El viernes pasado se publicó un artículo del New York Times en donde se señala que Donald Trump ha autorizado el uso de la fuerza militar contra las organizaciones criminales en América Latina. En lo personal no me resultó algo del todo novedoso, toda vez que la intervención militar en México y otras latitudes fue una promesa de campaña de Trump desde las elecciones primarias. La base electoral republicana lo pide.
Primeramente, Trump declaró a diversas organizaciones criminales mexicanas como organizaciones terroristas. Lo mismo hizo con algunos grupos criminales de Venezuela y de Centroamérica. La consecuencia de este decreto tiene que ver más con el congelamiento de sus activos, la prohibición de llevar a cabo negocios con entidades norteamericanas, y la prohibición de entrar a Estados Unidos a sus miembros. La normatividad que regula esta clasificación nada tiene que ver con la intervención militar que pudiera darse, pues el Presidente de Estados Unidos tiene otras facultades en materia militar para atacar a las organizaciones que considera un peligro inminente para la seguridad nacional de Estados Unidos.
No se conocen los detalles de las acciones militares que tomaría Estados Unidos para combatir y erradicar a los carteles de la droga. Desde una perspectiva soberanista, las acciones que pudiera tomar el gobierno norteamericano en México y en otros países serían excesivas; pero desde una perspectiva política y pragmática, parece que solamente Estados Unidos tiene la voluntad de arrancar el problema de raíz. No estoy de acuerdo en una intervención extranjera, pero el gobierno federal no está haciendo nada para impedirla.
Los seis años de gobierno de López Obrador fueron años de tolerancia, indolencia, y hasta promoción y permisividad del Estado mexicano en relación con las actividades que llevan a cabo las organizaciones criminales. Poco a poco se ha ido descubriendo la complicidad de la delincuencia con algunos actores políticos del más alto nivel dentro de Morena. La consecuencia ha sido que México es un Estado sin ley ni orden.
No me termina de quedar claro el rol que pretende jugar el actual gobierno de Claudia Sheinbaum en relación con el combate al crimen organizado. Pero lo que sí es evidente es el rol que jugó López Obrador en su sexenio. Es importante recordar que en política no hay espacios vacíos, los mismos se llenan. En este caso, si México no combate al crimen, alguien más lo hará.
El narcotráfico es un problema muy complejo, con diversas aristas. Mientras haya países que consuman, habrá países que produzcan. Mientras haya países que produzcan, habrá países que transporten. Y mientras haya países que transporten, habrá países que blanqueen los capitales que se generen. Todos estos países están ubicados en este hemisferio.
Es decir, la solución a este problema no puede venir de un solo país. No se puede pretender que Colombia o Perú dejen de producir cocaína, o México fentanilo, si sigue habiendo consumo en Estados Unidos. No se puede pretender que México deje de transportar si existe un producto que requiere ser trasladado al mercado de consumo. Tampoco se puede pretender que países como Panamá dejen de recibir capitales sucios en su sistema financiero, pues estos prácticamente han permeado gran parte de la actividad económica de los países involucrados. Es decir, la solución no puede provenir solamente de un Estado, sino que requiere la colaboración y asistencia de todos los países. La sola intervención de un país involucrado es insuficiente. No se puede fincar las esperanzas en una solución local a un problema global, o cuando menos hemisférico.
La acción de Estados Unidos, en caso de llevarse a cabo, sería catastrófica para las relaciones que tiene con sus vecinos y principales socios comerciales. Como refiere el artículo del New York Times, lo que antes era considerado un asunto de las autoridades policiacas, ahora es considerado un problema que requiere la intervención militar.
Si bien la postura del gobierno norteamericano pudiera considerarse excesiva, o injerencista, lo cierto es que el gobierno mexicano no ha hecho nada para cumplir con su función primigenia, que es la de garantizar seguridad para sus ciudadanos, erradicando todo foco de violencia o amenaza que pudieran existir
Resulta increíble e inconcebible que las acciones (hasta ahora, insuficientes) que ha tomado el gobierno mexicano para combatir a la delincuencia organizada hayan tenido que venir de las presiones que ejerce Estados Unidos; no lo hacen por un compromiso con la ciudadanía, ni siquiera por alguna exigencia social. Eso no le importa al gobierno mexicano.
El gobierno mexicano no actúa contra las bandas del crimen organizado porque ha sido abiertamente difundido los acuerdos que existen entre ciertos personajes de Morena y el crimen organizado. La permanencia de Adán Augusto López Hernández al frente de los coordinadores de Morena en el Senado, de Rubén Rocha Moya al frente del Gobierno de Sinaloa, y de Américo Villarreal al frente del Gobierno de Tamaulipas, solamente vienen a comprobar el nivel de podredumbre que existe en el ecosistema morenista en México.
El hecho de que tres gobernadores de Morena de los últimos cuatro años estén inmiscuidos en actividades delictivas, nos refleja el nivel de narcogobierno que tenemos en la actualidad. Lo más grave es que ninguna autoridad nacional los investiga por las presuntas relaciones que tienen con organizaciones criminales. México parece ser el país del “no pasa nada”.
Mucho se ha difundido en medios locales y nacionales respecto del interés de Estados Unidos de perseguir a los políticos vinculados al crimen organizado. Desafortunadamente, nos guste o no, el crimen organizado se ha erigido como un factor importante y determinante en las decisiones políticas del país. Hay Estados donde quien gobierna no es un Gobernador, sino algún capo del crimen organizado.
Por tanto, Estados Unidos parece estar pidiendo que se entreguen a ciertos personajes vinculados con el crimen organizado. Si bien entiendo que México es un país soberano, lo cierto es que en México parece que no se investiga a la delincuencia organizada. Alguien tendría que poner un alto a tanta impunidad.
Resulta lamentable que la justicia tenga que venir del exterior. Ya hemos visto caso como los de Mario Villanueva, Genaro García Luna, Tomás Yarrington, y el General Salvador Cienfuegos en donde, por delitos cometidos en México, se les ha perseguido en Estados Unidos.
¿Hasta dónde llegará el gobierno con tal de proteger a narcopolíticos? La relación bilateral con Estados Unidos es muy importante. Si no se ve un panorama claro, la relación seguirá siendo tensa y seguirá existiendo el riesgo latente que alguna otra potencia intervenga militarmente en el país.
Si en México hubiera Estado de Derecho, no tendríamos a ningún país metiéndose en asuntos internos. Pero la colectividad parece perdonarle al gobierno algo que de origen es imperdonable: haberle entregado el país al crimen organizado.