Estoy sacando un lápiz nuevo de la misma caja que compré para escribir estos artículos, que deseo amablemente los lean cada 15 días en este respetable medio. Hoy quiero recordar a ustedes que el 19 de diciembre del año pasado se publicó el decreto que establece la Ley Silla, mismo que entró en vigor el 17 de junio del 2025.
Aunque entró en vigor en junio pasado, ahorita nos encontramos en un plazo de 180 días que los empleadores tienen para poder ajustar sus reglamentos internos de trabajo, siempre y cuando se haya llegado a algún acuerdo con los sindicatos en caso de que existan.
¿Qué sucede aquí? Claramente esta ley se convierte en un nuevo y costoso dolor de cabeza para las empresas, sobre todo para la industria maquiladora. Esta industria tiene su producción y sus costos estimados según el número de piezas que fabrica cada trabajador por hora.
Al llegar esta nueva Ley Silla van a tener que parar por lo menos 10 minutos de cada hora. Supongamos que cada trabajador producía 6 artículos por hora, es decir uno cada diez minutos. Pues con la nueva ley, en lugar de producir 6 artículos por hora van a producir 5. Si trabajan 8 horas diarias pues van a ser 8 piezas menos por día y 48 faltantes a la semana.
Viéndolo desde esa óptica, se suman 1.2 horas perdidas por día, que representan un gasto enorme. Pongamos por ejemplo a Foxconn. Por ahora tomemos sólo los 5 mil que tiene en Santa Teresa.
Esa es una de las muchas empresas de la ciudad que para sus procesos necesitan equipos libres de estática, así que no pueden meter cualquier silla a sus líneas de producción. Nos dicen que una silla libre de estática les va a costar alrededor de 900 dólares, que multiplicado por los 5 mil empleados nos da la escandalosa cantidad de 4 millones y medio de dólares. En 2015 esta empresa tenía 22 mil empleados en la ciudad así que haga las cuentas.
Además hay que pensar que empresas como Foxconn tienen ya todos sus espacios diseñados ergómicamente para que los trabajadores hagan su labor de pie, porque es lo más práctico y meter sillas en las líneas de producción será un verdadero gasto, ya que tendrían que replantear el diseño de sus pisos u aumentar espacios de producción en el peor de los casos.
Puedo pensar, sin juzgar, que es una ley hecha con la buena voluntad de mejorar las condiciones de los trabajadores, o que son ocurrencias de quien modifica las leyes sin tomar en cuenta el entorno actual que vive la industria en Juárez y la economía global.
Parte de este entorno es precisamente la llegada de nuevas leyes y modificaciones laborales, como los aranceles, el incremento salarial que ya suma 375% en los últimos 8 años, las vacaciones que se duplicaron, y la amenazante propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas, más la de duplicar el aguinaldo.
Aunque se habla mucho sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas, hasta ahora no está concreto. Lo más seguro es que para el 2030 los trabajadores ya tengan su semana inglesa con igual salario, y que las empresas tengan que apechugar con el gasto extra que implica producir lo mismo con menos horas/hombre.
Claro que tenemos que mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero a qué costo. Hay un dato que el mismo INEGI nos da y que indica que del 2018 para acá, la productividad ha caído casi un 10 por ciento en el país. Ese desplome general obedece obviamente a la implementación de políticas públicas que van desde el aumento al salario mínimo de un plumazo hasta a medidas como el aumento de las vacaciones, la reforma laboral y ahora la ley silla.
Todos estos cambios que ha hecho el gobierno eran necesarios. Lo malo es que se hicieron sin consenso y sin preguntar a las empresas cuál sería el impacto real en la productividad. Parte del argumento de reducir la jornada laboral habla de una supuesta mejora en la productividad, pero hasta ahora a ninguna organización empresarial se le ha podido explicar cómo hacer el mismo producto con menos horas/hombre.
Lo malo aquí estimado lector es que el empleado –al que el gobierno trata de defender– es el que sale más perjudicado, porque las empresas están tan presionadas que terminan cerrando. Un ejemplo es Juárez que ha perdido más de 558 empresas formales en menos de dos años, lo que se traduce en la pérdida de más de 27 mil empleos. Las maquiladoras de Juárez han perdido 64 mil empleos en poco más de dos años y la tendencia sigue a la baja.
Si el gobierno sigue mejorando las condiciones de los empleados sin cuidar a las empresas, los negocios van a seguir cerrando y los empleos van a desaparecer. Cuando el trabajo escasea bajan los salarios y se reducen las prestaciones. Por eso el gobierno debe encontrar un balance entre mejorar las condiciones de los trabajadores sin afectar demasiado a las empresas. Sin darme cuenta he aplicado tanta presión con estas últimas líneas que he roto la punta del lápiz. Ya se imaginará Usted por qué estimado lector. Muchas gracias por su atención, hasta el próximo artículo.