en las salas civiles, cuyas posiciones fueron entregadas, al menos en la sentencia, a Elvia Mariela Salvador Navejas y Adriana Salcido Burrola, ambas de la capital del estado.
En la materia familiar es donde otra posición cayó para Juárez, con el retiro de la constancia de mayoría de Javier Alberto Torres Pérez y el relevo a favor de Sara Julieta Muñoz Andrade, jueza en funciones aquí en la frontera.
Más allá de las consideraciones jurídicas y políticas, el nuevo TSJE conformado inicialmente sin un solo magistrado o magistrada de Juárez, ahora tendrá cuando menos dos asientos en su pleno de mujeres de la frontera.
Hasta el momento.